Pasaron seis meses desde que el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció en asamblea del BID que el Gobierno tramitaría una reforma tributaria. Al final fueron dos: una que nació en su gestión y fue retirada ante el descontento ciudadano y otra, nombrada Inversión Social –encabezada por el actual Minhacienda, José Manuel Restrepo– que ayer finalizó su trámite en el Congreso y pasó a sanción presidencial.
Aunque menos ambiciosa que la primera, esta última contempla puntos relevantes como el aumento en la tarifa de renta corporativa a 35 % y la extensión de programas sociales creados para atender la pandemia. Además, tras la discusión final en el Legislativo tuvo algunos cambios.
Por ejemplo, se estableció que, por el término de un año, el recaudo por el impuesto al carbono se destinará a programas medioambientales de restauración, preservación y uso sostenible, entre otros, priorizando su implementación en municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet).
Un punto polémico, pues el propio consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, advirtió que una destinación distinta a los municipios Pdet podría desfinanciar dicha iniciativa territorial.
En el mismo sentido, el artículo 59, que permite que los recursos de obras por impuestos se amplíen a territorios distintos a los municipios Pdet, no gustó del todo, entendiendo que se le quitan recursos a la paz, como expresó la representante a la Cámara, Juanita Goebertus (Alianza Verde).
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