Economía | PUBLICADO EL 25 agosto 2021

Borrón y cuenta nueva beneficiará a 10 millones de personas

Estimular el acceso a crédito, un objetivo del proyecto de borrón y cuenta nueva. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ

Estimular el acceso a crédito, un objetivo del proyecto de borrón y cuenta nueva. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ

DIEGO VARGAS RIAÑO

Este miércoles se conoció que la Corte Constitucional dio el visto bueno al proyecto que busca borrar de centrales de riesgo a quienes se pongan al día con sus deudas.

Así, la conocida ley de “borrón y cuenta nueva”, autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco,podrá ver luz verde en próximos días una vez sea sancionada por el presidente Iván Duque.

“Esta es una lucha de años y, sobre todo, es una lucha que le va a ayudar a cambiar la vida a millones de colombianos. En el caso de la amnistía, serán alrededor de 10 millones de personas que vuelven a tener restablecida su vida crediticia en bancos y establecimientos de comercio, que vuelven a ser sujetos de crédito para vivienda, montar un negocio o sacar una línea de celular o un electrodoméstico a cuotas”, celebró el senador Barguil.

Seguido a ello, anotó que esta ley se convertirá en “herramienta fundamental para la reactivación económica del país porque serán más personas consumiendo, haciendo créditos y moviendo la economía”.

Cabe destacar que la norma fue aprobada en 2020 y, al reformar la Ley 1266 de 2008 de Habeas Data, debió someterse al análisis del alto tribunal.

Una vez entre en vigencia, se eliminarían los reportes negativos de las personas que cumplieron con las obligaciones pendientes, pasados seis meses desde el pago.

Además, el proyecto busca reducir la vigencia de los reportes negativos en los operadores de información o Centrales de Riesgo,

También, obligar a que esas centrales restablezcan las calificaciones crediticias de los titulares de la información al tiempo que dan de baja a los reportes negativos.

Un alcance igualmente importante es el acceso gratuito a estas personas a su información en las centrales de riesgo, y que en caso de que deban ser reportados se haga máximo a los 18 meses de hacerse exigible la obligación, entre otros aspectos.