El Gobierno Nacional radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el objetivo de revertir la suspensión provisional que frenó el traslado de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones. La acción fue presentada por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El recurso busca tumbar la medida cautelar decretada el 28 de abril, que suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026, pieza clave en la implementación de la reforma pensional. El Ejecutivo sostiene que la decisión judicial debe reconsiderarse dentro del proceso de nulidad simple en curso y defiende la legalidad del decreto.
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El foco de la controversia es el Capítulo 5 del decreto, que ordena a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de afiliados que ya cambiaron de régimen, pero aún no cumplen con los requisitos de edad y semanas para pensionarse.
Tras la presentación de 13 demandas —incluida una acción de tutela y una demanda respaldada por Asofondos junto con Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos— el Consejo de Estado decidió suspender esta sección de manera provisional.
Los demandantes argumentan que estos recursos deben permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional. Además, advierten que el traslado podría convertirse en un movimiento patrimonial masivo e irreversible bajo un marco jurídico cuestionado.
¿Qué impacto tiene la suspensión en los recursos?
Con la decisión judicial, el Régimen Público de pensiones solo recibiría $5 billones de los $25 billones previstos en el decreto.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que “hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones”. Agregó que existe otro grupo de 20.000 pensionados cuyos recursos ascienden a $5 billones.
Asofondos, sin embargo, anticipó que buscará que se anule la totalidad del decreto.
¿Qué parte del decreto sí podría mantenerse?
El Capítulo 6 del Decreto 415 tiene mayores probabilidades de superar el examen judicial. Esta sección regula el traslado de capital de afiliados que ya consolidaron su derecho a la pensión.
En estos casos, el argumento jurídico apunta a que Colpensiones necesita contar con los recursos para asumir el pago inmediato de las mesadas, lo que convierte el traslado en una necesidad operativa y financiera.
El decreto establece que el 50% del capital debe transferirse en un plazo de 20 días y el restante en los 10 días siguientes.
¿Cuáles son los argumentos legales contra el decreto?
Las demandas califican la medida como un “salto al vacío” normativo. Según los demandantes, la legislación vigente establece que los recursos deben permanecer bajo administración de las AFP hasta que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran el presunto exceso de potestad reglamentaria, al considerar que el Ejecutivo habría intentado modificar la ley en lugar de reglamentarla; el riesgo financiero, por la aparente urgencia de obtener liquidez; y la posible desviación de poder.
Este último punto sugiere que el decreto podría estar orientado a asegurar flujos financieros antes de un eventual fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024.
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