Una sentencia proferida el pasado jueves y revelada ayer por el Consejo de Estado puso fin, luego de trece años, a uno de los procesos que por cartelización empresarial o competencia desleal ejecutó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en contra de la industria cementera.
En un comunicado, publicado en la web, el tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo confirmó las sanciones por 923 millones y 138 millones de pesos, impuestas por la SIC (en diciembre de 2008), a Cemex, y a su representante legal (para la época de los hechos), César Constain Van Reck, por infringir el régimen legal de libre competencia.
“En el fallo se advierte el surgimiento de indicios sobre la existencia de acuerdos de repartición de mercados y de asignación de cuotas de producción entre Cemex, Holcim y Argos, que incidían en el comportamiento de los precios, la afectación de la oferta y el manejo de las ventas del cemento gris a nivel nacional”, se lee en el texto, que solo hace hincapié en que las sanciones cobijan a Cemex, sin que haya posibilidades de interponer más recursos (ver Causas).
EL COLOMBIANO intentó obtener un pronunciamiento de Cemex, pero sus voceros indicaron que su área jurídica no había sido notificada de la decisión y que cualquier información la reportarían al mercado mediante la web de la Superintendencia Financiera, cosa que no había sucedido al cierre de esta edición.
Fuentes de Argos evitaron emitir algún concepto sobre la determinación proferida por el Consejo de Estado, aunque señalaron que esta providencia no vincula a la cementera paisa.
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