Fue una promesa de campaña: tomar medidas para reducir la entrada de textiles de contrabando que estaban afectando la productividad de los empresarios locales y, así mismo, encontrar planes para que esos productores no vieran reducidas sus ventas por cuenta de la llegada de materiales más baratos desde países como China.
Por esa razón el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sancionado en mayo de 2019, incluyó los artículos 274 y 275 que aumentaron los aranceles del 15 % al 37,9 % a textiles importados, plan que ayudaría a mejorar los precios a los cuales comercializaban los productores –medida que declaró inexequible la Corte Constitucional–.
“Los gremios dieron a conocer demandas formales en las que coincidimos. Yo presenté ante el Congreso esa queja porque la imposición de aranceles le corresponde al ejecutivo, no al legislativo. Debemos seguir con el estudio de una estructura óptima arancelaria”, le dijo José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo a EL COLOMBIANO.
Lo cierto es que los protagonistas del sector textil ven como una muy mala señal lo que ocurrió, entre otras razones porque según el gremio algunas proyecciones como la del crecimiento de puestos de trabajo se verán afectadas: se esperaban 150.000 nuevos empleos entre 2020 y 2021.
“La Cámara Colombiana de la Confección y Afines lamenta la decisión y pedimos que el presidente cumpla. Los aranceles duraron 86 días y ya habían generado 88.000 puestos de trabajo. Sabemos de empresarios que ya cancelaron pedidos de maquinaria”, aseguró Camilo Rodríguez, presidente de esa Cámara.
