En medio de una de las peores crisis del sector constructor en la historia reciente del país, el Gobierno Nacional propone en su reforma tributaria aplicar un IVA del 19% a la venta de vivienda. Expertos advierten que la medida encarecería los precios.
El sector de la vivienda en Colombia atraviesa una profunda crisis marcada por una caída prolongada de la actividad edificadora, el desmontaje de los subsidios y una oferta cada vez más reducida para los hogares que buscan soluciones habitacionales formales.
A este panorama se suma ahora una nueva propuesta del Gobierno Nacional incluida en su reforma tributaria: gravar con un IVA del 19% la venta de vivienda.
La iniciativa, considerada por distintos sectores como un cambio estructural y regresivo, tendría un impacto inmediato en el precio final de los inmuebles, haciendo aún más difícil el acceso para las familias de menores ingresos y la clase media.
De acuerdo con estimaciones del sector, la aplicación del IVA incrementaría de forma automática el valor de las viviendas, expulsando del mercado a miles de hogares. Cada punto adicional de exigencia de ingreso reduciría la demanda potencial en hasta un 4%, lo que se traduciría en una menor dinámica de ventas.
Entre los efectos derivados de esta medida también se prevé una disminución en la inversión, una caída en el empleo que genera el sector constructor y un aumento en el precio de los arriendos, debido a la mayor presión sobre una oferta ya limitada.
Además, la contracción de la actividad edificadora tendría impactos ambientales y urbanos, al incentivar la informalidad y el crecimiento desordenado de las ciudades.
El nuevo impuesto no aparece de manera explícita en el articulado principal de la reforma, sino que está incluido de forma camuflada en el capítulo de Vigencias y Derogatorias.
Allí se elimina el artículo que actualmente exime del IVA la venta de bienes inmuebles.
Este cambio normativo trasladaría de manera directa y masiva el encarecimiento de la vivienda a los hogares, sin mecanismos de compensación claros para los sectores más vulnerables.
Gravar la vivienda con IVA es cerrar el acceso a la clase media, estimó la concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, quien calificó la propuesta como un golpe directo contra el acceso a la vivienda formal.
“Es inconcebible que en el momento de mayor fragilidad del sector, el gobierno pretenda asestar un golpe que expulsará del mercado a miles de hogares. Gravar la vivienda con IVA es destruir la posibilidad de acceso a la vivienda formal para la clase media y las familias más vulnerables”, afirmó.
Durante los últimos tres años de este gobierno, el país dejó de recibir cerca de $60 billones en inversión en el sector, mientras se desmontaron políticas públicas consideradas clave para sostener la demanda.
Uno de los casos más representativos es el programa Mi Casa Ya, que pasó de beneficiar a más de 67.000 hogares entre 2021 y 2022 a menos de 800. Esta caída ha impactado de forma directa las preventas, los inicios de obra y el dinamismo de toda la cadena de valor de la construcción.
Las condiciones fiscales actuales también amenazan con elevar las tasas de interés hipotecarias, lo que comprometería aún más la capacidad de compra de miles de hogares. A este escenario se suma una presión demográfica creciente: para 2050, el 80% de los hogares colombianos vivirá en ciudades.
En los próximos 10 años se formarán 3,7 millones de nuevos hogares, mientras la oferta de vivienda continúa reduciéndose. Solo en octubre, la caída anual de la oferta fue del –7,5%, reflejando la magnitud del freno en la actividad edificadora.
Para la concejal Forero, la suma de decisiones adoptadas en los últimos años ha debilitado de forma estructural al sector.
“Este Gobierno destruyó la vivienda en Colombia: acabó los subsidios, paralizó la construcción, extendió a niveles históricos los tiempos de venta y ahora, con el IVA del 19%, pretende cerrar de un portazo el acceso a vivienda digna para miles de familias. No es una reforma: es un retroceso para el país”, concluyó.
La eventual aprobación del IVA a la vivienda no solo tendría un impacto económico, sino también social, al profundizar el déficit habitacional y limitar las posibilidades de acceso a una vivienda formal para millones de colombianos.
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