Durante las movilizaciones del pasado fin de semana en Medellín con motivo del 8 de marzo (8-M), un grupo de manifestantes denunció la agresión por parte de un ciudadano ucraniano contra un colectivo de mujeres lesbofeministas, a quienes habría atacado verbalmente y luego se le señala de haber golpeado a una de ellas.
De acuerdo con la denuncia de los colectivos feministas de Medellín, “estas realizaban un acto de body art a lo largo del recorrido. Al llegar al Estadio Atanasio Girardot, punto de cierre de la marcha, el agresor atacó físicamente a una de ellas, a plena vista de una decena de funcionarias de la Personería de Medellín”.
Según las denuncias, durante todo el recorrido se habrían presentado intimidaciones y otra clase de agresiones contra este grupo de mujeres durante la movilización.
Aunque las autoridades aseguraron que detuvieron a este extranjero para iniciarle un proceso legal por este caso, se conoció que esta acción no prosperó, puesto que la víctima decidió no interponer la denuncia ante la Fiscalía por esta agresión.
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La víctima de estos hechos argumentó para no instaurar personalmente alguna denuncia en cuanto al europeo: “No voy a denunciar, tengo miedo de que ese gringo me haga algo, porque yo sé que a mí no me van a defender, como no me defendieron hoy”.
Por esta razón, los colectivos denunciantes pidieron que se le permitiera a un testigo de esta agresión instaurar la denuncia, en lugar de hacerlo la propia víctima, para que se puedan tomar acciones legales contra el señalado agresor, lo cual finalmente se permitió y esta persona está bajo custodia policial.
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Desde las autoridades policiales de Medellín se conoció que a este ucraniano ya le están iniciando los trámites respectivos ante Migración Colombia para restringir su ingreso al país cuando pretenda regresar.
Sin embargo, las afectadas están pidiendo una actuación inmediata por parte de este organismo para que el extranjero sea deportado a su país por cuenta de la agresión física en contra de esta manifestante.
“No toleraremos que la impunidad en delitos relacionados con las Violencias Basadas en Género (VBG) contra las mujeres, que en el país en promedio asciende al 91% (en delitos sexuales, acoso sexual y feminicidio), siga siendo la única respuesta institucional para las niñas y mujeres en este país”, concluyeron los colectivos feministas.
