La defensa de las personas implicadas en el caso Aguas Vivas no prosperó en lo que el Distrito, acreditado como víctima, considera un nuevo intento de dilatar el proceso.
El escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.
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En este caso, el exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, está respondiendo por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García también está imputado por presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.
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Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Adicionalmente, hay tres particulares como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.
Al continuar este jueves en la tarde con la audiencia de acusación, los representantes de los imputados reiteraron su petición de que el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asuma un supuesto conflicto de intereses y en consecuencia no se le permita a la Alcaldía actuar como víctima.
“Permitir que Federico Gutiérrez represente al Distrito es avalar una actuación procesal donde el interés general y el púbico se confunden”, comentó el abogado Luis Antonio Hernández, quien representa al exmandatario Quintero. Los abogados solicitaron a la juez que, en vez del mandatario, la representación del municipio la asuma la Contraloría.
Al respecto, el Ministerio Público, al igual que la Fiscalía, insistieron en rechazar esa solicitud y mantener la acreditación de víctimas representada por el Distrito Medellín.
Seis de los trece presuntos implicados en el juicio penal por el negociado alrededor del megalote Aguas Vivas se habían opuesto (a través de sus abogados) a la petición del Distrito de Medellín de constituirse en víctima dentro de este proceso. A pesar de que la juez permitió que los abogados esgrimieran sus argumentos, este será un asunto que deberá resolver el Tribunal Superior de Medellín.
Insisten con nulidad
Luego de lo anterior, se dio paso a las disertaciones sobre la solicitud de nulidad a la imputación de cargos. La fiscal Yarlecy Mena, antes de iniciar su sustentación, rechazó declaraciones de Hilda Astrid Carvajal, defensora de Fabio Andrés García, quien según dijo la funcionaria, en una pasada audiencia hizo comentarios racistas e imitó su acento intentando ridiculizar su lugar de origen (Chocó).
Mena defendió la imputación de cargos y cuestionó la postura de la defensa de considerar un interés indebido sobre el contrato de cesión gratuita de Aguas Vivas celebrado a finales de diciembre de 2019 por la administración de Gutiérrez en su primer periodo.
Desvirtuó además la argumentación de una modificación contractual que nunca se concretó. “Las actuaciones relevantes ocurrieron en 2021 y 2022, cuando funcionarios públicos tomaron decisiones sobre condiciones jurídicas y económicas de un negocio aún vigente, no agotado en 2019”, enfatizó.
Sin embargo, los señalamientos de la defensa continuaron en el sentido de considerar que la Fiscalía solo atribuyó intenciones subjetivas, pero no actos concretos con visos de ilegalidad.
El Ministerio Público justificó las actuaciones del ente acusador y expuso que la Fiscalía fue clara en su explicación de argumentos a los imputados. También la legalidad del proceso llevado a cabo hasta el momento. A falta de las exposiciones de cuatro defensores, la juez aplazó la audiencia hasta el martes 14 de julio.
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