En un operativo que adelantaron diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como la policía de Infancia y Adolescencia, encontraron a siete menores de edad, niños, niñas y adolescentes que eran instrumentalizados por adultos para ejercer la mendicidad en las calles de El Poblado.
Los menores rescatados, al parecer, además de estar sometidos a trabajo infantil y mendicidad también estarían en riesgo de explotación sexual, particularmente en entorno en el que esta problemática ha tomado ya enormes dimensiones con la evidencia de trata de personas y crimen transnacional detrás de esta.
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“Identificamos e iniciamos ruta de protección con siete niñas, niños y adolescentes captados en la zona que estaban ejerciendo la mendicidad, siendo instrumentalizados precisamente por fuera del contexto de protección y de sus familias”, explicó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Sandra Sánchez Álvarez.
Ya hace cinco meses la Personería lanzó una preocupante alerta sobre la crítica situación de los indígenas que llegan desplazados desde diversas partes de Antioquia y el país a la capital antioqueña.
Según la Personería, las comunas con mayores problemáticas frente a la mendicidad de esta población y otro tipo de vulnerabilidades, es la comuna 10-La Candelaria, seguida por El Poblado, Guayabal Y La América. Los indígenas que llegan a Medellín residen generalmente en inquilinatos de los sectores Prado Centro, Niquitao y Enciso El Faro, pero se desplazan todos los días a estas comunas mencionadas buscando dinero para poder sobrevivir.
El Ministerio Público lanzó una fuerte crítica a la administración de Federico Gutiérrez y a las alcaldías anteriores ante la falta acciones que contribuyan a que las comunidades étnicas, en este caso los indígenas, dejen de estar en condición de mendicidad, actividad que también pone en riesgo a los menores de edad porque están expuestos a la calle por largas horas.
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“Hemos logrado identificar que esta población no tiene voluntad de retorno porque hay un tema de desarraigo del territorio y encuentran en el distrito de Medellín una oferta institucional para poder habitar de manera permanente”, detalló la señora Peña. Hay que recordar que los indígenas se desplazan por problemas como la violencia, la invasión de sus tierras por distintos actores, el hambre y la pobreza, entre otros. Por eso, los retornos voluntarios solo se pueden dar cuando cuentan con todas las garantías para volver a sus territorios.
Entre tanto, para la Personería también falta articulación entre la administración distrital de Medellín, el departamento del Chocó y el Gobierno Nacional, con el fin de coordinar acciones frente al desplazamiento masivo que ocurre de manera continua desde El Carmen de Atrato.
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Las intervenciones como la que permitió el rescate de estos menores de edad avanzan, según el Distrito, en comunas y corregimientos para hacer reconocimiento y búsqueda activa, así como acercar oferta institucional y activar rutas de protección. La línea 123 está dispuesta para recibir las denuncias de vulneración de derechos de la niñez.
