Medellín está en una paradoja. Pese a tener el presupuesto más alto de su historia, que con corte al primer semestre de este año ascendió a $8,29 billones, en múltiples secretarías y programas la plata no aparece por ningún lado.
En un balance contable que resulta contradictorio, mientras por un lado los ingresos del Distrito vienen creciendo de forma sostenida durante los últimos años y dibujan un panorama de abundancia, por otro, el gobierno local viene apretándose el cinturón en varias dependencias y proyectos, argumentando que no hay recursos.
Este mes, por ejemplo, la polémica que volvió a sacar a flote esa peculiar doble cara de las cuentas públicas fue la Feria de las Flores, que sufrió recortes presupuestales a escasas semanas de su acto inaugural, luego de que el alcalde Daniel Quintero y el secretario de Cultura, Álvaro Narváez, aseguraran que el evento dependía de las transferencias atípicas que la Alcaldía quería extraerle a EPM por $330.000 millones y que se cayó en el Concejo en un ambiente lleno de desconfianza y choques políticos.
Aunque el caso de la feria ha sido el más llamativo, el fantasma de la supuesta escasez de recursos también ha tocado la puerta de otras secretarías. A mediados de este mes, 290 docentes que atienden niños en situación de discapacidad en los colegios públicos fueron notificados de que sus contratos con la Unidad de Atención Integral (UAI), que lleva 18 años operando, no serían renovados por problemas presupuestales.
También, en junio pasado, cerca de 576.558 usuarios de Metrosalud estuvieron a punto de quedarse sin especialistas en anestesiología, ginecobstetricia y ortopedia luego de que varias agremiaciones estuvieran a escasas horas de cesar sus actividades por cuenta de una deuda de más de $2.000 millones que ese ente venía acumulando por más de seis meses, alegando no tener con qué pagar.
Un mes atrás, los inspectores de Policía también se tomaron la plazoleta de La Alpujarra denunciando que la ciudad tiene apenas 58 inspectores para una población de 2,5 millones de personas, en una crisis en la que la Secretaría de Seguridad dice de igual forma no tener cómo solventar con sus recursos.
Sin embargo, este panorama de escasez —que también fue usado por la Alcaldía para pedir vigencias futuras para atender la crisis de infraestructura de los colegios públicos, las sedes de Metrosalud y los escenarios del Inder— choca con las cifras récord de ingresos que se vienen registrando.
Tan solo entre 2020 y 2023, dejando por fuera las adiciones que no quedan consignadas en los acuerdos y decretos de presupuesto que lo reglamentan antes de iniciar las vigencias, la Alcaldía ha dispuesto de $25 billones para su funcionamiento, inversiones y gastos.
La cifra está $6 billones por encima de lo gastado por la alcaldía de Federico Gutiérrez entre 2016 y 2019; $9,1 billones de lo gastado por la alcaldía de Aníbal Gaviria, entre 2012 y 2015 (dejando por fuera los recursos por la venta de Une, que todavía no se terminan de ejecutar); y $14,6 billones por encima de lo gastado por la administración de Alonso Salazar, entre 2008 y 2011.
La bonanza de los últimos años, según se desprende de las cifras oficiales, no sólo se asocian a un incremento en el recaudo de impuestos como el Predial o el de Industria y Comercio, sino al aumento de las transferencias de EPM, que arrancaron en $1,3 billones en 2020 y este año fueron de $1,6 billones, pese a la reducción en las expectativas que se conoció en diciembre de 2022.
Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría Todos Por Medellín y exdirectora del programa Medellín Cómo Vamos, advierte que si se realiza un análisis de lo proyectado en el Plan de Desarrollo y la ejecución presupuestal de los últimos años, los datos dan cuenta de que los ingresos han sobrepasado las expectativas, pese a las afugias a las que se alude en los programas de inversión social.
“El panorama completo nos habla de unos ingresos superiores a los presupuestados. Incluso la inversión realizada entre 2020 y 2022 también nos dice que está por encima de lo que se había planteado en el plan de desarrollo; es decir, la administración ha tenido los suficientes recursos para dar cuenta de las metas establecidas hasta el 2022 en el plan de desarrollo. Ese plan anual de inversiones, hasta 2022, hablaba de un cumplimiento en el 108,2%; es decir, un 8,2% más de lo que se había planteado inicialmente”, señala Restrepo.
No obstante, la veedora advierte que, a la par del aumento en los ingresos, el gobierno local también ha dispuesto de más recursos adquiridos vía deuda, sobrepasando lo que inicialmente se había planeado. “Los recursos del crédito han estado por encima de lo que proyectó la Alcaldía, somos una ciudad más endeudada. Estamos hablando que al periodo 2020 - 2022 había una ejecución de 261%”, alerta Restrepo, agregando que esos indicadores explican por qué desde diversos sectores sociales y políticos se duda de la destinación que han tenido los recursos.
“Esto también hay que decirlo: hay muchos interrogantes sobre presunta corrupción en la administración en este periodo de gobierno. Eso hace que muchos grupos de interés se pregunten en dónde está la plata, porque así los números digan que ha habido una mayor inversión, los resultados son bastante mediocres y en muchos aspectos se ha retrocedido. La ciudad se siente en su calidad de vida y en su bienestar peor de lo que estaba cuando inició este gobierno. Eso deja todos los interrogantes del mundo, desde la planificación y la eficiencia”, señala.
Sobre ese interrogante, justamente el pasado 26 de julio se refirió el secretario de Hacienda, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, en un debate de control político realizado en el Concejo de Medellín.
En una intervención en la que presentó ese incremento histórico en los ingresos como un logro del último gobierno, el funcionario señaló que los recursos del último cuatrienio se han desembolsado principalmente en terminar proyectos como la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires (aún sin abrir), las obras del metroplús sobre la calle 12 sur (entregadas este mes), la culminación del metrocable Picacho, la restauración de la Biblioteca España y proyectos de vivienda.
“Además hemos creado políticas nuevas, como la matrícula cero. Hoy 40.000 estudiantes tienen matrícula cero en Medellín, eso vale unos recursos importantes. El tema de los computadores, más de 107.000 computadores, son programas nuevos. En Buen Comienzo duplicamos la inversión”, argumentó Hurtado.
Según se desprende de los acuerdos y decretos con los que se adoptó el presupuesto de la ciudad entre 2020 y 2023, los tres campos en los que más se ha invertido en el último cuatrienio han sido educación, con $6,2 billones; salud, con $3,5 billones; y desarrollo comunitario, con $1,7 billones.
En dicha sesión, la directora encargada del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Andrea Cecilia Salazar Jaramillo, aseguró que con corte a julio de este año la ejecución del plan de desarrollo iba en un 80%.
Durante el desarrollo del debate, varios concejales señalaron precisamente que muchos de los campos a los que más recursos se habían destinado arrastraban líos y polémicas que dejaban preguntas sobre esas inversiones.
Tan solo en el rubro de educación, el que más dinero ha recibido, el concejal Simón Pérez, del movimiento Todos Juntos, advirtió por ejemplo no ver lógico que cuando se estructuraron las primeras versiones del presupuesto que se adoptó este año, la Alcaldía fuera a apretarse el cinturón por cuenta del Colegio Mayor de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), cuyos rubros asignados iban a tener una variación del 0,4% y -13% respectivamente, en comparación con 2022.
En contraste, aludiendo a las cifras entregadas por Hacienda para ese debate, Pérez señaló no ver pertinente que mientras la Alcaldía le mete tijera a programas sociales, otras secretarías como la de Comunicaciones, preocupada más por posicionar la imagen del alcalde, tuviera un incremento presupuestal del 76,2%.
Otro de los concejales citantes que le formuló reparos a esos manejos de la alcaldía fue Alfredo Ramos, del Centro Democrático, quien advirtió que la mayor parte de la inversión se ha realizado bajo la figura de contratos interadministrativos, lo que ha concentrado los recursos en entidades descentralizadas más difíciles de vigilar.
“De cada 100 pesos en Medellín, este año 62 pesos se han ido a contratos interadministrativos. Allá son unos agujeros negros, con la ESU, la EDU, Metroparques, Plaza Mayor, Metrosalud, ahí se va un montón de plata, donde se pierde después con la corrupción, los contratos amañados. Esa es la famosa ejecución: pasan toda la plata a una entidad descentralizada y allá hacen lo que les da la gana”, expresó el concejal.
Más allá de estos puntos, la vocera de Todos por Medellín, Piedad Restrepo, advirtió que hay otras movidas presupuestales que han pasado de agache, como por ejemplo la pobre ejecución de los compromisos con los pensionados, que se le represarán a los próximos gobiernos y obligará a capitalizaciones de casi $1 billón, de acuerdo con las previsiones del marco fiscal de mediano plazo.
“En ese orden de ideas, el panorama completo es que tendremos una ciudad mucho más endeudada y, conforme a la ausencia de una inversión que impactara, serán mucho mayores los desafíos para el siguiente gobierno”, advierte Restrepo.
