El plan de viviendas para pobres del alcalde Quintero está en obra negra

De 5.720 unidades nuevas que prometió el alcalde para Medellín, solo figuran 2.102 proyectos y apenas están construyendo 982 apartamentos. ¿Qué pasa con el resto?

El contraste entre el ritmo frenético del proyecto Ventto y la falta de avances en su “hermano” ubicado al lado, en el mismo terreno de Vallejuelos, Brezze, es notorio. Foto: Jaime Pérez
El Atardecer de San Antonio (sector de El Limonar) ha parado varias veces y han cambiado los ingenieros encargados de la obra. FOTOS Jaime Pérez y Camilo Suárez
El contraste entre el ritmo frenético del proyecto Ventto y la falta de avances en su “hermano” ubicado al lado, en el mismo terreno de Vallejuelos, Brezze, es notorio. FOTOS Jaime Pérez y Camilo Suárez

Un cerco de aluminio evita que se vea cuánto han avanzado las obras en la urbanización Atardecer de San Antonio, uno de los tres únicos proyectos de vivienda para personas de escasos recursos que propuso la actual administración de Medellín para estos cuatro años.

Las metas en materia de vivienda de la alcaldía de Daniel Quintero no son ambiciosas. El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 se propuso construir 5.720 viviendas, lo que significa una tercera parte del déficit de 16.500 viviendas que tiene la ciudad. El Isvimed no responde cuál es el avance en dichas proyecciones.

En la alcaldía de Quintero solo se han formulado tres proyectos para 1.448 apartamentos: Ventto, Brezze y Atardecer de San Antonio. Los demás se iniciaron en administraciones pasadas, como La Playita, El Triunfo y Ciudad del Este, para 654 viviendas más. Esta administración está lejos pues de las 5.720 soluciones de techo nuevas para los más pobres.

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Como si eso fuera poco, en el proyecto más ambicioso, Brezze, donde deberían construir 1.120, ni siquiera han puesto la primera piedra. Este queda en una loma pronunciada, en el sector de Vallejuelos, donde hace dos décadas distintas alcaldías han reubicado a desplazados, víctimas y damnificados.

Camacol y la Lonja de Propiedad Raíz coinciden en su pesimismo sobre el cumplimiento de las metas del Distrito. El gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza, recuerda que en las discusiones previas al Plan de Desarrollo se propuso levantar entre 7.000 y 8.000 viviendas nuevas durante los cuatro años, entre el sector público y privado.

A su gremio le pareció baja la cifra y de la discusión salió un nuevo guarismo: las 5.720 de la Alcaldía y 6.300 del sector privado. Fuera de eso, serían 10.000 mejoramientos y 6.400 legalizaciones. Todo para generar 48.000 empleos directos que le darían un nuevo aire a la economía de la ciudad en la pospandemia.

Los constructores pedían a cambio de su esfuerzo que se terminaran macroproyectos como Parques del Río Norte y que se aclararan normas confusas de planeación por la combinación de varios POT que restaban seguridad jurídica para la inversión inmobiliaria. De esas dos condiciones solo la segunda se ha dado a cabalidad, mientras que la primera sigue en veremos.

Una tercera solicitud fue que alrededor de una decena de terrenos que no figuran como urbanizables en el POT y ofrecen buenas condiciones —como una cantera ya cerrada junto a la Universidad de Medellín, a dos o tres cuadras del Metroplús y con acceso a servicios— se puedan usar, dando luz verde a unas 11.000 viviendas; sin embargo, sigue pendiente de ir a discusión en el Concejo.

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Y la cuarta condición, que recibió el visto bueno de la Nación el año pasado, son los llamados macroproyectos de segunda generación que facilitan la incorporación de algunas tierras rurales en el borde de la ciudad siempre y cuando sean exclusivamente para VIS y VIP; sin embargo, es una solución que, según Loaiza, se debe tramitar en el Concejo antes de junio, pues la agitación de la campaña para la Alcaldía hace poco posible que después pase; en todo caso, daría solo para que construya el mandatario entrante.

Hasta ahora, los asociados a Camacol han hecho unas 2.000 viviendas y con esfuerzo alcanzarían apenas a acercarse a lo prometido. Han jugado motivos como el incumplimiento de las condiciones acordadas y la inestabilidad en la dirección del Isvimed (ha habido 3 gerentes, más cinco meses en interinidad) y en Planeación Distrital (van cuatro secretarios).

“Con cada uno nos hemos reunido y hemos escuchado la intención de trabajar de la mano del sector privado, pero el tema se ha diluido. No hemos podido tener todos los cambios de simplificación de trámites, de agilidad, y los cambios de secretarios y en Isvimed han afectado; lo otro es que no se han apropiado la cantidad de recursos que se requieren, porque la política de vivienda se impulsa es con plata”, apuntó Loaiza, quien concluyó con un mensaje contundente: la política de vivienda ha estado muy en segundo plano dentro de la administración distrital.

Federico Estrada, el gerente de la Lonja, lamenta también que en esta administración no se ha notado un trabajo en conjunto con el sector privado para lograr mejores resultados a la hora de poner un techo que proteja a los más necesitados, y ratifica que “no hemos visto un número importante de proyectos planteados de vivienda de interés social”.

Un futuro incierto

Jorge Iván Torres, el primer director que tuvo el Isvimed en esta administración y quien renunció por divergencias con la administración cuando “actores políticos” ligados a la Alcaldía le empezaron a minar su independencia, recuerda que el presupuesto del Isvimed en el Plan de Desarrollo eran $387.000 millones, que fueron luego reajustados hasta los $411.000 millones, una cantidad que si bien era menor a los $630.000 millones que destinó la administración de Federico Gutiérrez, poco se ha visto en la ejecución.

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La baja ejecución del Isvimed le pega fuerte y directo al bolsillo del Distrito porque en la medida en que no les dé una solución definitiva de vivienda a los habitantes con mayor vulnerabilidad económica, debe incurrir en mayores gastos por arrendamientos temporales. Por ese concepto, la administración Quintero ha destinado más de 37.500 millones de pesos para brindarles apoyo a 8.879 familias.

Tampoco son claras las acciones para asegurar los espacios donde se construirán las viviendas del futuro, toda vez que la administración no está gestionando la compra de lotes con ese propósito. Es más, la información disponible, o por lo menos la que brinda el Distrito, no es consistente.

Al preguntarle al director del Isvimed, René Hoyos, por los terrenos disponibles, en una primera ocasión respondió que el Isvimed “es titular del dominio de dos predios localizados en el Plan Parcial de Pajarito, los cuales se encuentran en la etapa de viabilización de proyectos”. Y en un derecho de petición posterior habla de “6 predios con el potencial de ser desarrollados, entre los cuales están los dos lotes mencionados anteriormente, además de la finca La Paz 1 (6.236 m2), otro en La Colina (4,267 m²), Picacho (15.453 m²) y San Lorenzo (932 m2).

En la respuesta, curiosamente, no incluyó el lote de Carabineros, que fue cedido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para la ejecución de un plan parcial de vivienda en el occidente de la ciudad y fue motivo de escándalo cuando se difundieron testimonios en poder de la Fiscalía sobre presuntas reuniones del hermano del alcalde, Miguel Quintero, para negociar ese terreno y cobrar una jugosa comisión ilegal.