La Personería Distrital de Medellín ha abierto de oficio una indagación previa a funcionarios por determinar del Distrito Especial de Medellín, buscando esclarecer presuntas irregularidades y agresiones ocurridas durante la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina” realizada el pasado 7 de octubre.
Esta acción fue iniciada a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, con el fin de identificar e individualizar a los funcionarios que habrían estado involucrados en presuntas agresiones contra algunos participantes de la movilización.
La apertura de la indagación se da luego de que la Defensoría del Pueblo alertara que, durante la jornada de protesta, se presentaron hechos que“podrían calificarse como violaciones a los derechos humanos”. Estos actos fueron atribuidos a integrantes de los equipos de gestores de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín.
Como resultado de estas agresiones, la Defensoría reportó un saldo de Dos personas heridas. El organismo instó a las autoridades a iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan podido exceder el marco de sus competencias y deberes.
No obstante, la Administración Distrital ha defendido enérgicamente la actuación de la Fuerza Pública. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que, aunque la manifestación transcurría en “relativa normalidad”, ante la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, se ordenó la intervención en el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) y el uso diferenciado de la fuerza.
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Villa Mejía aseguró que “Esto no es protesta, es vandalismo” y que quienes estuvieron detrás de estos hechos “Generan terror y cometen delitos”, buscando “incendiar a Colombia”, algo que, según el secretario, “Medellín no lo va a permitir”. El funcionario también denunció que sus gestores de seguridad impidieron actos de vandalismo y afectaciones a la propiedad, incluso ante.“agresiones contra personal de nuestra secretaría”.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la intervención, asegurando que, mientras él sea alcalde, garantizará el orden público. Gutiérrez afirmó que su administración respeta y garantiza la protesta pacífica, pero“lo que no permito es la violencia y el vandalismo”.
El mandatario calificó lo ocurrido como un “acto de violencia y vandalismo que puso en riesgo la integridad de familias y niños que estaban dentro de un establecimiento comercial”. Según la Alcaldía, los gestores intervinieron porque los manifestantes llegaron a generar miedo, poniendo en riesgo a familias que estaban “comiendo y jugando tranquilos”. La Alcaldía informó que, en medio de las riñas, Diez funcionarios de la Secretaría de Seguridad resultaron heridos.
Frente a este contexto de escalada, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a garantizar el derecho a la protesta pacífica.
El organismo recordó que la protesta pacífica es un derecho de participación democrática y un ejercicio de la libertad de expresión, reconocido por la Constitución Política de Colombia y protegido por los estándares internacionales de derechos humanos. La Defensoría insta a las autoridades locales a asegurar que toda actuación institucional garantice primero el derecho de protesta.
En caso de excesos, la Defensoría recomienda que estos sean contenidos inicialmente mediante el diálogo y que se evite la estigmatización de la protesta misma al identificarla directamente como acciones delictivas. Solo si es absolutamente indispensable, el uso de la fuerza para contener excesos violentos debe ser realizado únicamente por las fuerzas de policía especializadas (UNDMO) bajo los principios de proporcionalidad y necesidad.
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