La futura cárcel metropolitana para sindicados, donde estarán quienes aún no han sido judicializados y tienen saturadas las estaciones de policía, empieza a tomar forma. Su construcción avanza en el 9% y la banca privada ya dio el visto bueno de los recursos faltantes para que la obra se pueda construir. Pero esta prisión será única en su especie, porque a diferencia de las otras 128 que hay en el territorio nacional, será manejada por privados. ¿Cómo funcionará? Acá le explicamos.
Lo primero es que esta será una obra en la que se espera recibir a 1.339 personas privadas de la libertad que están pendientes del juicio, tendrá un costo de $675.000 millones y será construida en el corregimiento de San Cristóbal, en el noroccidente de Medellín.
Pero los recursos no serán destinados por la Alcaldía de Medellín, sino que será la concesión Carmet la que se encargará de la financiación a cambio de que el manejo quede en sus manos por los próximos 15 años, antes de devolverla al Distrito de Medellín.
¿Qué es Carmet?
La concesión Cárcel Metropolitana de Medellín (Carmet Medellín S.A.S.) fue la ganadora de la licitación en 2023 para la construcción y administración de este reclusorio. Esta fue la marca determinada por la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A de C.V. (Prodemex) para este megaproyecto, luego de ser la única oferente.
Estos mexicanos no son novatos en el manejo de prisiones concesionadas. Ya que en México tienen a su cargo dos prisiones de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) ubicados en las ciudades de Gómez Palacio, en el estado de Durango, y Buenavista Tomatlán, en el estado de Michoacán.
Las funciones que tendrán en la cárcel metropolitana serán las mismas que en la actualidad ejercen en estos dos reclusorios mexicanos. Se fundamentan en el manejo de los servicios de alimentación, limpieza de los espacios y mantenimiento de la infraestructura por un periodo de 15 años.
Dentro de los convenios, esta empresa no estará a cargo del manejo de los internos. Esta función quedaría bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad de Medellín, que podría entregarla a algún operador privado, a la Policía Metropolitana o al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), situación que se estaría definiendo en la medida en que avance la construcción.
La principal función de Prodemex es la construcción y la operación de carreteras, cárceles, centros comerciales, edificios empresariales y otras obras civiles de gran impacto en territorio mexicano.
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Los procesos ejecutados por Carmet Medellín serán vigilados por la interventoría ejercida por el Consorcio Intercárceles, cuyas oficinas se encuentran cerca del proyecto, en la vereda El Tirol, del corregimiento de San Cristóbal.
Una empresa polémica
Prodemex en México se ha visto implicada en múltiples problemas, tanto con la operación de las dos prisiones ya mencionadas como con otros proyectos.
En cuanto a la operación de las cárceles de Gómez Palacio y Buenavista Tomatlán, en 2021 fue denunciada por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por estar presuntamente generando sobrecostos en el manejo de estas prisiones, siendo cobrados los servicios como si fueran “hoteles cinco estrellas”.
“Si se tienen 100 personas se paga lo mismo que si se tuviera 2.000 personas”, expresó la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señalando que el precio promedio por preso había llegado a los 3.913 pesos mexicanos al día ($833.000), lo que equivalía a 117.406 pesos mexicanos mensuales ($25 millones).
Para solucionar esta problemática, el gobierno de López Obrador tuvo que renegociar, logrando una reducción del 15% de los precios. Este panorama está en pleno conocimiento de la Alcaldía de Medellín para evitar que se presenten situaciones similares.
A esta se suma problemas de construcción en la línea 12 del metro de Ciudad de México, inaugurada el 30 de octubre de 2012 y que desde el primer año de operación empezó a presentar problemas, llevando a una primera suspensión de operaciones el 17 de febrero de 2014 para renivelar y ajustar los rieles.
Pero el problema más grande con esta obra ocurrió el 3 de mayo de 2021, cuando ese día en la noche se venció la viga que sostenía el viaducto y colapsó sobre la avenida Tláhuac, dejando 26 muertos y 80 heridos. Esto llevó a la suspensión de esta línea por casi dos años.
¿Qué papel juega Grupo Aval?
En medio de este proyecto salió a relucir el nombre del Grupo Aval, uno de los principales conglomerados bancarios de Colombia, luego de que informara sobre el cierre financiero de este proyecto, tras la financiación por un valor de $215.000 millones.
Estos recursos serán entregados por Banco de Occidente y Banco de Bogotá y asesorados por la financiera de Aval Banca de Inversión. Ninguna entidad del Grupo Aval tendrá función administrativa dentro de esta cárcel y su labor se reduce a esperar el pago de la deuda adquirida por parte de Carmet Medellín.
Según se conoció, Prodemex puso parte de sus recursos para la construcción de esta obra y Grupo Aval entregó la financiación restante para que el proyecto no tuviera problemas para ser concluido en el segundo trimestre de 2027, periodo en el que se espera comenzar con el traslado de los primeros presos.
“El cierre financiero de esta APP marca un precedente al integrar la eficiencia del sector privado en la operación de servicios de apoyo, creando un modelo de gestión pública más digno y eficiente. Este proyecto es resultado del trabajo conjunto entre la Agencia APP de Medellín, el Distrito de Medellín y el sector privado, con Prodemex como Sponsor y Grupo Aval como financiador”, señaló Luis Carlos Sarmiento, presidente de Aval Banca de Inversión.
¿Si solucionará el problema?
En cuanto a la capacidad de esta cárcel surgen dudas por parte de algunas organizaciones de derechos humanos y defensores de la población carcelaria, teniendo en cuenta que la cifra de internos en las estaciones de policía y calabozos es mucho mayor.
De acuerdo con la Personería de Medellín, hay 1.532 personas privadas de la libertad en estos espacios, que tienen capacidad para 688 personas, lo que representa un hacinamiento del 123%. Si se suman quienes están en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, la cifra podría ascender a los 3.000 detenidos y con un hacinamiento del 250%.
Jorge Carmona, quien hasta finales del año pasado se desempeñó como defensor de Derechos Humanos de la Población Carcelaria, manifestó que “están diciendo que van a construir una maravilla de cárcel, con una inversión millonaria, pero esto tampoco va a solucionar la situación que se vive actualmente”.
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Esto lo dice, inicialmente, porque son más de 100 personas las que quedarían por fuera de esta nueva prisión, la cual quedaría copada en su capacidad con los primeros traslados si se vaciaran todas las estaciones de policía del Valle de Aburrá. Y aún faltarían quienes están en las URI.
Carmona también aseguró que se han presentado múltiples demoras en la construcción de esta prisión, puesto que la Corte Constitucional –mediante las sentencias STP-14283 de 2019 y SU-122 de 2022, ordenaba su construcción en un plazo de tres años y han pasado siete desde la primera decisión.
“La primera orden que se dio fue que todas las personas que estaban privadas de la libertad en sitios de paso pasaran a un solo espacio para que estuvieran con dignidad y eso nunca se cumplió. A esto se suma lo que se ha demorado la construcción de esta cárcel, que a la fecha no existe”, señaló el exdefensor de Derechos Humanos de los prisioneros.
¿Cómo van las obras?
Los trabajos para la construcción de esta cárcel comenzaron en septiembre del año pasado y, según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estas llevan un avance del 9%, que se traduce en la ubicación de las bases y los cimientos para comenzar a darle forma a la estructura.
“Nos va a permitir dar cumplimiento como ciudad a una sentencia de la corte frente al tema de responsabilidad sobre los sindicados”, dijo el alcalde de Medellín sobre la importancia de este proyecto.
Explicó que una de las principales características es que tendrá inhibidores de señal de celular, para evitar que los detenidos cometan delitos a través de sus teléfonos celulares.
Destacó que en este lugar se tendrán espacios para educación, salud, talleres productivos y resocialización de los sindicados. Además se trabajarán en múltiples estrategias para que nunca se supere la capacidad de este espacio, sin explicar si se continuará apoyando la labor en las estaciones de policía y las URI.
“Podemos hablar, con hechos reales, de cómo solucionar en gran parte el hacinamiento de estaciones de policía y, en parte, en cárceles, frente a los sindicados. Este es un esfuerzo por la seguridad de todos y, por supuesto, para garantizar condiciones dignas de quienes están detenidos. Aquí, a San Cristóbal, no solo llega la cárcel, sino que llega la inversión social”, concluyó el alcalde Gutiérrez.
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