Si bien la prueba reina con la cual la Fiscalía hará la imputación de cargos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y a 12 personas más por un presunto entramado corrupto en torno al megalote Aguas Vivas es el decreto que el mismo mandatario firmó para modificar usos del suelo, también hay un acervo complementario de pruebas que harían llamar a otros posibles implicados.
Desde la semana pasada, la Fiscalía tiene lista una imputación contra el exmandatario y otros exfuncionarios a los que señala como presuntos responsables de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos. La diligencia está programada para el próximo martes 25 de marzo en horas de la tarde.
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Concretamente, en la solicitud de imputación aparecen relacionados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
Pero además aparecen vinculados al proceso José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y Juan Manuel Villegas Márquez.
EL COLOMBIANO conoció que para llegar a este punto, la Fiscalía General ha escuchado el testimonio de por lo menos una decena de personas, entre funcionarios y exfuncionarios y que ha solicitado una cantidad copiosa de información que reposa en discos duros. También hay documentos sobre actuaciones administrativas que tendrían relación con el tema y que son analizados.
En una “camada” posterior de personas a las que llamarían a dar explicaciones está el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez y el exgerente del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), Jorge Torres, quienes han sido mencionados por los testigos del caso Aguas Vivas.
El meollo del asunto
Aguas Vivas es un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y el alto Las Palmas. A finales de diciembre de 2019, es decir, en las postrimerías de la primera administración de Federico Gutiérrez, sus propietarios lo transfirieron al Municipio como compensación urbanística, valiéndose de una figura legal que les permitía obtener a cambio una especie de bono posible de negociar con urbanizadores para que ellos cumplieran con los compromisos de espacio público que son obligatorios cuando alguien levanta, por ejemplo, un edificio o una urbanización.
El negocio parecía redondo para IDC, TC y Villegas porque tratándose de un predio escarpado y con parte de él catalogado como de riesgo geológico, ofrecía limitaciones de uso, y esto les permitía, en teoría, monetizarlo a la vez que se libraban temporalmente de pagar predial.
Solo que al subir Quintero a la alcaldía, de pronto cambió el libreto y se valieron de que aunque en notaría ya el lote figuraba a nombre del Municipio, no lo habían asentado en la Oficina de Registro de Instrumentos. Entonces, los propietarios comenzaron a proponer que si en un año no encontraban un cliente para su “bono”, el Municipio les pagara, y luego dijeron que les permitieran desarrollar un proyecto en el 30% del área y destinar el resto a un ecoparque.
Lo curioso es que en mayo de 2020 finalmente hicieron el registro a favor del Municipio y es más extraño todavía que la Alcaldía viró de manera contundente su postura, de refutar con argumentos técnicos las pretensiones de estos a aceptar una negociación. A eso se agregó que la administración Quintero le dio a esa finca el carácter de bien estratégico como parte del área donde quedaría el Valle del Software, su proyecto bandera.
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Posteriormente, vinieron otras actuaciones en las que la Alcaldía accedía a pagarles una compensación superior a $40.000 millones, lo que les representaría una ganancia descomunal, teniendo en cuenta que el valor catastral era de $1.645 millones, y si no es porque la Procuraduría y el Consejo de Estado se les atraviesan, lo hubieran logrado.
En mayo de 2023, en el último año de la administración Quintero, cuando el tema parecía cosa del pasado, por último vino el Decreto 412, “por medio del cual se reglamenta el Valle del Software” y que, en síntesis, cambió el uso del suelo de Aguas Vivas y Brisas y las valorizó porque les permitía construcciones hasta de dos pisos, subía la densidad admitida hasta un 50% y mencionaba que se podrían desarrollar espacios para hospedaje. Es el documento que, al ser firmado por el propio Quintero, le pone la soga al cuello ante la justicia con la única imputación que hasta ahora lo ha alcanzado entre la cantidad de denuncias que lo comprometen a él y a cerca de 37 miembros de su círculo cercano.
La actual alcaldía lo derogó y EL COLOMBIANO conoció que Luis Pérez demandó por esto al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en diciembre pasado, por considerar que les estaban violando sus derechos a él y a las empresas de la familia. Un argumento central fue que se estaba violando el Decreto 412. También le frenaron la construcción de un hospedaje cuyas obras ya estaban avanzadas en Las Brisas y ellos demolieron antes de que avanzara un proceso sancionatorio.
Vale la pena aclarar que entre 2014 y 2015, Luis Pérez y sus hermanos habían sido copropietarios de Aguas Vivas y que en un cambalache cedieron su parte a IDC y TC, a la vez que estos le traspasaron a la familia del exalcalde una parte que tenían en Las Brisas. Además, años antes, en 2012, el accionista del 45% de TC era Felipe Agudelo, un entrañable amigo del también exgobernador que ha sido socio, aliado político y contratista mimado en sus administraciones. Igualmente, Agudelo ha sido accionista de IDC.
Cuando estas empresas buscaban un reconocimiento económico de la alcaldía de Quintero, habrían visto a Agudelo haciendo gestiones por las oficinas de La Alpujarra, según le dijeron a este diario empleados municipales para otros artículos.
Testimonio revelador
EL COLOMBIANO conoció uno de los testimonios a los que le han dado crédito los investigadores, según el cual Pérez habría tenido un papel directo en la gestión de la iniciativa del Valle del Software, que iba a terminar favoreciéndolo a él y sus allegados.
Para empezar, el proyecto se le asignó al Isvimed, cuyo fuerte, en teoría, ha sido la vivienda y no proyectos parecidos al parque tecnológico que estaba en ciernes. En ello habría jugado que esa entidad al parecer era cuota del sobrino de Luis Pérez y entonces senador Nicolás Pérez (2018-2022).
De acuerdo con el testigo, el director del Isvimed, Jorge Torres, nombró un grupo nutrido de arquitectos de dedicación exclusiva y estos prácticamente montaron su base en Aguas Vivas.
“Todo ocurrió entre mayo y septiembre de 2020. Éramos ocho profesionales dedicados a vivienda y ninguno con experiencia en este tipo de proyectos. No nos pidieron un concepto urbanístico o un análisis general como tal, sino que nos dieron cuatro matrículas inmobiliarias que correspondían a Aguas Vivas, Las Brisas, Los Piedrahitas y el Ecoparque Las Palmas (los dos últimos eran del Municipio) para que desarrolláramos el proyecto.
“Las visitas al lote las empezamos a realizar el 10 de junio y comenzaron a aparecer los dueños para acompañar el ejercicio. Una de esas personas era Luis Pérez. Él llegaba con sus escoltas a nuestros encuentros y era el que guiaba los recorridos para decir ‘qué tal esto aquí, y qué tal lo otro acá’.
“En el equipo había un experto en derecho urbano que se encargaba de armonizar lo arquitectónico con las normas, teniendo en cuenta que había restricciones fuertes. Básicamente era buscarle la comba al palo, estábamos diseñando bajo el entendido de que la norma iba a cambiar con la matriz que íbamos a hacer”, apuntó el testigo, quien aportó ese insumo a la indagación.
Pérez, dijo el testigo, solía ir en las mañanas, casi siempre con dos hombres que parecían tener dominio sobre el terreno. Añadió que él se movía dentro de la casa como si fuera el dueño, e insistía en que esta debía conservarse como eje de lo que se hiciera. Adentro, resaltaba un telón inmenso con las figuras de Pepe Mujica, el papa Francisco y Gandhi, y debajo la inscripción “Piensa en grande”, que fue su emblema en varias campañas.
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Una de esas mañanas, de acuerdo con el testigo, los arquitectos se vieron sorprendidos por la cantidad de escoltas. Después, agrega, pasaron sin saludar Luis Pérez, Miguel Quintero el hermano del alcalde y el gerente del Isvimed, Jorge Torres. ¿Por qué los tres juntos?
En medio de su acostumbrada grandilocuencia en los recorridos campestres —sigue el relato—, Pérez decía “qué tal aquí unas residencias estudiantiles para que las personas puedan compartir en el centro del Valle del Software un tema de tecnología y mientras tanto vivan acá; diseñemos un mall comercial sobre la avenida que va a El Tesoro”. Así fue como habrían terminado con un diseño donde en Las Brisas queda, por lo menos en el papel, un complejo comercial de tres pisos y siete edificios de hasta ocho pisos, cuando la norma solo permitía un nivel (ver imagen).
El recuento que está en el expediente indica que el uso del terreno tenía que adaptarse al plan y no al contrario. Para ello se creó una matriz donde figuraba la obra a realizar y al frente una casilla con la normativa que había que cambiar para romper el nudo. En esta parte llegó un momento en que solicitaron el apoyo del equipo técnico de Planeación Distrital, pero parece que estos no avalaron las decisiones y esa habría sido la causa por la que pusieron a un lado al entonces titular de esa dependencia, Jorge Mejía.
“Dentro de las oficinas de Isvimed no había por lo general reuniones sobre este tema. El director solo se entendía en este tema con el subgerente Javier Valdés; nunca interlocutaba con el resto del equipo, lo cual no sucedía con otros proyectos; ya en terreno había una arquitecta que era la línea directa con Luis Pérez y cuando hablaba con él después transmitía el mensaje diciendo ‘el señor dijo que...”, añadió el testigo.
Este medio habló con Jorge Torres, quien negó todo lo mencionado por el testigo con respecto a él y dijo que quien lo esté entrando en este escándalo deberá probar lo que dice.
Por su parte, Piedad Restrepo, la directora de la veeduría Todos por Medellín, la entidad que abanderó la denuncia sobre Aguas Vivas, manifestó que el avance de este proceso “es esperanzador para tanto ciudadano que ha esperado justicia y que no solo el peso de la ley caiga contra los ‘alfiles’ del alcalde sino contra él”. Rechazó la solicitud de Quintero de que los casos en su contra sean trasladados a Bogotá alegando falta de garantías. “Que sustente cuáles son las garantías que no se le están dando”, enfatizó.
