Las investigaciones se siguen moviendo en la Fiscalía. Testigos han declarado y entregado fotografías como las que aparecen en este artículo, en las que se ve departiendo a cuatro enredados en presunta corrupción y un abogado de narcos.
La foto fue tomada en el ambiente relajado de una finca. El personaje central es Miguel Quintero Calle, el primogénito de Orlando y María Estela, hermano mayor de quien para la fecha en que fue captada la imagen era alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y actual candidato a la Presidencia de la República.
A su lado posan felices el entonces subdirector financiero del Área Metropolitana (AMVA), Álvaro Alonso Villada García, imputado en la actualidad por celebración indebida de contratos, y el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina, ya sancionado por la Procuraduría y también enredado penalmente por presuntas irregularidades en contratación.
Otro contertulio en aquella ocasión, que se habría presentado en abril de 2020, fue Wilder Echavarría, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano durante parte de la misma administración de Daniel Quintero, , artífice de la cuasi quiebra de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y señalado por contratistas de ser quien acompañaba a Miguel Quintero a hacerles visita para supuestamente pedirles una “comisión”. Tiene pendiente un caso en la Personería Distrital.
Al lado de los anteriores está Edinson López Cañas, un penalista a quien algunos conocen como “Chano”, que ha defendido a personajes de la mafia y ahora asesora a presuntos cabecillas de La Oficina presos en la cárcel de Itagüí que participan en los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. López acompañó a los capos en el llamado ‘tarimazo’ que tuvo lugar en La Alpujarra en junio pasado, con el presidente Gustavo Petro.
La foto, que está en poder de los investigadores, retrata lo que era un secreto a voces durante la alcaldía de Daniel Quintero. Los testimonios señalaban entonces, y ratifican ahora, que Miguel Quintero era el poder detrás del poder en el AMVA, Metroparques, el Inder y la EDU, en el periodo en que su hermano gobernó.
Precisamente, las entidades representadas en esta foto en ese momento. Solo faltaría allí algún funcionario del Inder para completar los que conformaban el combo de Miguel Quintero.
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¿Por qué estos cinco personajes –Quintero, Villada, Liévano, Echavarría y López– terminaron reunidos en un ambiente campestre, alejados de las rutinas de todos?
Entre ellos son viejos amigos, pues se sabe que por ejemplo Liévano tendría un apartamento en el Tricentenario, el barrio donde crecieron los Quintero y el abogado López. En cuanto a Villada, se sumó al grupo de Miguel Quintero durante el periodo de Luis Pérez en la Gobernación de Antioquia, porque ambos trabajaban en Planeación Departamental. Pero según testigos, que incluso se han acercado a la Fiscalía para dar sus testimonios, la razón del encuentro con matices de cónclave es que allí se estaban cocinando “negocios”.
No sería casualidad entonces que la triangulación de contratos entre tres de las entidades representadas en este cónclave (AMVA, Metroparques e Inder) es una de las investigaciones más avanzadas de los 19 procesos que tiene priorizados la Fiscalía por los supuestos malos manejos en la Alcaldía entre 2020 y 2023.
Ni tampoco que la EDU estuviera salpicada en escándalos como el del lote de Carabineros, en el cual testimonios en poder de la Fiscalía señalan que Miguel Quintero citaba a constructores, con Wilder Echavarría, para supuestamente pedir coimas.
El modus operandi de la triangulación, según lo que en parte ha documentado la Veeduría de Medellín, era el siguiente: se modificaron los estatutos de las entidades para permitir contratar por mayores cuantías de las hasta entonces admitidas sin pasar por el visto bueno de las juntas. Y la otra herramienta que usaban eran los convenios interadministrativos. Así era frecuente por ejemplo que Metroparques o el Área pusieran plata para una obra o una compra y se lo entregaban al Inder para que este, sin licitación de por medio, subcontratara directamente con el particular que señalara el “dueño de la franquicia”.
Varios testigos ya han mencionado cómo funcionaba el tinglado. La diferencia es que ahora el señalamiento estaría apoyado además por confesiones y material probatorio como conversaciones y mensajes que se cruzaban a través de WhatsApp, y hasta fotos que delatan la posible relación entre los integrantes del presunto entramado que se formó.
En la foto, según los testimonios, faltan dos personajes. Una es la exlíder de logística del AMVA, Laura María Mejía Higuita. Y la rueda adicional del engranaje, también según los testigos, estaba en el Inder, en cabeza de Jhony Armando Jaramillo Montoya, quien habría sido el “patrón” de la contratación aunque oficialmente los directores fueran otros durante la alcaldía de Quintero.
Esas versiones aseguran que los directivos de esa institución que en ese tiempo manejaba casi mil escenarios deportivos de la ciudad y entre 1.500 y 1.800 contratistas, debían pasar por una oficina que tenía Jaramillo en Laureles para recibir línea y cualquier contratista requería igualmente su visto bueno. No obstante, en su momento, cuando EL COLOMBIANO publicó las denuncias de muchos contratistas y funcionarios inconformes con ese presunto manejo, Jaramillo negó detentar influencia en el Inder.
—Jhony se sentaba con Miguel y negociaba que los contratos se los entregaban desde el Inder a Metroparques a través de convenios interadministrativos, y a su vez Metroparques los direccionaba–afirmó uno de los testigos.
Este medio de comunicación también supo que agentes de la Policía Judicial y la Fiscalía han visitado ya las entidades antes mencionadas y conoció que, de manera particular, han estado varias veces en el AMVA.
—La última ocasión fue hace un mes, y se llevaron todos los correos electrónicos de Laura Mejía—, le confirmó a este medio una persona ligada con el Área.
Mejía es una de los cinco exfuncionarios acusados dentro del proceso penal originado en los contratos interadministrativos para el mantenimiento del Parque de las Aguas y la posterior tercerización con la firma Constru Americana. Los otros son Villada; Liévano; la también exgerente de Metroparques María Eugenia Domínguez, y la exjefe de compras de esa misma entidad Viviana del Valle.
Los contratos con la firma Cyan Eventos y Logística constituyen otro capítulo de las presuntas irregularidades. Las pesquisas han permitido determinar presuntas anomalías como que de las cuentas de esta empresa sacaron en efectivo $2.000 millones, en contados de $350 millones cada vez.
Pero no solo se habrían “torcido” las normas de la contratación sino que se habrían producido sobrecostos. Por ello, el representante de esa firma, Mauricio Jaramillo Botero, está imputado por un peculado de $3.000 millones aproximadamente, además de asociación para cometer delitos. La Fiscalía solicitó una pena de 33 años de cárcel contra él, contra la exdirectora del Inder Diana Paola Toro, contra Liévano y contra la también exgerente Domínguez.
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Otro caso emblemático de presunta corrupción es el de Reforestadora El Líbano, en el que una vez más Liévano, igual que la entonces secretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego, y la representante de la empresa, Luz Eliana Henao, están siendo acusados por interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
El asunto tiene que ver con la adjudicación del cuidado de zonas verdes en la capital antioqueña, por $5.000 millones, presuntamente direccionado desde Metroparques y la Secretaría de Infraestructura hacia esta firma detrás de la cual estaba Asdrúbal Vélez, apodado “El Montañero”, un político del suroeste con influencia en el círculo cercano al entonces alcalde Quintero. Un hecho que complica el caso fue que en marzo del año pasado asesinaron a Vélez cuando estaba en un restaurante, en Amagá (suroeste antioqueño).
Un escándalo más de tercerización se habría fraguado así: el Área Metropolitana y Metroparques suscribieron un contrato interadministrativo y después la entidad encargada de los parques le entregó un contrato presumiblemente direccionado a Constru Americana por 2.414 millones para el mantenimiento del Parque de las Aguas y otro por $243 millones para levantar un hangar que, aparte de innecesario, no habría cumplido con los requisitos técnicos. Acá están acusadas nueve personas, entre ellas dos protagonistas de la imagen en la finca: Villada y Liévano.
En una línea nueva de investigación sobre estos casos, los investigadores estarían verificando si el director del Área durante ese periodo y otros funcionarios tuvieron alguna participación en los hechos ilícitos, pues Juan David Palacio ha sido señalado como ficha de Miguel Quintero y, a juicio de los investigadores, muchas decisiones cuestionadas alrededor de los contratos no se hubieran podido tomar sin su conocimiento. Palacio mismo reconoció ante EL COLOMBANO que inició su carrera pública muy joven, como parte del equipo de apoyo de Quintero en el Concejo de Medellín (2012-2015), no obstante ha negado ser ficha suya.
EL COLOMBIANO contactó a Edinson López, abogado de los cabecillas de la Oficina recluidos en Itagüí, por su relación con sus acompañantes en la foto y confirmó que con Liévano y Miguel Quintero tiene una amistad de muchos años: “Son personas que conozco desde la infancia y solo ostento con ellos y sus entornos familiares una relación de amistad”. Con respecto a Villada, así como con relación a Laura Mejía, dice que los conoció hace años en un evento social al cual fue invitado, pero no hay una amistad con ellos.
Sin embargo, un investigador le comentó a este medio que testigos se han quejado de que López está asesorando a varios de los implicados en casos de supuesta corrupción de la Alcaldía de Quintero y que, por esa vía, algunos de ellos han sido intimidados para colaborar con la investigación.
Los amedrentamientos habrían comenzado, primero con Miguel Quintero, en un tono “amigable” con los acusados e implicados, citando a sus abogados o a ellos mismos en oficinas donde les hacían apagar los teléfonos celulares y luego trataban de darles tranquilidad acerca de que no los iban a condenar porque los fallos estaban asegurados a su favor a punta de “buenos oficios” ante la Fiscalía y los juzgados.
A uno de los señalados partícipes del presunto tinglado lo habrían citado incluso en Panamá para darle ese mismo mensaje de trasfondo disuasivo aun a pesar de las palabras suaves empleadas. Sin embargo, con algunos habrían endurecido el tono, pues, también según un investigador, habría aparecido un personaje reconocido por su cercanía con la organización mafiosa de La Oficina para ablandarlos.
—Usted me conoce, sabe a quién represento y conoce también como resolvemos a los enemigos—,les habría dicho.
Al preguntarle al respecto, el abogado López confirmó que defiende a exfuncionarios de la alcaldía Quintero. Sin embargo, sobre supuestas amenazas a testigos –alguna de esas intimidaciones se habría dado en su propia oficina, según investigadores–, aseguró que “es absolutamente falso, calumnioso e injurioso”.
Según él, hay “un interés político y mediático de relacionar mi desempeño como profesional del derecho, las gestiones que actualmente y, por poco más de hace tres años, realizo para la Consejería Comisionada de Paz como abogado para el proceso de paz urbana de Medellín, con los procesos penales que cursan en contra de exfuncionarios de la anterior Administración de Medellín”.
Y concluye: “Hecho que no solo siembra un manto de duda sobre la probidad de mi gestión en el espacio de diálogo socio jurídico de paz de Medellín y el Valle de Aburrá, sino por demás porque abona el terreno con falsos hechos hacia la criminalización de mi labor”.
Finalmente, este medio le preguntó cuál es su rol dentro de la Mesa de Paz Urbana y respondió que es el de abogado para los diálogos sociojurídicos, “con autorización de la Consejería Comisionada de Paz”; al interrogarlo si representa a alguno de los presuntos jefes de la Oficina, adujo que se trata de un tema amparado por el secreto profesional.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a documentos que prueban que recientemente López actuó en nombre de Juan Camilo Rendón Castro alias “El Saya” presunto mando dentro de la banda La Terraza recluido en Itagüí, en una acción judicial contra la concejal Claudia Carrasquilla (Centro Democrático), tras el acto del 21 de junio pasado en el que el presidente Petro compartió tarima con varios jefes de La Oficina. En esa ocasión, el reclamo de López a nombre de “El Saya” fue porque, según ellos, este no estuvo en ese sitio ni tiene procesos pendientes por algunos crímenes que le endilgó la exfiscal como parte del prontuario.
De igual manera, según registros noticiosos, en el pasado defendió a Mauricio Alberto González alias El Ronco, señalado jefe de la banda La Unión, de Itagüí, y representante de esa estructura ante la Oficina. Este se entregó a las autoridades en marzo de 2023 y permanecía en Itagüí pero hace poco, según algunas fuentes, recuperó la libertad.
Los pocos registros hallados en internet sobre el abogado López permiten ver además que en 2015 actuó como defensor de Liévano ante la Superintendencia de Industria y Comercio en un caso de presunta cartelización de empresas productoras de papel en el que quien fue después gerente de Metroparques y más recientemente acusado de presunta corrupción tuvo el rol de denunciante.
Fue subdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana cuando Juan David Palacio dirigió esa entidad y Daniel Quintero fue alcalde. Antes fue subdirector de gestión administrativa y financiera en el AMVA y previamente fungió como director de Finanzas y Gestión de Recursos en Planeación Departamental en la administración de Luis Pérez como gobernador. Tiene cargos penales por presunta celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en el caso del Parque de las Aguas.
Él se define como abogado de víctimas con dos décadas de experiencia, profesor universitario y colaborador de ONG. Pero también ha defendido a presuntos narcos y miembros de la Oficina, como “el Saya” y “el Ronco”. Es asesor en el contexto de los diálogos sociojurídicos de la Mesa de Paz Urbana que sesiona desde la cárcel de Itagüí. Creció en el barrio Tricentenario y allí habría conocido a los hermanos Daniel y Miguel Quintero así como a Jorge Enrique Liévano.
Hermano del exalcalde Daniel Quintero. Varios testimonios lo señalan de participar en el cobro de coimas por contratos en la pasada administración. Lo mencionan testigos de un presunto negociado que fracasó para el Lote de Carabineros que se haría oficialmente a un menor precio, pagando el resto “bajo cuerda” y habría sido el poder detrás del Área Metropolitana, Metroparques, Inder y la EDU. Se ha mostrado con carros y relojes de lujo; tiene finca y varias propiedades que cuestan una millonada, a sabiendas de que sus únicos cargos conocidos fueron como concejal de Medellín en un periodo y funcionario de segundo nivel en Planeación Departamental durante la gobernación de Luis Pérez.
Lo señalan como ficha de Miguel Quintero en la EDU. Su gestión comenzó modificando el manual de la entidad para permitir contratación de más cuantía sin autorización de la junta; en su periodo la entidad sufrió una debacle administrativa y financiera. Igualmente lo mencionan como partícipe de una reunión con el antes mencionado para negociar irregularmente el Lote de Carabineros. En la actualidad cursa contra él una investigación en la Personería por el contrato para hacer el Centro Intergeneracional Moscú, en la zona nororiental de Medellín.
Fue gerente general de Metroparques desde enero de 2020 hasta abril de 2021. La Procuraduría lo acaba de sancionar con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 9 años por sus actuaciones en el contrato de mantenimiento de áreas verdes en Medellín. En la Fiscalía está vinculado a varios procesos, incluyendo el antes mencionado, el del Parque de las Aguas y otros para logística de eventos deportivos y recreativos con Cyan; lo acusan de concierto para delinquir, contrato sin requisitos legales y peculado.
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