La reprogramación se produjo luego de que la defensa de uno de los exsecretarios de Quintero implicados en el caso asegurara no poder acudir a la audiencia por otros compromisos.
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Se trata del abogado Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, quien representa al exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Carlos Mario Montoya Serna, quien sostuvo que para los días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de abril de 2025 a las 2:00 p.m. estaba ocupado con otro proceso en un juzgado de La Ceja.
“Lo anterior se constituye en una causa justificada que impide adelantar la formulación de imputación en este despacho. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 31 Penal Municipal, resuelve devolver la carpeta al Centro de Servicios Judiciales a fin de que se proceda con su reprogramación”, estableció el juzgado tras recibir la excusa del abogado.
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Esta es la segunda vez que la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas tiene que ser aplazada por excusas de los abogados defensores de los implicados.
El pasado viernes 21 de marzo, a escasos días de la primera fecha que había sido agendada para la imputación, la defensa del exsecretario General de Medellín, Fabio Andrés García, aseguró tener para ese mismo día los grados de una maestría y otro compromiso en la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera, el abogado defensor del mismo Quintero le pidió al juez más tiempo para preparar la defensa de su cliente.
Desde aquella semana, estos aplazamientos han despertado un fuerte debate, ya que para muchos podría tratarse de una estrategia de dilación.
El proceso también se ha visto enrarecido por los insistentes llamados del exalcalde Quintero para que su caso sea trasladado a Bogotá, en donde el presidente Gustavo Petro ya ha expresado su apoyo hacia él públicamente y amplificado la narrativa de una supuesta persecución en su contra.
Cabe recordar que por el caso Aguas Vivas, Quintero y un grupo de 12 altos exfuncionarios y particulares podrían ser juzgados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
En su investigación, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que un lote ubicado en Las Palmas fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una conciliación en la que pagaría $40.509 millones a los privados.
