El fiscal general Francisco Barbosa informó en la tarde de este jueves, desde el búnker de la Fiscalía de Medellín, que solicitarán audiencia de imputación en contra de siete exfuncionarios y seis particulares que han hecho parte de la actual administración distrital de Daniel Quintero, como parte de las investigaciones por presunta corrupción en seis contratos de esta vigencia.
Según el fiscal, los contratos investigados suman alrededor de $67.586 millones. Están relacionados con alimentación, infraestructura y asistencia logística. De acuerdo con Barbosa, los elementos de prueba dan cuenta de “múltiples anomalías en el trámite y celebración” de los mencionados contratos.
Entre los exfuncionarios que se busca sean imputados hay personas de Metroparques, la Secretaría de Infraestructura, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el programa Buen Comienzo.
El representante del ente acusador indicó que estas investigaciones se derivan de un cúmulo de denuncias que se han hecho en la ciudad, en especial en el último año y medio, las cuales involucran presuntos actos de corrupción, y que son investigadas por un grupo especial de fiscales.
Los seis contratos, sostuvo Barbosa, están clasificados en cuatro componentes. El primero de ellos es el mantenimiento de zonas verdes; el segundo, el mantenimiento del Parque de las Aguas; el tercero, apoyo logístico para eventos recreativos y deportivos; y el cuarto, atención integral a los niños y niñas por medio de Buen Comienzo.
¿En qué consiste cada caso?
El primer caso tiene que ver con el contrato que se suscribió, en octubre de 2020, entre Metroparques y la Secretaría de Infraestructura, por $5.250 millones, para el manejo de zonas verdes. De acuerdo con las investigaciones que se ha hecho el ente acusador, se habría constatado que Metroparques, por medio de invitación privada, “convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutó el contrato”.
Por este caso, se pidió audiencia para imputar cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria Natalia Urrego Arias, al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.
El segundo es el mantenimiento del Parque de las Aguas. Según Barbosa, la Fiscalía encontró varias anomalías en tres contratos celebrados entre Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, por $17.400 millones, para garantizar el mantenimiento y entrada en operación de dicho parque.
“La Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas, creadas entre 2019 y 2021, una de ellas dedicada a comercialización de telas”, dijo el fiscal. Por ello, se imputará celebración de contratos sin cumplimento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos al representante del AMVA, Álvaro Alonso Villada García; a los exgerentes de Metroparques Jorge Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez; y a los contratistas Juan Alexánder Pino Jaramillo, Yamilet Galindes y Fabio Miguel Mestre Espitia.
El tercer tema está relacionado con apoyo logístico. En septiembre de 2020, Metroparques suscribió un contrato de apoyo logístico para eventos recreativos, deportivos y de actividad física. Imputarán contrato sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en la celebración de contratos a la exdirectora del Inder Diana Paola Toro Zuleta, de nuevo el exgerente de Metroparques Jorge Liévano Ospina y el contratista Mauricio Jaramillo Botero.
Esto, porque el contrato debía ejecutarse en dos meses, pero habría recibido tres adiciones presupuestales que aumentaron su valor a $24.205 millones, injustificadamente, y se hicieron prorrogas para ejecutar hasta mediados de 2022.
En cuarto lugar se encuentra el caso de presuntos sobrecostos en Buen Comienzo. Se añadirá a la imputación realizada a comienzos de año otra imputación por peculado por apropiación a Martha Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación; Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y el exrepresentante de Colombia Avanza, Henry Paulison.
En este hecho, el fiscal indicó que se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran cumplido servicios que nunca habrían cumplido, lo que habría generado un detrimento de $1.400 millones.
Buen Comienzo, la investigación más avanzada
Este anuncio se da tras múltiples denuncias que han sido el común denominador en la actual administración, incluso, provenientes de funcionarios y contratistas que se han manifestado en contra de los presuntos actos de corrupción que dicen se han presentado en la alcaldía que lideró Daniel Quintero por casi tres años y medio y que luego dejó bajo encargo de Óscar Hurtado cuando renunció para hacer política.
El caso más sonado en lo que se refiere a avances judiciales es el de los contratos de Buen Comienzo y el PAE, que le valieron imputaciones a la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo, a la exdirectora de Buen Comienzo Lina Gil y a Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de la corporación Colombia Avanza, que se quedó con millonarios contratos en los que se investigan presuntas irregularidades.
De hecho, Agudelo tuvo que renunciar a su cargo como secretaria de Educación para hacerle quite a una medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, que había sido impuesta en el proceso. Ese caso no ha terminado, hace más de un mes, se conoció que la Fiscalía tenía listo el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria, quien tendrá audiencia de acusación el próximo 20 de noviembre.
