viernes
7 y 9
7 y 9
Uno de cada tres hogares en Medellín no tiene asegurada vivienda digna
Aunque los focos apuntan al turismo, la renovación urbana excluyente, los desplazados climáticos y la escasez de vivienda social asoman como causas estructurales de la crisis.
-
La renovación urbana ha sido uno de los motores de expulsión de residentes tradicionales de barrios populares en Medellín desde hace décadas. FOTO jaime pérez -
Medellín es una ciudad de desplazados por el clima. El 25% del territorio tiene algún grado de riesgo climático. FOTO juan antonio -
La construcción ilegal de viviendas y la expansión de barrios informales está acelerando las amenazas de la ciudad y el Valle de Aburrá frente a la crisis climática. FOTO: JAIME PÉREZ -
Edificios en desuso, en deterioro y subutilizados en el Centro de Medellín podrían reciclarse para construir más de 3.200 unidades de vivienda y revitalizar el corazón de la ciudad. FOTO: JAIME PÉREZ
30 de abril de 2023
bookmark
Con ironía, pero también con razón, el exsecretario de Movilidad Carlos Cadena señaló hace unos días que, aunque en Medellín, y particularmente en sus barrios populares, padecen la gentrificación y el déficit de vivienda desde hace años, los opinadores en Twitter parecen haber descubierto el problema hace un par de semanas.
Es así. Opinólogos y políticos han aprovechado el boom del tema para salir en la foto lanzando explicaciones y soluciones, cuando menos simplistas, de un fenómeno que tiene decenas de aristas. La crisis de vivienda y la expulsión de los habitantes de sus barrios no empezó con el turismo y tampoco terminará cerrándole la puerta al mismo.
Es cierto que Medellín es una ciudad en la que desembarcan miles de turistas y nómadas digitales a ocupar casas y apartamentos cómodos y estratégicamente ubicados, en una dinámica que movió el año pasado 62 millones de dólares en 2022.
Pero también es una ciudad en la que uno de cada tres hogares o no tiene vivienda o habita en una que adolece de condiciones plenas. Una ciudad que desconoce la bomba de tiempo de los desplazados por la crisis climática y apenas medio dimensiona las implicaciones de la expansión urbana, la falta de suelo para construir y los fallidos planes para darle algún orden.
***
No hay cifras esclarecedoras, pero en los barrios estrato 3 es evidente que hay una transformación en el perfil demográfico de sus residentes. Los precios de arrendamientos y venta de apartamentos en la mayoría de los edificios nuevos en zonas populares están por encima de las posibilidades de los moradores tradicionales. Todos en Medellín conocen la historia de alguien que ha vivido un suplicio para conseguir dónde vivir en los últimos años.
Es el caso de la familia de Marcos Ernesto Zapata. Una de las 57 viviendas que terminaron ahogadas en lodo hace nueve meses cuando el río Medellín inundó al barrio El Sinaí, en Santa Cruz, fue la de Marcos, quien apenas diez meses antes de la emergencia había llegado a este sector junto con su esposa, sus dos hijas y su nieto a vivir en una casa empotrada en la esquina de un callejón laberíntico por la que tenía que desembolsar $800.000 para tener el derecho, mes a mes, de ocupar una pieza diminuta y una sala que es habitación y comedor.
No llegaron por gusto a este barrio que ha padecido doce inundaciones graves en sus escasas tres décadas de existencia. Por menos plata, vivían en arriendo en una casa vieja pero amplia en Castilla hasta que la dueña les aumentó lo suficiente para asegurarse de que los espantaría y así poder vender la casa para ser demolida y dar paso a un edificio de seis pisos con locales comerciales. Historias así se volvieron paisaje.
De todos modos, ni la familia de Zapata ni ninguna otra en el sector están destinadas a durar mucho allí. El Sinaí está condenado a desaparecer por la renovación urbana que plantea Parques del Río Norte, y al no tener titulación de sus viviendas probablemente de un plumazo, 3.000 personas quedarían sin techo.
Medellín es una ciudad de desplazados por el clima. El 25% del territorio tiene algún grado de riesgo climático. FOTO juan antonio
***
En Medellín, casi 39.000 hogares estaban en déficit cuantitativo de vivienda en 2019. Las proyecciones, con llegada de migrantes y la especulación inmobiliaria, sugieren que hoy pueden ser 50.000 hogares en esa situación. En Medellín, más 200.000 viviendas presentan déficit cualitativo (como falta de pisos, hacinamiento, materiales precarios o falta de servicios básicos). Los hogares con déficit cualitativo se triplicaron en los últimos tres años.
En Comunas como Aranjuez y Manrique los procesos de desarrollo urbano han avanzado a un ritmo frenético en los últimos 15 años, de acuerdo con las investigaciones que ha adelantado Juan Fernando Zapata, coordinador del programa Defensa y Transformación social del Territorio de la Corporación Región. Sin embargo, estas mismas comunas lideran las cifras de viviendas con hacinamiento y deficiencias estructurales. En Manrique, por ejemplo, el 19% de las viviendas están construidas con materiales precarios y en Aranjuez el 20% de las casas están sobre zona de alto riesgo no mitigable, es decir, que presenta alta probabilidad de pérdidas de vidas.
Así funciona la gentrificación. Un territorio se transforma con nueva oferta de bienes y servicios, infraestructura, nuevos hábitos y tradiciones. Pero los cambios no son para quienes allí viven sino para los que vivirán cuando los tradicionales moradores se vayan.
Eso explica, en parte, que quienes están ocupando hoy las casas levantadas en medio de loteos ilegales, en zonas de alto riesgo como los barrios fronterizos con Bello o la Comuna 8 (la más amenazada por la crisis climática) no solo son migrantes venezolanos, desplazados y personas en situación de extrema pobreza sino también familias que habían logrado insertarse en la clase media ocupando una vivienda en un barrio formal del cual fueron expulsados por la renovación urbana y la especulación de inmobiliaria.
Dicho sea de paso, Medellín está ante una inminente crisis por el desplazamiento climático. Según el Dagrd, hasta el año pasado 3.000 familias estaban a la espera de una casa tras quedar en el limbo por cuenta de deslizamientos, avenidas torrenciales o fallas geológicas. Las organizaciones y colectivos sociales y ambientales dicen que la cifra puede llegar a las 10.000 familias y tiende a subir aceleradamente teniendo en cuenta que en la crisis climática pone al 25% de la ciudad en algún grado de vulnerabilidad ya sea por riesgo geológicos o inundaciones.
Luchar contra ese desarraigo es justo lo que los moradores de barrios como Moravia llevan haciendo desde hace varios años. Lo que explica Cielo Holguín, lideresa comunitaria y experta en procesos Urbanos y Ambientales de Eafit, es que los planes parciales barriales, hijos del último POT, prioriza un modelo de ciudad repleto de borrones y cuentas nuevas y una mirada instrumental del territorio y su gente. En la práctica, dichos planes pretenden ejecutar intervenciones del espacio público, cambios de usos de suelo y modernos proyectos de vivienda. Factores que han desencadenado el deterioro del tejido social, comunitario y económico de varios barrios.
***
En Medellín, hasta 2018, 27.000 hogares esperaban por una vivienda. Las proyecciones, con llegada de migrantes y la especulación inmobiliaria, sugieren que hoy pueden ser 50.000 hogares en esa situación. En Medellín, 300.000 viviendas presentan déficit cualitativo (como falta de pisos, hacinamiento, materiales precarios o falta de servicios básicos). Los hogares con déficit cualitativo se triplicaron en los últimos tres años.
En Comunas como Aranjuez y Manrique los procesos de desarrollo urbano han avanzado a un ritmo frenético en los últimos 15 años, de acuerdo con las investigaciones que ha adelantado Juan Fernando Zapata, coordinador del programa Defensa y Transformación social del Territorio de la Corporación Región. Sin embargo, estas mismas comunas lideran las cifras de viviendas con hacinamiento y deficiencias estructurales. En Manrique, por ejemplo, el 19% de las viviendas están construidas con materiales precarios y en Aranjuez el 20% de las casas están sobre zona de alto riesgo no mitigable, es decir, que presenta alta probabilidad de pérdidas de vidas.
Así funciona la gentrificación. Un territorio se transforma con nueva oferta de bienes y servicios, infraestructura, nuevos hábitos y tradiciones. Pero los cambios no son para quienes allí viven sino para los que vivirán cuando los tradicionales moradores se vayan.
Eso explica, en parte, que quienes están ocupando hoy las casas levantadas en medio de loteos ilegales, en zonas de alto riesgo como los barrios fronterizos con Bello o la Comuna 8 (la más amenazada por la crisis climática) no solo son migrantes venezolanos, desplazados y personas en situación de extrema pobreza sino también familias que habían logrado insertarse en la clase media ocupando una vivienda en un barrio formal del cual fueron expulsados por la renovación urbana y la especulación de inmobiliaria.
Dicho sea de paso, Medellín está ante una inminente crisis por el desplazamiento climático. Según el Dagrd, hasta el año pasado 3.000 familias estaban a la espera de una casa tras quedar en el limbo por cuenta de deslizamientos, avenidas torrenciales o fallas geológicas. Las organizaciones y colectivos sociales y ambientales dicen que la cifra puede llegar a las 10.000 familias y tiende a subir aceleradamente teniendo en cuenta que en la crisis climática pone al 25% de la ciudad en algún grado de vulnerabilidad ya sea por riesgo geológicos o inundaciones.
Luchar contra ese desarraigo es justo lo que los moradores de barrios como Moravia llevan haciendo desde hace varios años. Lo que explica Cielo Holguín, lideresa comunitaria y experta en procesos Urbanos y Ambientales de Eafit, es que los planes parciales barriales, hijos del último POT, prioriza un modelo de ciudad repleto de borrones y cuentas nuevas y una mirada instrumental del territorio y su gente. En la práctica, dichos planes pretenden ejecutar intervenciones del espacio público, cambios de usos de suelo y modernos proyectos de vivienda. Factores que han desencadenado el deterioro del tejido social, comunitario y económico de varios barrios.
La construcción ilegal de viviendas y la expansión de barrios informales está acelerando las amenazas de la ciudad y el Valle de Aburrá frente a la crisis climática. FOTO: JAIME PÉREZ
***
Las soluciones están ahí, solo que siguen quietas. Para hacerle frente a la presión inmobiliaria y por el uso del suelo, los planes de vivienda social son fundamentales. La actual alcaldía se había trazado la meta de 5.720 unidades de vivienda nueva para el cuatrenio, pero en realidad solo figuran 2.102 y apenas se están construyendo 982 apartamentos.
Pero no se trata solo de un rezago de esta alcaldía. El sector arroja datos inquietantes desde hace años. La proporción de viviendas estrato dos ha disminuido cuando lo normal es que aumentara o permaneciera estable. Desde Medellín Cómo Vamos creen que esto se debe a que las personas pertenecientes a este estrato están optando por habitar viviendas irregulares en zonas informales, con condiciones precarias y falta de servicios.
Medellín, además, se está convirtiendo en una ciudad con cada vez menos compradores de vivienda. Según Camacol, la ciudad pasó de vender 10.634 viviendas en enero de 2010 a 4.504 en enero de este año, con un declive progresivo durante estos 13 años.
La construcción de vivienda no VIS, así como las de interés social (VIS) y prioritario (VIP) está desacelerándose, pero el panorama es más grave con las viviendas VIS y VIP. Apenas el 48% de las 223.093 viviendas construidas en las últimas dos décadas en Medellín son VIP o VIS, destinadas a atender a los hogares de los estratos uno al tres. Es una cifra muy baja teniendo en cuenta que el 77% de la población integra los tres estratos más bajos.
El año pasado, según el Dane, el 38,7% de las viviendas construidas salieron al mercado con un valor a partir de los $400 millones. Los valores de otro 40% de viviendas edificadas estaban entre $175 millones y $400 millones y apenas el 15% de esas casas fueron ofertadas por un valor menor a $175 millones, es decir, menos de 90 salarios mínimos que es la cifra alcanzable para que las familias de estratos más bajos puedan tener su casa propia.
Pero es que los espacios para construir ya también escasean. El Valle de Aburrá se expande 225 hectáreas cada año, según el Área Metropolitana. Esto equivale, más o menos, a 112 canchas de fútbol. El problema es que hace mucho rato dejó de crecer sobre suelo seguro. El 11% de toda la población se encuentra sobre zonas de alta amenaza. 37.000 hogares sobre zona de alto riego no recuperable.
Edificios en desuso, en deterioro y subutilizados en el Centro de Medellín podrían reciclarse para construir más de 3.200 unidades de vivienda y revitalizar el corazón de la ciudad. FOTO: JAIME PÉREZ
***
Parte de la fórmula para encontrar cabida a más ciudadanos en una urbe ya sin margen de expansión la han reiterado los urbanistas y expertos durante años y hasta la han incluido los alcaldes en sus planes de desarrollo, aunque solo en el papel: crecer sobre la ciudad construida. Esto implica, por ejemplo, los mejoramientos integrales barriales materializados en legalización de predios y regularización del territorio; adecuaciones de vivienda, provisión de servicios básicos, movilidad, equipamiento y espacio público, pero –sobre todo– dinamización de las economías comunales y barriales con planes de desarrollo local.
También es indispensable recuperar y rehabilitar sectores deprimidos y edificaciones deterioradas. Grandes urbes como París, Barcelona y hasta Bogotá lograron recuperar antiguas zonas industriales y en desuso y convertirlas en florecientes zonas residenciales.
En Medellín, como parte del POT 2014, Camacol desarrolló una investigación de reciclaje habitacional que determinó que 67 edificios viejos y deteriorados de oficinas del Centro podrían rehabilitarse para dar paso a 3.200 viviendas.
La experta en planeación urbana y profesora emérita de la Nacional, Françoise Coupé, lleva décadas señalando el potencial que tiene para una ciudad como Medellín la formalización y rehabilitación de formas de vivienda colectiva históricamente estigmatizadas como los inquilinatos. Lo que ha planteado Coupé es que la rehabilitación de inquilinatos podría crear una recuperación y transformación urbana y social sin precedentes en el Centro y las comunas del centro oriente y nororiente. En estos lugares, una persona paga hoy $450.000 al mes por ocupar una pieza de dos metros de largo por 1.50 metros de ancho.
Los cálculos a mano alzada que hacen Cuopé y la Alcaldía hablan de unos 1.000 inquilinatos, parte de estos en manos de especuladores y hasta del conglomerado de rentas ilegales. Formalizar este tipo de alojamiento reduciría la presión derivada de la búsqueda de techo de la población migrante y en pobreza extrema y revitalizarían sectores enteros ampliamente degradados en materia de seguridad, pobreza y espacio público en las comunas La Candelaria, Buenos Aires, Villa Hermosa y Aranjuez. El caso de Ciudad de México con sus inquilinatos rehabilitados en el Centro Histórico es ejemplar.
Estas medidas concretas que buscan sortear el conflicto de la escasez de suelo y acceso a vivienda están ligadas a herramientas estructurales que ya tiene la ciudad. El Plan Estratégico Habitacional a 2030 y el Consejo Consultivo Municipal de Política Habitacional. Es decir, Medellín conoce el camino para encontrar las soluciones a la crisis de vivienda y hábitat. El problema, apunta Fernando Zapata, es la paupérrima ejecución de estos planes, síntoma de la debilidad institucional y el desinterés para hacerle frente.
Explorar todas estas medidas en conjunto es impostergable en una ciudad en la que entre el 36% al 40% de los hogares vive en arriendo o subarriendo.
El turismo, queda claro, no es el villano exclusivo de esta crisis. Como lo plantea el exgerente de la EDU, Carlos Montoya, en Medellín la instrumentalización del territorio y la idolatría al espacio público han menoscabado el valor del derecho a la vivienda y hábitat dignos como punto de partida de un modelo de ciudad viable.
Eso sí, si la intención de los mandatarios es posicionar a Medellín como un destino apetecido para extranjeros, lo lógico es que prioricen las soluciones de vivienda para sus habitantes. No parece muy coherente que en la misma ciudad que sirve de hotel de lujo y parque de diversiones para los foráneos sea la misma en la que tener techo es una utopía para miles de hogares.
En otras ciudades equilibran la cancha
Frente al fenómeno coyuntural que atraviesa Medellín con la turistificación, otras ciudades que ya padecen el problema desde hace años están mostrando el camino con decisiones que buscan equilibrar la cancha. En Nueva York, San Francisco y Amsterdam han optado por limitar el número máximo de viviendas que se pueden ofertar en Airbnb, establecer un máximo de días al año en el que pueden estar en la plataforma y hasta prohibir que la vivienda se destine para ocupación temporal durante los primeros años tras la compra por parte del propietario. Amsterdam, de hecho, ya le ha clavado multas por 22.000 euros cada una a decenas de propietarios que no cumplieron con la norma de habitar su predio los primeros cuatro años tras su adquisición antes de alquilarlo.
37%
de los hogares urbanos en Medellín están en déficit cualitativo de vivienda.
11%
de la población en Medellín y el Aburrá habita en zona de alto riesgo no recuperable.
15%
de las casas nuevas ofertadas el año pasado estaban destinadas a las familias más pobres.
El empleo que busca está a un clic
