Si bien de algunos de los casos ya se conocían detalles, lo importante de lo que está haciendo hoy la Alcaldía de Gutiérrez es que cada uno de esos hallazgos anunciados se convierte automáticamente en una denuncia que se presenta ante la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría para que den comienzo a investigaciones contra el equipo del exalcalde Daniel Quintero.
Otro detalle importante es que dentro de las investigaciones que surjan, el Distrito se constituye como víctima.
“Eso significa que tenemos el derecho y la obligación de estar en todas las audiencias, para aportar pruebas, para discutir en alegatos y para luego replicar contra terceros”, relató el alcalde Gutiérrez.
En este primer barrido no se incluyen los hallazgos de Empresas Públicas de Medellín, y filiales suyas como Afinia y Empresas Varias, entre otras, según detalló el mandatario local.
Según el mandatario de los medellinenses, de los 501 hallazgos e irregularidades que fueron puestas en conocimiento de los órganos de control, 262 ya se hallan en manos de la Procuraduría y la Personería Distrital, 156 en la Contraloría General de la República y en la de Medellín, así como 83 en la Fiscalía General de la Nación
De los más de 501 hallazgos, el mandatario hizo énfasis en nueve de ellos.
El Primero, al que denominó “Computadores sin futuro”, hace referencia al programa estrella de Daniel Quintero, un contrato por el cual la Alcaldía compró 150.000 computadores para entregarlos a los estudiantes de últimos años de los colegios públicos de la ciudad. Sin embargo, descubrieron varias irregularidades. Una de ellas que luego de que adjudicaron la licitación, cambiaron las condiciones del contrato.
Esto configuraría un delito, ya que no es permitido por la Ley 80 de contratación, pues significa que las reglas de juego no son transparentes y limpias para los que estaban en competencia. No se descarta, incluso, que los competidores en esa licitación puedan demandar. La otra anomalía es que el contrato comenzó costando $89.000 millones y le hicieron adiciones de más de $38.000 millones. Es decir, un sobrecosto del 43%.
El segundo es el caso de la Clínica de la 80, centro médico que –pese a las inversiones que la Alcaldía le hizo en pandemia y su intención de adquirirla para ampliar la capacidad médica en la ciudad, terminó en manos de privados por cuenta del desorden de la administración Quintero.
Según Gutiérrez, no se podía suscribir convenio con Saludcoop, porque Saludcoop estaba sancionada, lo que implicaba una inhabilidad. Por ello se hizo un comodato y la Alcaldía de Quintero en medio de la pandemia invirtió en ella $24.000 millones. Luego, cuando se terminó el comodato, la Alcaldía vendió por $12.000 millones las adecuaciones hechas, es decir, por la mitad de la inversión. El quid del asunto es que esa operación no se podía hacer sin una valoración. En este caso, en principio puede haber un detrimento patrimonial, pero se tendría que investigar si por debajo se trató de un negocio en el que alguien se ganó una plata indebidamente.
El tercer caso se denominó La funeraria y Buen Comienzo. Según explicó Gutiérrez, la alcaldía de Quintero compró una funeraria por $5.182 millones en el barrio Juan del Corral. En la notaría pública de la venta se indicó que “Será destinada al proyecto de infraestructura educativa Jardín Infantil Buen Comienzo”. Pero el detalle es que por las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial POT en ese punto de la ciudad no puede funcionar allí un Buen Comienzo. Además, de seguir en el embeleco que dejó Quintero, la Alcaldía necesitaría más de $7.000 millones para adecuar el espacio.
El Cuarto incidente hace referencia al turbio negocio del lote Aguas Vivas. La pregunta de este caso que se hace la administración de Gutiérrez es: ¿cómo un lote entra al banco de tierras del municipio avaluado en $2.700 millones, pasa a los $48.000 millones luego de que Carlos Mario Montoya como secretario de gestión territorial pide un avalúo?
El asunto es por lo menos peculiar, toda vez que casualmente, a los tres meses salió el dueño del lote a pedirle a la Procuraduría que haga una conciliación para que el municipio le reconozca los $48.000 millones. Además, testigos del “negociazo” demostraron la presión de Montoya para que esto ocurriera.
Todo llegó al punto que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó el pago. Y aun así en una movida absurda, el Municipio apeló la decisión. Es decir, es como si el municipio estuviera muy interesado en desembolsar $48.000 millones por un predio que había entrado por $2.700 millones de pesos. “Una cosa es que apele el dueño del lote, y otra distinta el municipio”, dijo Gutiérrez.
Como si fuera poco, después, el subsecretario de Suministro le devolvió el lote al que era su propietario como si nada hubiera pasado, y para colmo de males, ese subsecretario después fue nombrado secretario general como premio a su gestión.
El quinto caso Gutiérrez lo llamó “De jardines a rastrojos”. Quizá este es uno de los casos que fue más evidente para los ciudadanos, pues la alcaldía de Quintero le quitó al Jardín Botánico los contratos de ornato y mantenimiento de los jardines públicos y se los entregó a una empresa sin experiencia llamada Reforestadora el Líbano, ligada a políticos del partido Liberal del suroeste antioqueño que no tenían ninguna idoneidad.
El sexto incidente tiene que ver con el escándalo de la chatarrizacion en la Secretaría de Movilidad. Según Gutiérrez, quien se ganó la peculiar licitación, la Unión Temporal Rym SAS, se ganó un contrato de $33.000 millones para chatarrizar 50.000 vehículos, por los cuales iba a pagar tan solo $98 pesos por kilo de material ferroso cuando en el mercado el kilo está entre $1.200 y $1.500 pesos.
El séptimo caso tiene que ver con el contrato ilegal para la adquisición de un software para la enseñanza del inglés en los colegios del Distrito el cual se hizo con un único proponente y de manera directa alegando que este era el único “capaz” de cumplir lo encomendado, como si este fuera el único que tuviera la ciudad para ofrecer la formación de inglés en una técnica profesional y en general para una institución educativa de Medellín. Por ello, el alcalde Federico sospecha que se violó la ley de contratación pública, por lo que alertó de este contrato a las autoridades.
El octavo hecho del que Gutiérrez se refirió como caso con hallazgos es el mantenimiento del Parque de las Aguas por parte de Metroparques y que hoy tienen en aprietos a exdirectivos de la entidad. “A los que les dieron el contrato de mantenimiento de este parque acuático, a través de Metroparques, y que tenía un valor de $22.000 millones, eran empresas en el sector textil que están desesperados viendo cómo los devuelven”, explicó el mandatario.
El noveno y último caso del que hizo referencia Gutiérrez tiene que ver con las irregularidades alrededor del programa de Presupuesto participativo, que el alcalde llamó “el bazar de la corrupción”.
“En la administración anterior se habrían utilizado datos personales. Sin autorización, en las votaciones virtuales con el propósito de direccionar los recursos hacia proyectos y programas específicos”, dijo Gutiérrez.
El alcalde indicó que hay testigos y denunciantes que afirman que aparecen como votantes del presupuesto participativo cuando ni siquiera votaron.
“Se evidenció un presunto carrusel de la contratación desde el nivel directivo en el que se habrían direccionado los recursos del Presupuesto Participativo para favorecer por lo menos a 18 corporaciones”, añadió Gutiérrez.
De acuerdo a las pesquisas de la auditoría, los contratistas identificados habrían recibido solo en 2023 más de $25.000 millones distribuidos en su gran mayoría a través de la Secretaría de Participación, el Inder y la Secretaría de Cultura.
“En el último trimestre del 2023 se ejecutaron $16.000 millones por Presupuesto Participativo en implementos deportivos, los implementos no sean han logrado encontrar en ninguna parte y tampoco los soportes ni la identificación de los mismos”, añadió el alcalde.
Dijo Gutiérrez que la contratación del presupuesto participativo se hizo por medio de Plaza Mayor. “Internamente, diseñaron unos códigos, no técnicamente, para saber a quién le entregaban los contratos. Ese código tenía como fin entregarle el dinero a unos pocos contratistas”.
Según el mandatario local, en los correos electrónicos que dan cuenta de las irregularidades se evidenció como se entregaban los recursos a dedo. En uno de ellos se leyó:
“Solicitud de petición:
Muy respetuosamente me dirijo a usted (...) facturo un apoyo al fortalecimiento de la organización. El señor “X” manifiesta que la factura no la puede pagar, ya que él tuvo que pagar un porcentaje para la campaña de Juan Carlos Upegui”.
En otro aparte de la rueda de prensa, Gutiérrez agradeció a las veedurías de la ciudad, a los medios de comunicación, a los servidores y ciudadanos así como los pocos concejales, diputados y congresistas que pusieron en el radar las diferentes problemáticas y presuntos hechos de corrupción que habría protagonizado la Alcaldía de Quintero en sus cuatro años de mandato.
“Este es solo el principio, y es solo una parte de lo que vamos encontrando mientras vamos gobernando. Mi responsabilidad es mostrar lo que hemos hallado. A Medellín la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada, pero serán los entes de control los que determinen si hay faltas o delitos en ellos”, puntualizó Gutiérrez.
