La Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó cargos a Luis Fernando Palacio Sinisterra, entrenador de fútbol de 37 años en Medellín, señalado de producir, almacenar y distribuir material sexual que involucraría al menos a cinco menores de edad de entre 13 y 16 años.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación se desarrolló en coordinación con la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), que ayudó a rastrear la transmisión de cerca de 60 archivos con imágenes y videos de contenido sexual infantil.
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Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 20 de julio de 2025, periodo en el que el procesado habría aprovechado su posición como entrenador para acercarse a adolescentes y generar un vínculo de confianza que, según la Fiscalía, derivó en la producción y circulación de material ilícito a través de plataformas digitales.
Imputación por pornografía infantil y medida de aseguramiento
En audiencias realizadas ante un juez de control de garantías en Medellín, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes formuló a Palacio Sinisterra cargos por el delito de pornografía con menor de 18 años, contemplado en el artículo 218 del Código Penal colombiano.
El acusado no aceptó los cargos, pero la Fiscalía presentó elementos materiales probatorios que incluyen interceptaciones de comunicaciones, trazas de giros internacionales y el hallazgo de los archivos explícitos distribuidos en la red.
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Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que las interceptaciones al teléfono móvil del entrenador permitieron identificar movimientos bancarios internacionales y conversaciones cifradas con terceros, en las que se utilizarían nombres en clave, entre ellos el alias “Deiber”.
Según el informe de investigación, estos hallazgos sustentarían la hipótesis de una dinámica de producción y comercialización de material sexual infantil con posible alcance transnacional.
A la luz de la gravedad de las presuntas conductas y del riesgo para la comunidad, el juez ordenó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
La Fiscalía argumentó que con la medida se buscaría evitar una posible obstrucción de la justicia y proteger a eventuales nuevas víctimas que pudieran surgir en el curso de la investigación.
Tanto la Fiscalía como la Policía hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de abuso o explotación sexual en entornos deportivos o escolares.
Un caso que reabre el debate sobre el control en el deporte formativo
La captura y judicialización del entrenador ha generado preocupación en Medellín, donde el caso se enmarca en un contexto de creciente alerta por delitos sexuales contra menores.
Organizaciones de protección a la infancia han reiterado que las figuras de autoridad en ámbitos deportivos, educativos o religiosos tienen una posición de poder que requiere controles estrictos, protocolos de denuncia y formaciones específicas en prevención de abusos. La Fiscalía subrayó que la investigación sigue abierta y no descarta que puedan aparecer más víctimas o pruebas adicionales.
En paralelo al proceso penal, expertos recuerdan que Colombia cuenta con un marco normativo robusto para perseguir la pornografía infantil. La Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009 establecen obligaciones para prestadores de servicios turísticos y de internet, mientras que el artículo 218 del Código Penal prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes produzcan, distribuyan o posean representaciones reales de actividades sexuales con menores de 18 años. Además, las penas pueden aumentar cuando las víctimas son menores de 14 años.
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