A las 9:00 a.m. de este martes 7 de octubre inició la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento carcelario en contra de Misael Cadavid, exgerente del hospital público La María y exgerente de bomberos del municipio de Itagüí.
Entérese: Capturaron a Misael Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí, por contratos con el Área Metropolitana durante la alcaldía de Daniel Quintero
Cadavid, cercano a Luis Pérez y a Daniel Quintero, está señalado de pertenecer a un entramado de corrupción para direccionar contratos con presupuesto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $17.654, en los cuales además se habría detectado sobrecostos. En uno solo de esos contratos, que se firmó por $4.000 millones, se habrían apropiado de $3.000 millones, según le dijeron investigadores a EL COLOMBIANO, pero la denuncia que en su momento instauró la veeduría Todos por Medellín asegura que se pudieron perder alrededor de $6.000 millones en total en un lapso comprendido entre mediados de 2022 y mediados de 2023.
En esa época el Área Metropolitana la dirigía Juan David Palacio, quien fue puesto allí por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Pero también existen versiones de testigos que aseguran que el poder detrás de la contratación en esta entidad era Miguel Quintero, el hermano del mandatario local. Y es importante recordar igualmente que Palacio había obtenido su primer puesto público como parte de la unidad de apoyo de Miguel Quintero cuando fue concejal de la capital antioqueña.
Al mismo tiempo de la captura de Cadavid, también el lunes fueron capturados el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Elkin de Jesús González, y María Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana. Los cargos contra ellos son presunto peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contrato.
La audiencia se está celebrando en el Juzgado 07 penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías y ha transcurrido de esta manera:
9:00 a.m. Se hace la presentación de las partes y se cumplen con los formalismos para el inicio de la diligencia.
9:20 a.m.. El fiscal del caso argumenta la petición de legalizar la captura realizada el día anterior. Ante esto, el abogado de Cadavid apunta que la aprehensión con toda la parafernalia policial no habría sido necesaria y que hubiera sido suficiente con una citación a comparecer ante el juzgado.
10:17 a.m. La juez legaliza la captura después de verificar que se cumplieron todos los formalismos legales, que medió una orden judicial y que a los indiciados se les respetaron sus derechos.
De inmediato, el fiscal procedió a la lectura de imputación de cargos contra Cadadid, Rúa y González.
Para la funcionaria del AMVA sustentó los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros por 2.481 millones de pesos. Estos habrían ocurrido en seis contratos por más de 17.000 millones celebrados entre los años 2020 y 2022 que tenían por objeto suministrar algunos elementos para prevenir y combatir el Covid-19 en el Valle de Aburrá y, sobre todo, actividades de apoyo, capacitación y fortalecimiento a los cuerpos de bomberos en esta jurisdicción.
En esos contratos se habrían presentado tanto sobrecostos en insumos como productos no entregados y la funcionaria, según el fiscal, no habría cumplido con los deberes que tenía como supervisora en cuanto a la realización de estudios previos y hacer el seguimiento adecuado, pero también habría certificado facturas que no correspondían a la realidad.
Igualmente, Cadavid fue imputado por peculado por apropación por la misma cantidad que Rúa, al haber firmado seis contratos con el MVA en los cuales se dieron las presuntas irregularidades. Además, el operador judicial detalló que parte de los recursos del erario público habrían ido a parar a la campaña que hizo Cadavid entre finales de 2021 y marzo de 2022, cuando se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por el movimiento Cambio Radical.
Por su parte, la imputación contra el capitán González se basa en un contrato que firmó en 2021, por 178 millones de pesos, cuando actuó como representante de los bomberos de Itagüí mientras que Cadavid hacía proselitismo. La Fiscalía tendría indicios de que en ese contrato el sobrecosto en los kits entregados fue de 78,4 millones de pesos.
De acuerdo con lo dicho por el fiscal, en uno solo de los contratos se cobraron servicios de transporte que no se prestaron por 39,4 millones y de 40 millones por recargas a celulares que no se hicieron.
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