El desastre no ocurre, se construye pacientemente. Nunca es culpa de la naturaleza, por el contrario, siempre es una responsabilidad colectiva, el resultado de las decisiones y omisiones. Y en eso, Medellín y el Valle de Aburrá han sido expertos.
Desde 1927 hasta 2025, los 15 desastres más mortíferos (12 en Medellín, dos en Bello y uno en Envigado) han dejado 1.005 muertos. La fatalidad podría explicar, si acaso, alguna de esas tragedias, como la ocurrida en Media Luna, en Santa Elena, en 1954, que dejó cerca de 100 víctimas mortales luego de que decenas de personas se congregaran para rescatar a una familia atrapada por un alud y un par de minutos después la mayoría de los presentes quedaran sepultados por un segundo derrumbe.
Pero las atribuciones al azar acaban cuando queda en evidencia que siete de esas 15 tragedias ocurrieron en los últimos 20 años, y que a pesar de tener recursos, tecnología, antecedentes, alertas, planes, normativas y demás, el riesgo se materializó en desastre y arrasó con cientos de vidas. ¿Por qué no se evitó? ¿Cuántos más dejarán de evitarse?
La Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional en Medellín presentó su informe “Riesgo de desastres: un llamado al trabajo inmediato, conjunto y sostenido”, el primer documento que compila y analiza información del último siglo hasta el presente año. En este documento se pudo concluir que la vulnerabilidad de Medellín frente al riesgo de desastres nunca ha estado determinada ni por la naturaleza ni por azar, sino que ha sido la consecuencia de un proceso largo y premeditado, alimentado por decisiones urbanísticas y las lógicas económicas producidas por la segregación físico-espacial que impera en la ciudad, sobre todo desde mediados del siglo XX.
En ese orden de ideas, según la directora de la Escuela del Hábitat, Elizabeth Arboleda Guzmán, la gestión del riesgo en Medellín, y por extensión en el Valle de Aburrá, ha sido entendida como un mero paliativo para mitigar los daños, pero nunca para evitarlo. “Debemos preguntarnos: ¿Medellín para qué se ha preparado? La gestión del riesgo se convierte en gestión del desastre cuando no se hace gestión del territorio que abarca todas esas relaciones del mercado, del poder y entre las personas. Esta perspectiva exige que la gestión del riesgo de desastres sea, ante todo, gestión territorial, que aborde las causas estructurales y la segregación”, detalla la antropóloga y doctora en Geografía.
Hay que poner la discusión en cifras: el 30% de las personas de Medellín habitan en un polígono de tratamiento que presenta un nivel alto o muy alto de alguna de las amenazas de origen natural: movimientos en masa, inundaciones, avenida torrencial o una combinación de varias de éstas. El 25% del territorio en Medellín tiene algún grado de riesgo por el cambio climático. Según el Área Metropolitana, en los próximos cuatro años la ocupación irregular de las laderas mantendrá en riesgo a 344.000 personas, equivalente a casi el 10% de la población que se estima que habite el Valle de Aburrá para 2030.
Hay más datos: cerca del 74% de las pérdidas por desastres asociados a amenazas de origen natural en Medellín son causadas por deslizamientos de tierra debido a los procesos de ocupación informal en laderas, según el estudio Evolución acoplada de una ciudad y deslizamientos de tierra, obra de los investigadores Edier Aristizábal, Sara Nieto y Ogur Ozturk. El 50 % de todos los deslizamientos presentados en Medellín ocurrieron en el nororiente y noroccidente, donde vive la mayor cantidad de población socioeconómicamente vulnerable.
Pero el desastre no viene solo en forma de derrumbe. Por lo menos 21.200 viviendas en la capital antioqueña viven a merced de desaparecer por una avenida torrencial.
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Pero esas no son las causas, son consecuencias. Encontrar las razones que llevaron a que 780.000 personas en Medellín habiten polígonos amenazados por inundaciones y derrumbes inminentes implica ahondar en la serie de decisiones y hechos que lo permitieron. Por ejemplo, según señala la directora de la Escuela de Hábitat, hablando de ocupación irregular, una de las raíces del problema es la dinámica que ha imperado en la ciudad frente a la destinación de la vivienda de interés social.
“La política de Vivienda de Interés Social (VIS) es capturada por la clase media y alta para inversión, no para reasentar a las poblaciones en alto riesgo, burlando el objetivo social del subsidio”, detalla la experta. Hay un dato no menor, en Medellín una familia necesita ingresos superiores a cuatro salarios mínimos legales para poder acceder al mercado de vivienda VIS.
Otra causa de fondo es una de las discusiones más vigentes en la ciudad: “el efecto dominó por la turistificación. El auge de la vivienda de lujo y para extranjeros está encareciendo los arriendos, generando un efecto dominó que desplaza a la clase media alta y a su vez a la clase media, empujando a la población vulnerable a las laderas y expandiendo el riesgo en la periferia”, expone Arboleda Guzmán.
Sobre el papel, el ordenamiento territorial definido en los últimos 25 años ha marcado unas barreras claras en la ciudad que determinan dónde está prohibido habitar, por ejemplo, en las llamadas zonas de riesgo no mitigable para desincentivar el asentamiento masivo en zonas inestables.
Pero en la práctica esas barreras no han tenido eficacia. Resulta imposible que la tuvieran ante el exponencial aumento demográfico de Medellín. La capital antioqueña es la tercera ciudad más densamente poblada en el mundo, con 19.700 habitantes por kilómetro cuadrado, una densificación que ha estado impulsada por el crecimiento en la periferia y no en su centro, donde está la mayor oferta de servicios e infraestructura.
En 2021, después del periodo crítico de pandemia, 7.485 personas se asentaron en Medellín, lo que significó un aumento de casi 200% respecto al año anterior. Con el rígidofiltro financiero que menciona Arboleda para acceder a vivienda social y las nuevas presiones sobre las zonas residenciales consolidadas (por renta corta, gentrificación y fenómenos asociados), es imposible que esas zonas rojas se mantengan fuera del alcance de la construcción irregular.
Según Edier Aristizábal, profesor del Departamento de Geociencias y Medioambiente de la Facultad de Minas y doctor en ingeniería, “estas zonas se siguen ocupando, las que ya están ocupadas se siguen densificando, creciendo en altura y reduciendo los espacios. Precisamente esa no intervención es lo que ha propiciado que en muchos de estos sectores esa condición de riesgo se mantenga o sea mucho más crítica”.
¿Es posible ser una ciudad más segura?
Según plantean los expertos, la transformación total del paradigma de la ciudad frente a la gestión del territorio y por ende del riesgo, debe comenzar de manera inmediata desde la revisión del POT que ya está en marcha y que quedará lista en 2026.
Tanto para la directora Arboleda como para el profesor Hernán Eduardo Martínez Carvajal, miembro del grupo de Investigación Geotecnia de la UNAL, hay dos impostergables. La primera, según plantea Arboleda, es transformar la política de vivienda social para garantizar un verdadero modelo de reasentamiento y de beneficio a familias vulnerables.
Y es que la deuda de Medellín, a la luz de las cifras, es irrefutable. Hasta hace una década, los asentamientos precarios ocupaban el 22,92% del total del suelo urbano en Medellín. Hoy no se sabe cuánto aumentó ese porcentaje después de la explosión de construcciones irregulares, sobre todo en las comunas Santa Cruz, Manrique, Popular y Villa Hermosa.
Hoy 38.206 hogares están en déficit cuantitativo de vivienda y 154.29 en déficit cualitativo. Según los cálculos de los investigadores de la Escuela de Hábitat, la cantidad de proyectos de vivienda de interés social, prioritario, no VIS y sin asignar que se desarrollan actualmente difícilmente cubrirían al 15% de esos hogares. Y el déficit no hace más que crecer exponencialmente cada año.
Por otro lado, el profesor Martínez plantea la urgencia de que el POT pase del modelo ineficaz que segrega desde la planeación; que por un lado prohíbe ocupación en laderas y desvaloriza suelos donde habitan personas vulnerables y por otro facilita la segregación socio-espacial con las determinaciones que favorecen al sector inmobiliario.
En ese orden de ideas, el investigador Martínez señala como impostergable empezar a cuantificar la vulnerabilidad. “La ciudad no romperá la inercia y el resultado será la ausencia de mejoras tangibles y la repetición de los mismos errores cada cinco o diez años”.
Para ello, según expone, los instrumentos que sustentan el POT deben “trascender la geología, enfocándose en la vulnerabilidad social, lo que requiere cuantificar tres componentes clave: la vulnerabilidad estructural, analizando la resistencia y las condiciones técnicas de las viviendas; la vulnerabilidad social y demográfica, midiendo factores como la cantidad de ancianos o niños en riesgo y su ‘madurez’ para enfrentar la amenaza, y las dinámicas de ocupación, estudiando los patrones de movilidad temporal (de día o de noche) y la evolución de los asentamientos para predecir a dónde van a llegar las personas el próximo año y los próximos cinco años”.
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Medellín hizo parte de esa tarea, el problema es que se le olvidó el camino. Carlos Montoya, ex gerente de vivienda de la EDU y uno de los principales responsables de que Medellín se convirtiera desde los 90 en modelo mundial de manejo de barrios informales, lleva años tocando puertas y haciendo llamados para demostrar la necesidad de que la ciudad recupere su exitosa política de mejoramiento integral de barrios y transformación de asentamientos informales, que no es otra cosa que todos los planes y estrategias orientados a resolver las problemáticas físicas, ambientales y legales de los barrios informales y autoconstruidos.
Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo: facilitar los procesos de legalidad del barrio y sus familias para poder mejorar las condiciones físicas de las viviendas y la implementación de servicios públicos, como acueducto, lo que a su vez reduce drásticamente los riesgos de filtraciones de agua por conexiones irregulares que eventualmente pueden acelerar o agravar inestabilidad geológica y causar un gran derrumbe.
El Plan de Desarrollo de la alcaldía de Federico Gutiérrez plantea un presupuesto de $398.000 millones para el cuatrienio para el programa “Viviendas dignas, espacios seguros”. No obstante, las mesas de Vivienda y Hábitat de varias comunas han señalado en diferentes espacios que esta propuesta no ofrece una verdadera propuesta audaz y resolutiva para lograr la consolidación barrial en zonas críticas de expansión con vivienda y hábitat digna ni para lograr la contención de esos asentamientos irregulares.
Un laboratorio de soluciones, no de desastres
Desde los 80 Medellín se ha convertido en un lugar concurrido por parte de expertos de todo el mundo, pues en pocos lugares confluyen con tal intensidad la actividad geológica, meteorológica y antropológica que derivan en riesgos de desastres.
Lamentablemente, según plantea la directora de la Escuela de Escuela de Hábitat, la capital antioqueña se ha convertido en un laboratorio para aprender sobre riesgos y desastres, precisamente, por la falta de gestión del riesgo.
“Aquí, el conocimiento académico como el comunitario en el campo del riesgo de desastres ha sido exponencial, toda vez que la desafortunada realidad local ha obligado a ello, no se puede decir lo mismo del saber gubernamental”, expone.
En Medellín se han ensayado por parte de expertos locales e internacionales sensores, softwares, planes de respuesta ante grandes desastres, estudios a profundidad de actividad geológica que abarca miles de años, tecnología de monitoreo, sistemas de alerta, y tantas otras cosas. Pero pese a todo eso, no ha sido posible aplanar la curva de emergencias y tragedias.
El profesor Martínez Carvajal plantea que, además de las soluciones de fondo en materia de gestión del territorio, es posible llegar a ser una ciudad y una región con un riesgo reducido y mayoritariamente seguro para sus habitantes. Pero urge establecer ajustes concretos.
Menciona, por ejemplo, al Siata, que analiza más de 25,000 datos por hora para la gestión del riesgo, pero cuyo enfoque sigue siendo más en hidroclimatología que en la interacción geológica y social, a pesar de inversiones significativas (más de $170,000 millones acumulados hasta 2024).
También apunta el investigador hacia el papel del Dagrd y el Dagran, que han invertido en estudios revolucionarios sobre movimiento en masa y avenidas torrenciales, incluyendo el uso de inteligencia artificial para proyectar zonas vulnerables. No obstante, advierte que según informes de la Personería de Medellín, han sido múltiples las veces en las que a pesar de tener conocimiento sobre situaciones de riesgo, pero la reubicación de afectados no se materializa a tiempo.
Lo que concluyen los expertos es que los Planes de Ordenamiento Territorial tienen que incorporar de la gestión del riesgo en la planificación territorial como un eje fundamental, abolir el modelo de segregación socio-espacial. También invertir en infraestructura resiliente y en soluciones basadas en la naturaleza, proteger las cuencas y masificar en las laderas los usos agroforestales; utilizar los datos que ahora tiene capacidad de producir cada hora con modelos de machine learning para tomar las decisiones necesarias incluso con años de anticipación. Que nunca más haya lugar a excusas mientras se cuentan muertos.
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