Daniel Quintero Calle llegó a la Alcaldía de Medellín con 303.000 votos, le sacó 70.000 de diferencia a Alfredo Ramos, del Centro Democrático. En su discurso de victoria habló de una ciudad unida, de hablar con la oposición, de potenciar el vínculo con las universidades y los empresarios. Nada de eso sucedió, Quintero no termina su gobierno para hacerle campaña al primo de su esposa, Diana Osorio, y deja una ciudad maltrecha, llena de escándalos y denuncias de corrupción.
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Desde los primeros meses como alcalde, Quintero abandonó las ideas conciliadoras y le dio un golpe a la mesa: provocó la renuncia de la junta directiva de EPM para, meses después, buscar entregarles Hidroituango a contratistas extranjeros y abrir negocios en otras partes del país pese a las afugias de plata y a las advertencias de expertos, negocios como el de la compra de Afinia o de la Triple A; también de la empresa sacó los vicepresidentes técnicos y llevó allí a sus amigos políticos, presionando a la gerencia por medio de su por entonces secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar. Pero como dicen en Bogotá: EPM es tan buena empresa que hasta mal administrada se sostiene.
Buen Comienzo
Más allá de EPM, los ciudadanos activos se inquietaron en enero de 2021, cuando el entonces alcalde Quintero quiso cambiar a los contratistas del programa Buen Comienzo, que se encarga de atender a todos los niños de Medellín que están entre los 0 y los 5 años, programa que fue premiado como un ejemplo de educación y atención integral para la primera infancia. Quintero decidió remover a los contratistas y puso allí a Colombia Avanza, una corporación que nada tenía que ver en este tipo de atención y que estaba ligada a políticos de Bello como la casa Suárez Mira.
Casi dos años después la Fiscalía entró en esos contratos y abrió una investigación que sacó del cargo a la entonces secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, a quien le dieron detención preventiva para que no interfiriera en la investigación judicial. La misma Fiscalía recalcó que Colombia Avanza no era idónea y que se habría amañado todo el proceso para entregarles dos contratos que sumaban casi 30.000 millones de pesos.
Entre los hallazgos, la Fiscalía encontró que Colombia Avanza solo tenía categoría para operar contratos de hasta 720 millones de pesos y no de 30.000; además, aseguran que no ejecutó las obligaciones contractuales, sino que subcontrató a otras entidades, Impulsando Mi País y Servicio Entrega. Este detalle es relevante por dos razones. La primera, porque demostraría la falta de capacidad e idoneidad de Colombia Avanza para quedarse con estos contratos; y la segunda, porque al subcontratar habrían generado sobrecostos, pues cada empresa se queda con un porcentaje, sin contar que los dos subcontratistas también acudieron a otros proveedores.
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En su momento, el ente acusador reveló varias pruebas, entre ellas audios y mensajes de texto, en los que se muestra que las partes eliminaron pruebas para que no se hallaran pruebas en las interventorías y en las investigaciones de las autoridades. El caso está abierto.
Los jardines de la ciudad tirados
En 2021 también se vinieron abajo los jardines públicos de la ciudad, el mantenimiento de los parques y de las zonas verdes quedó al garete y fue porque la Alcaldía decidió quitarle ese contrato al Jardín Botánico para entregárselo a Metroparques, entidad descentralizada que podía proceder con una subcontratación casi a dedo.
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Para que Metroparques pudiera contratar el mantenimiento de los jardines se amplió su objeto social en junio de 2020. Pero como no tenía experiencia en este campo, subcontrató por $3.900 millones a la Reforestadora El Líbano. Lo hizo en una convocatoria directa en la que participaron otras dos compañías familia Vélez Henao: Construgeo SAS y MasCampo, en cuyos registros mercantiles aparecen los nombres de la esposa, la cuñada y los hijos del dirigente liberal de Andes, Asdrúbal Vélez. Todo pareció un movimiento político para beneficiar a amigos cercanos de la Alpujarra. Quedó visto que a la Reforestadora le quedó grande el ornamento de la ciudad.
En su momento, EL COLOMBIANO denunció que cuando en agosto de 2021 finalizó el contrato con la Reforestadora El Líbano, se le otorgó el mismo a Arrayán Soluciones por un monto de $6.000 millones, esto a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Metroparques. Algunos jardineros nos dijeron en su momento que no pudieron volver a ser contratados en el Jardín Botánico y que fueron llamados para trabajar por la misma persona en El Líbano y casualmente en Arrayán, aseguraron que se trataba de la misma empresa y que tan solo habría cambiado el nombre.
Los meganegocios con EPM y Canacol
EL COLOMBIANO reveló hace una semana que detrás de varios contratos de la Alcaldía de Medellín habría una “junta” de tres ciudadanos venezolanos con los que Quintero se reúne en varias ciudades del país y con quienes comparte fiestas y negocios. Se trata de Rafael Carrero Valentier, Eduardo Rodríguez Hernández y Juan Biord Pereda, el primero miembro de una familia millonaria que tuvo relación con Hugo Chávez y luego saltó a la oposición, incluso apoyando a Juan Guaidó.
El caso es que los tres —Carrero, Rodríguez y Biord—, según testimonios, han tenido que ver con jugosos negocios que durante esta administración se han hecho a costa de los recursos públicos de Medellín. El de más alto monto sería el contrato que EPM le otorgó a Canacol para el suministro de gas y la construcción de un gasoducto, por un valor de cerca de 5 billones de pesos, y por el cual, según le aseguran a EL COLOMBIANO dos fuentes cercanas al caso, hubo una comisión, posiblemente por parte de los chinos detrás del negocio, de 50 millones de dólares.
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Todo cobra sentido según algunas historias que Rodríguez cuenta en fiestas y reuniones formales e informales, allí dice que tanto él como Carrero fueron quienes le consiguieron a Quintero una reunión con Oswaldo Cisneros, el multimillonario venezolano dueño de Canacol, ya fallecido, que era cercano a la familia de ellos. Razón por la cual, tanto Lalo como Carrero se habrían beneficiado de un porcentaje de la comisión por ese negocio. El caso está abierto para una investigación de las autoridades.
¿Plata pública en campaña?
Hace ya un mes un escándalo explotó en las redes sociales. Con un convenio que la Alcaldía firmó con la Universidad Nacional Sede Medellín para hacer comunicaciones y se habría estado haciendo campaña política para Juan Carlos Upegui y otros candidatos del movimiento Independientes, fundado por Daniel Quintero.
Se trató de un convenio de 9.050 millones de pesos y salió a la luz porque entre las evidencias que los funcionarios que subieron al Secop —portal en el que se puede seguir la contratación pública— para demostrar que estaban cumpliendo a cabalidad con sus tareas estaban piezas publicitarias de Upegui y otros alfiles de Quintero como Ana María Valle y Sergio López.
El origen del contrato es del 13 de febrero de este año y lo firmó el entonces secretario de Comunicaciones, Juan José Aux, y el vicerrector de la Universidad Nacional, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. El gran asunto es que entre los archivos que se podían ver en el Secop, Aux aparecía como editor, es decir, él sabía que ese material de publicidad electoral existía dentro de las carpetas de los contratistas.
La Alcaldía ha insistido en que se trata de una equivocación de carpetas digitales, pues estas aparecían manipuladas por personas que algunas trabajaron allí pero que actualmente no tienen contrato. Sin embargo, EL COLOMBIANO pudo comprobar que las personas encargadas de crear los productos, en su mayoría, han estado trabajando directamente con la Alcaldía y luego saltan de convenio en convenio con distintas universidades.
Desde la Universidad Nacional aseguraron que están investigando si con dicho contrato se hizo campaña electoral; el caso está en Procuraduría y Fiscalía.
Emvarias y el cargue lateral
Hasta comienzos de agosto, lo último que sabía la opinión pública sobre el cuestionado proyecto de cargue lateral de Emvarias es que tras los informes publicados y la lupa de la Procuraduría por sus presuntas irregularidades, Emvarias había decidido dejarlo quieto, pues implicaba invertir $251.000 millones para arrendar unos vehículos de recolección de basura en un plan piloto que amarraría los recursos durante siete años.
La Procuraduría General le había pedido a Emvarias a mediados de julio “abstenerse de tomar cualquier decisión de tipo contractual frente a este proyecto de cargue lateral” hasta tanto el Ministerio Público no investigue de fondo las actuaciones y los soportes que llevaron a la Junta Directiva a dar vía libre para destinar más de $251.000 millones en un proyecto que presenta irregularidades.
“En observancia de las múltiples notas en medios de comunicación frente a la contratación de este proyecto, esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender los trámites de contratación, hasta tanto no se haya efectuado un análisis riguroso de la información solicitada por este ente de control”, señalaba la Procuraduría.
Pues bien, en los últimos días y con mucho secretismo por parte del gerente de Emvarias, Carlos Borja, y la junta directiva de la empresa, adelantaron una estrategia que tenía como fin encontrarle ‘la comba al palo’, hallar un concepto que les quitara de encima a la Procuraduría y así poder firmar el contrato para destrabar el proyecto. Y lo lograron.
En el consejo de gobierno de este lunes 25 de septiembre, el alcalde Daniel Quintero fue quien hizo el anuncio. El negocio para el cargue lateral quedó firmado y comenzará a operar dentro de dos meses en Medellín.
