En menos de 24 horas, Sara Jaramillo Gómez, una líder juvenil que integra varias organizaciones dedicadas a luchar contra la explotación sexual y la trata de personas en Medellín, pasó de la orilla de los denunciantes a recibir intimidaciones vía mensaje de texto.
Su pecado pareciera haber sido el de no quedarse de manos cruzadas ante una escena que se topó en la recepción de un hotel ubicado en pleno Parque Lleras y en la que estuvieron involucradas tres mujeres, probablemente menores de edad.
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Con imágenes y grabaciones en mano, que ya fueron entregadas a las autoridades, Jaramillo asevera tener lo suficientemente documentado que unas niñas a las que vio el pasado martes iban a ser presuntamente explotadas sexualmente por un turista extranjero.
Pese a llamar al 123 denunciando el hecho, adentrarse con celular en mano en la recepción de ese establecimiento buscando detener el acto y luego hacer pública la denuncia a través de las redes sociales, un día después de lo ocurrido no solo se ha perdido el rastro de las mujeres implicadas, sino que Jaramillo señala haber empezado a recibir mensajes intimidatorios por haber alzado su voz de alerta.
Aunque las autoridades lanzaron desde comienzos de abril pasado una cruzada para erradicar la explotación sexual de menores en la ciudad, este caso reabrió el debate sobre qué tan efectivas están siendo las instituciones para atender esas alertas y qué tan en serio son tomadas las denuncias ciudadanas, muchas veces diluidas en laberintos burocráticos y normativos que no llegan a tiempo para proteger a las víctimas y poner a los presuntos culpables ante la justicia.
El recuento de la denuncia de la presunta explotación sexual a menores en el Hotel Topá House
La historia de Jaramillo comienza hacia las 7:45 p.m. del pasado martes 15 de octubre, cuando por pura cuestión de azar pasaba por la carrera 39 de El Poblado.
Sobre el andén y a media cuadra del Parque Lleras, dos mujeres, probablemente menores de edad, aguardaban en la entrada del Hotel Topá House.
Tal como quedó registrado en varios videos, incluidos unos captados por las cámaras de seguridad de ese establecimiento, una de aquellas mujeres, de muy baja estatura y contextura delgada, vestía una falda negra muy corta, un top blanco, tenis y un bolso negro, mientras su acompañante, también de baja estatura, vestía un bluyín, un saco negro y unos tenis blancos.
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La escena, ya en la recepción del hotel, la complementaba una tercera mujer vestida de azul y también de apariencia muy joven, acompañada por un hombre adulto de tez morena que conversaba con el recepcionista del establecimiento, gesticulando y mostrando su celular al parecer persuadiéndolo de algo.
Según se logra ver en el video, las dos chicas que aguardan en la acera están en permanente estado de alerta, revisando sus celulares y girando sus cabezas en todas direcciones.
“Nosotras parqueamos la moto porque íbamos ir a comer”, retoma Jaramillo, reconstruyendo lo ocurrido esa noche.
“Luego de comer, cuando regresamos por la moto, me percaté que había tres chicas menores de edad con un tipo afuera de un hotel. La escena es así: el tipo entra primero y empieza a hablar con el recepcionista, al parecer como pidiéndole algo, mientras las niñas esperaban afuera”, sostiene.
“Después de que él empezara a hablar, pasó una niña. Después pasó otra y ahí pensé: ‘las van a entrar’. Uno conoce el contexto, se veía que la más pequeña podría tener incluso 13 años”, atestigua.
Desde hace varios años, Jaramillo lidera la Veeduría Contra la Trata de Personas en Medellín y es una de las fundadoras de la Red Feminista Abolicionista, una organización feminista que constantemente recorre la ciudad para denunciar casos de explotación sexual e instar a las instituciones a activar las rutas de atención con las víctimas.
Convencida de que se trataba entonces de menores de edad, la joven líder tomó de inmediato de su teléfono y llamó a la línea de emergencias 123 hacia las 7:56 p.m., para alertar a la Policía de que en el lugar podría haber niñas en riesgo.
Mientras ella esperaba en la línea y hablaba con la operadora, su pareja tomó su celular y empezó a grabar la escena.
En un breve video de poco más de un minuto, logra verse cómo la mujer de más corta edad entra a la recepción del hotel. Gracias a una puerta vehicular metálica y transparente, desde el improvisado encuadre logra observarse cómo la pequeña le dice algo a su compañera de vestido azul que aguarda en la recepción. En menos de 20 segundos, la más pequeña vuelve a salir y se lleva consigo a su segunda compañera, que la esperaba aún en la calle.
Segundos después, la pareja de Jaramillo ingresó a la recepción y encaró tanto al hombre como a la última de las mujeres que allí quedaba (la de vestido azul). Tras preguntarle cuantos años tenía, solo obtuvo como respuesta una frase seca y corta: “21”.
Hasta allí llega el primer video.
Minutos después, según quedó captado en un segundo video, tanto Jaramillo como su pareja volvieron a ingresar a la recepción, que ya se había quedado vacía y en donde solo se veía al recepcionista, quien visiblemente nervioso y sin que le volvieran a preguntar dijo: “Tenía documento... se lo pueden pedir”, aludiendo a una de las mujeres que minutos atrás estaban conversando con él.
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En los segundos siguientes ambas partes tienen una breve conversación que dura poco más de un minuto:
- ¿Y usted vio cuantos años tenían esas niñas? – lo interpela Jaramillo.
- No, no. La que entró era del 2023 – dice el recepcionista.
- ¿Del 2023? – contrapregunta.
- Del 2003, discúlpame – rectifica el recepcionista.
- De hecho, la de los tatuajes, esa sí no venía para acá, pero se alteró mucho. Entonces, cuando las personas son así no se les permite el ingreso – añade luego, precisando que el hombre que acompañaba a las mujeres era de nacionalidad extranjera y llevaría entre cinco y seis días hospedado en el hotel.
Luego de ese cruce de palabras, Jaramillo y su pareja le preguntan de nuevo al recepcionista si quedó con una constancia de que las mujeres sí eran mayores de edad, como una fotocopia de la cédula, usualmente sacada por los hoteles cuando se tramitan los ingresos de huéspedes y visitantes.
- No, me la arrancó y se fue bravísima y diciendo un poco de cosas – responde el recepcionista.
Además de esa confrontación, Jaramillo sostiene haberse quedado unos 25 minutos más a las afueras del hotel esperando la llegada de la Policía, pero luego de que no apareciera ningún uniformado por la zona, decidió irse.
Alcaldía y el hotel Topá House responden
Buscando esclarecer lo ocurrido, EL COLOMBIANO consultó con la Secretaría de Seguridad de Medellín, que durante la mañana de este miércoles confirmó haber recibido un reporte de esa situación.
Desde esa dependencia, se informó por escrito que la Policía sí llegó al lugar y que, al parecer, habría cotejado que las mujeres implicadas serían mayores de edad.
“Tras recibir la información, los uniformados acudieron al lugar. Al verificar la identidad de las personas involucradas, confirmaron que se trataba de tres mujeres mayores de edad”, se expresó desde esa dependencia de la Alcaldía, sin entregar más detalles.
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Esta versión es controvertida por Jaramillo, quien señala no entender cómo las autoridades habrían podido verificar las edades de las implicadas cuando estas huyeron al ver que se estaba llamando a la Policía.
Por su parte, hacia las 3:00 p.m. de este miércoles, el Hotel Topá House publicó un comunicado en el que se distanció de la versión policial y, sin descartar de que se tratara de menores de edad, aseguró haber cumplido con los protocolos Escnna.
“En los videos, se observa a una joven (vestida de azul) siguiendo el protocolo de ingreso a nuestro edificio. Mientras tanto, dos chicas, presuntamente menores, se acercan y conversan con ella en la recepción, pero en ningún momento muestran intención de ingresar a las instalaciones”, aseveró el hotel.
“A la joven que intentaba hacer el check-in se le niega el acceso debido a que su comportamiento no generó confianza en el recepcionista, por lo que se aplicó la reserva del derecho de admisión. Teniendo en cuenta el protocolo se llamó a la Policía para validar la identidad y edades de las personas involucradas”, sostuvo el establecimiento.
“Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones ponga en duda nuestra integridad. Con total transparencia, queremos reiterar nuestro firme compromiso con la comunidad, y especialmente con la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad”, añadieron.
Más allá de esa versión, que Jaramillo pone por su cuenta en duda al sostener que ella fue quien alertó a la Policía y no el hotel, la denunciante señala no entender por qué pareciera que la única forma en la que las autoridades intervengan es cuando el delito se está cometiendo en flagrancia, pero que, al encender las alarmas antes de que presuntamente se cometa, la respuesta sea tardía para llegar al lugar y que las posibles víctimas terminen nuevamente escabulléndose sin que nadie las proteja.
“¿Cómo van a decir que lograron rectificar que eran mayores de edad? ¿No se habrían podido identificar con cédulas falsas, como es usual? ¿Por qué no activaron de inmediato la ruta de Escnna? La presunción de minoría de edad se la pasan por la galleta todos los hoteles en Medellín y la norma es clarísima”, sostiene.
“Pantano legal”
Desde finales del marzo de este año, luego de que un turista estadounidense identificado como Timothy Alan Livingston fuera encontrado en una habitación con dos menores de edad, la Alcaldía de Medellín, la Policía, la Fiscalía y hasta organismos internacionales lanzaron una estrategia conjunta para extremar los controles en contra de la explotación sexual infantil, que durante los últimos años se ha desbordado, especialmente en zonas como el Centro y El Poblado.
Como producto de esas medidas, las autoridades han incluso llegado a considerar la medida de extinción de dominio contra hoteles que permitan pasivamente esos crímenes en sus instalaciones, como a comienzos de abril solicitó el alcalde Federico Gutiérrez se aplicara en contra del hotel Gotham (donde fue hallado Livingston), que antes de que esa posibilidad se materializara cerró definitivamente por su cuenta.
De esta manera, cualquier denuncia de un caso de explotación sexual no es un juego y siempre debe ser tomada en serio.
En medio de ese contexto, la denunciante plantea no entender por qué ante una escena como la que ella presenció la Policía habría tardado en llegar, ya que, así no hubiera un soporte documental que probara que las implicadas eran menores de edad, las alarmas se encendieran de inmediato para evitar que se perpetrara una explotación y un abuso.
“Lo que se presume de acuerdo con el artículo 149 del Código de Infancia y Adolescencia es la minoría de edad, no la mayoría. Y eran unas niñas. En los videos se puede ver que no tenían 18 años, eran pequeñas, bajitas. Era evidente que eran adolescentes”, sostiene.
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Pese a que por varias horas el tema se quedó así, Jaramillo luego hizo pública en sus redes sociales la denuncia de lo ocurrido, desatando un debate sobre si las autoridades debieron haber actuado más rápido y sobre quién está vigilando que los hoteles sí estén cumpliendo de forma estricta con los protocolos para combatir el Escnna (Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes).
Tal como lo contó esta diario en octubre pasado, cuando una sospecha similar se produjo en una unidad del Sector de Ciudad del Río, se cuestionó la falta de articulación de las entidades para actuar a tiempo ante las denuncias ciudadanas.
Durante aquel mes, el mismo alcalde Federico Gutiérrez, quien ha liderado este año los esfuerzos por endurecer esos operativos, sostuvo por ejemplo que el personal del Icbf es insuficiente para atender las denuncias.
Además, el alcalde aseguró que en esta entidad es una odisea dar con funcionarios después de las 5:00 p.m. o los fines de semana, a pesar de que la explotación sexual ocurre todo el tiempo y especialmente en la noche y los fines de semana.
De igual forma, según explicó entonces un exagente de la Policía a este diario aquel mes, los uniformados poco pueden hacer sino logran obtener de los menores de edad un testimonio en el que los sospechosos sean directamente señalados de haberles ofrecido dinero a cambio de sexo, siendo conocedores de su minoría de edad.
La Policía tampoco puede ingresar a los establecimientos objeto de denuncias sin una orden judicial y también queda atada de manos si, por ejemplo en una vivienda, se niegan a abriles la puerta.
“Todo esto es un pantano legal en el que lograr una judicialización es muy difícil. Si las investigaciones no avanzan cuando hay pruebas, ¿se imagina lo que pasa cuando las mismas víctimas de explotación están tan cooptadas que consideran que lo que hacen no está mal?”, cuestionó por otro lado la profesora universitaria Jazmín Santa, además integrante del Secretariado Técnico de la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.
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