El gobernador y exalcalde Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, demandó al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por considerar que les estaban violando sus derechos a él y a las empresas de su familia tras la derogación del Decreto 412 de 2023, firmado por Daniel Quintero y el cual reglamentaba “el Valle del Software como un programa de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones”.
Ese Decreto 412, derogado por la Alcaldía de Federico Gutiérrez el 3 de julio de 2024, es la prueba reina con la cual la Fiscalía hará el próximo martes la imputación de cargos al exalcalde Quintero y a 12 personas más por un presunto entramado corrupto en torno al megalote Aguas Vivas.
La demanda fue presentada por el exgobernador junto a sus hermanos Alberto, Mario y Darío, y los representantes legales de las firmas Aromas de Colombia y Sapiens.
En la demanda, Pérez y sus familiares solicitan que se declare la nulidad del Decreto 503 de 2024, expedido el 3 de julio de 2024 por la Alcaldía de Medellín. Con este decreto, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga derogó el Decreto 412 de 2023, el cual fue firmado directamente por el excalcalde Quintero Calle, hecho que hoy lo tiene a punto de sentarse en el banquillo.
La idea de los familiares Pérez es que tras la nulidad del decreto demandado, “se restablezca el derecho de los demandantes a desarrollar el inmueble con matricula inmobiliaria 001-758031”, según la Superintendencia de Notariado y Registro. Es decir, el lote es cercano a Aguas Vivas.
En la demanda aparece que dicho lote es propiedad en un 65% de Luis Pérez, de su hermano Alberto en un 4% y de sus otros hermanos Darío y Mario en un 10% respectivamente. Un 8% más corresponde a la empresa Sapiens SAS y el 3% restante a Aromas de Colombia SAS.
¿Por qué Luis Pérez demandó a la Alcaldía de Medellín?
Grosso modo, en la larga demanda, los Pérez exponen que la derogatoria del Decreto firmado por el exalcalde Quintero los perjudicó terriblemente pues cerró la posibilidad de desarrollar urbanísticamente el lote de su propiedad.
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Para lograr su cometido, los Pérez comentaron que la Alcaldía derogó el decreto basándose inicialmente en una falsa motivación, pues según los demandantes, en síntesis, el predio no ha sido comprado en los cinco años que le da la ley al Distrito luego de declararlo zona protegida en el POT de 2014.
Otro de los argumentos de los demandantes es que el alcalde Federico Gutiérrez no tenía potestad para haber derogado el Decreto toda vez que, según ellos, a raíz del Plan de Desarrollo Distrital de Quintero y del POT, el alcalde al momento de firmar el decreto 412 de 2023 sí tenía competencia pare regular los elementos del Ecoparque Las Palmas, “pero el alcalde (Gutiérrez), cuando profirió el decreto 503 de 2024, no tenía dicha competencia para (tumbar el decreto de Quintero) pues había sido aprobado un nuevo Plan de Desarrollo”.
Según lo demandantes, como los Pérez se habían visto beneficiados por el decreto de Quintero, citaron el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que, según ellos, señala que había que pedirle autorización a la familia Pérez toda vez que la derogatoria le terminaría afectando sus “derechos subjetivos que debían ser garantizados pro la administración distrital”, pues estos tenían planes futuros de construir dentro del predio.
“Sin embargo, el distrito de Medellín no consiguió la autorización de los afectados, lo que lo obligaba a demandar su propio acto, según lo establece el segundo inciso del artículo 97 del Código, pues si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional”, se lee en su demanda.
Vale la pena aclarar que entre 2014 y 2015, Luis Pérez y sus hermanos habían sido copropietarios de Aguas Vivas y que en un cambalache cedieron su parte a IDC y TC, a la vez que estos le traspasaron a la familia del exalcalde una parte que tenían en Las Brisas. Además, años antes, en 2012, el accionista del 45% de TC era Felipe Agudelo, un entrañable amigo del también exgobernador que ha sido socio, aliado político y contratista mimado en sus administraciones. Igualmente, Agudelo ha sido accionista de IDC.
Cuando estas empresas buscaban un reconocimiento económico de la alcaldía de Quintero, habrían visto a Agudelo haciendo gestiones por las oficinas de La Alpujarra, según le dijeron a este diario empleados municipales para otros artículos.
