El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será procesado penalmente. Este lunes se conoció que la Fiscalía General de la Nación tiene lista una imputación en su contra para que responda por su presunta participación en el escándalo de Aguas Vivas.
Según puede leerse en la página de la Rama Judicial, el ente acusador ya radicó ante un juez una solicitud de formulación de imputación el pasado viernes 14 de marzo, en la que se señala al exmandatario local, junto a otros exfuncionarios suyos, como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
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Según pudo conocer EL COLOMBIANO, para el próximo 25 de marzo a las 2:10 de la tarde está citada una audiencia preliminar, en la que, además de Quintero, deberán comparecer otras 12 personas implicadas.
Fuera del exmandatario local, en la solicitud de imputación aparecen relacionados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
De igual forma, al proceso aparecen vinculados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
La solicitud de imputación en contra de Quintero apareció en medio de un panorama ya enrarecido por parte del exalcalde, quien pocas horas antes de que se conociera del proceso comenzó a publicar cartas dirigidas a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, pidiéndole cambiar al fiscal del caso.
Según trascendió, el exalcalde tendría desde tiempo atrás indicios de que la justicia le pisaba los talones, cuando varios de sus exfuncionarios comenzaron a ser requeridos con miras a avanzar en ese proceso.
Durante la mañana de este lunes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al caso, señalando que las instituciones les están dando la razón a las denuncias que se han realizado y que los pedidos del exalcalde no serían más que una muestra de su desespero.
“Todo el respeto por la Fiscalía General de la Nación, que ha venido haciendo su labor de manera independiente. Ya se les nota el nivel de desespero, saben lo que se les viene porque se robaron a Medellín. Ya la justicia y las instituciones nos están dando la razón, con pruebas”, expresó el mandatario distrital.
“En el caso específico en el que imputarían por actos de corrupción al jefe de la banda, quien se robó a Medellín y a todos sus secuaces, ese caso lo denuncié el 9 de febrero ante la Fiscalía y acá están las pruebas”, señaló Gutiérrez, alzando en su mano un decreto firmado por Quintero el 12 de mayo de 2023 que hoy lo tiene contra las cuerdas.
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Las claves del caso
El escándalo de Aguas Vivas estalló en diciembre de 2021, mes en el que EL COLOMBIANO empezó a denunciar el presunto negociado ilegal que se estaba fraguando con un megalote a nombre del Municipio de Medellín.
Aguas Vivas es una propiedad ubicada entre El Poblado y Las Palmas, de un área de 147.000 metros cuadrados y que puede observarse desde el segundo mirador de la avenida Las Palmas.
El caso en mención se remonta al 29 de diciembre de 2014, cuando dos empresas, identificadas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas compraron el terreno.
Apenas tres meses después de concretar esa primera transacción, ambas empresas le traspasaron por un valor de $361 millones al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, un 11% de dicho terreno, y un 4% restante a dos hermanos de él, Alberto, Darío y Mario.
A mediados de 2015, se selló una tercera transacción en la que los Pérez Gutiérrez aumentaron a un 39% su participación conjunta para el terreno.
Al año siguiente, en marzo de 2016, la familia del exgobernador hizo otra movida con el terreno, volviendo a entregar a las dos empresas iniciales sus participación sobre el predio y recibiendo a cambio otra finca aledaña, de nombre Las Brisas, y en donde ya tenían participación previamente.
Todas movidas fueron constatadas por EL COLOMBIANO tras revisar documentos que reposaban en los archivos de la Notaría 25.
En 2017 los privados empezaron a pedir pista para traspasarle al municipio de Medellín el primer lote en cuestión, el de Aguas Vivas.
A pocos días del cambio de gobierno, se suscribió una escritura pública en la que la cesión fue aceptada, tal como quedó consignado en una escritura emitida por la Notaría 19 de Medellín, fechada el 27 de diciembre de 2019.
Tras dicho acto, en el que el predio se avaluó en $2.711 millones, quedó pendiente no obstante hacer el registro del título ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Dicho traspaso se hizo además como una compensación urbanística, una figura que obliga a los constructores a entregar espacio público a la ciudad cuando adelantan un proyecto. Por esta razón, en dicho traspaso no se le exigió a la Alcaldía un pago.
Cabe recordar que el terreno de Aguas Vivas aparecía en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como una zona destinada para un ecoparque, razón que le restringía a sus dueños su uso para cualquier proyecto habitacional.
Bajo esa lógica, dicha cesión se explicaría para esas empresas posteriormente pudieran cerrar algún acuerdo económico con algún tercero dispuesto a pagar por aquel terreno y así cumplir con alguna compensación urbanística pendiente.
Lo que ocurrió en el gobierno Quintero
Aunque hasta 2019 la transacción parecía haberse quedado así, tras el cambio de la primera administración de Federico Gutiérrez al inicio del periodo de Daniel Quintero, las empresas implicadas empezaron a empapelar a la Alcaldía con derechos de petición, buscando cambiar los términos en los que se había pactado la cesión y amparándose en que la escritura todavía no se había registrado en favor del Municipio.
Dentro de sus solicitudes, por ejemplo, estaba la de ser compensados en caso de no encontrar en un plazo de un año a un tercero dispuesto a comprar el lote.
Estos pedidos inicialmente fueron negados por funcionarios técnicos de la Alcaldía, que no encontraron asidero en modificar las condiciones que ya se habían pactado un año atrás.
En un segundo intento, los privados volvieron a pedir cambiar las condiciones y le propusieron a la Alcaldía que les permitiera utilizar el 30% del terreno para un proyecto urbanístico a cambio de entregar el 70% restante, sin costo. En caso de no cumplirse esa condición, los privados aseguraban no estar dispuestos a ceder el terreno.
Pese al choque de posiciones, dentro del mismo Municipio se produjo una movida administrativa que abrió la puerta a las reclamaciones de las dos cuestionadas empresas.
Sin importar la postura de los primeros funcionarios técnicos que cerraron filas y se negaron a cambiar las reglas de juego, justo por esos meses la alcaldía de Quintero venía formulando el plan de desarrollo vigente para el pasado cuatrienio, documento en el que precisamente ese lote fue incluido como parte de un proyecto para hacer un “parque ambiental del valle del Software”.
Este viraje quedó plasmado en un oficio firmado por el entonces director de Planeación, Carlos Mario Montoya, señalando que como ese terreno había estado afectado por ese programa bandera de la Alcaldía, por tanto se debía acordar su valor real y pagar las compensaciones a las que hubiera lugar.
Con el viento a favor, finalmente la escritura del lote fue presentada, ahora sí para su registro a favor del Municipio el 1 de junio de 2020, el mismo día en el que fue sancionado el Plan de Desarrollo.
Bajo ese contexto ocurrió el acto que constituye la nuez central de escándalo y es que la Subsecretaría de Catastro, entidad entonces bajo la tutela de la secretaría a cargo de Carlos Mario Montoya (Gestión y Control Territorial), realizó un nuevo avalúo comercial del terreno y su valor pasó de $2.711 millones a la exorbitante cifra de $42.719 millones. En abril de 2021, el avalúo volvió a subir a $48.234 millones.
En ese mismo año, siguieron ocurriendo más actos administrativos y solicitudes. El 16 de junio de 2021, los privados pidieron que se declarara a la Alcaldía responsable “por enriquecimiento sin causa justa” y en contraprestación exigieron una indemnización por el mismo valor del lote, $48.234 millones.
Con ese argumento empezaron a pedir pista para una conciliación, pedido que llegó al despacho de la entonces secretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado.
Curiosamente esta última funcionaria envió una carta el 12 de agosto de 2021 en la que se accedía a la conciliación.
Cuando la conciliación estaba a punto de ser aprobada, otro funcionario apareció en escena y firmó un concepto en el que dejó constancia de que esos perjuicios reclamados por los particulares no tenían asidero.
A pesar de esa oposición, Delgado convocó entonces a otro comité de conciliación dejando por fuera a ese funcionario.
En un tire y afloje que duró varias semanas, en el que también participó el exsecretario de Planeación, Sergio López, y la exsubsecretaria de Ejecución, Natalia Jiménez, se siguió allanando el camino para acceder a la conciliación, que fue aprobada el 8 de noviembre de 2021 por un valor de 40.509 millones en favor de los privados.
El 5 de diciembre de 2021, EL COLOMBIANO denunció en un informe de investigación el negociazo y el 16 de diciembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó la conciliación.
En ese panorama entró en escena, Alethia Carolina Arango Gil (luego salpicada en el escándalo de la Ungrd en el gobierno Petro), quien en calidad de subsecretaria de Defensa del Municipio impugnó el fallo buscando que el Consejo de Estado reviviera la conciliación.
Sin embargo, el alto tribunal posteriormente refrendó que la conciliación no tenía lugar.
La Alcaldía no se quedó quieta y, sin importar lo decidido por la justicia, decidió devolverle el predio a la empresa privada, en 2023. Poco después apareció en escena el mismo alcalde de Medellín, firmando el decreto que lo tienen en la mira de la Fiscalía, el 412 del 1 de mayo de 2023.
Pese a ya estar en el ocaso de su administración, en dicho decreto Quintero reglamentó el programa del Valle del Software y de paso les echó tierra a varias restricciones que había para construir en el terreno abriéndoles la puerta a los privados para que en el terreno pudieran construir un hotel y hasta un centro comercial.
Esta norma fue desenterrada durante el proceso de auditoría forense adelantado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien denunció lo ocurrido a la Fiscalía y de paso expidió otro decreto tumbado los artículos que afectaban al terreno.
Además de incidir en ese sensible caso, el alcalde Gutiérrez advirtió que el decreto de Quintero era un escándalo por pasarse por encima las competencias del Concejo de Medellín, único ente investido por la ley para modificar los usos del suelo y el Plan de Ordenamiento Territorial.
Con ese material, la Alcaldía entró a ampliar una demanda que ya cursaba, interpuesta por la veeduría Todos por Medellín, que desde el 16 de agosto de 2022 le había pedido a la Fiscalía investigar un posible prevaricato por acción.
Entre las revelaciones que realizó EL COLOMBIANO en su momento se destacan que uno de los accionistas de IDC fue Luis Felipe Agudelo, amigo entrañable de Luis Pérez y quien ha sido su socio en negocios y reconocido por allegados a él como su mano derecha en campañas y cargos de gobierno.
Ádemás, hubo testimonios según los cuales cuando se empezó a manejar en la administración de Quintero todo lo relativo a Aguas Vivas, Agudelo habría hecho visitas a las oficinas de la Alcaldía para patinar las decisiones al respecto.
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