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Novelón de la casa abandonada de René Higuita en El Poblado está en manos de la Corte Constitucional

La SAE le pidió a la Corte Constitucional que revise una tutela que favorece al ídolo. El fallo definiría el futuro de la figura de la extinción de dominio como herramienta para proteger bienes incautados.

  • La vivienda de René Higuita era una casa de lujo, con todo y piscina. Ahora la construcción está derruida y el terreno luce invadido por la maleza que ha crecido por el abandono. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    La vivienda de René Higuita era una casa de lujo, con todo y piscina. Ahora la construcción está derruida y el terreno luce invadido por la maleza que ha crecido por el abandono. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • Certificado de libertad del inmueble que está en líos.
    Certificado de libertad del inmueble que está en líos.
12 de julio de 2023
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En más o menos 15 días el legendario arquero René Higuita podría estar jugando un “partido” crucial, pero esta vez no será en una cancha sino en los escenarios más encumbrados de la justicia colombiana.

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En ese término se espera que la Corte Constitucional defina si somete a revisión una tutela que le devuelve al exguardameta de la Selección Colombia uno de los bienes que adquirió durante la época dorada en la que ya era famoso por sus locuras en el campo de juego.

El asunto es que la casa de lujo ubicada en la urbanización La Loma, de El Poblado, que hoy vale una pequeña fortuna, terminó involucrada en un proceso de extinción de dominio que lleva ya cerca de tres décadas por haber estado en manos de personas señaladas de pertenecer al cartel de Medellín. A Higuita se la quitaron en su momento, de manera que la propiedad está hoy en día en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que administra los bienes que la Justicia le incauta a narcos y corruptos.

En favor del futbolista hay un fallo de tutela ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que de aplicarse significaría que le deben devolver la casa de manera inmediata mientras que un juez falla de fondo el caso en el que la vivienda aparece mencionada; sin embargo, la SAE se está jugando la última carta posible para evitarlo: le pidió a la Sala de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional que revise esta acción legal porque considera que el juez que la falló “le está vulnerando al Estado sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como la salvaguarda de principios de la extinción de dominio que buscan salvaguardar el interés general, el patrimonio público y la moral social”. Así lo expresa el oficio del 22 de junio pero que apenas se dio a conocer por estos días, firmado por Frank Yurlian Olivares, quien fungía entonces como director (e) de Defensa Jurídica Nacional. Será algo así como jugar un Mundial en cancha ajena y donde los árbitros son los protagonistas.

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La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, le explicó a EL COLOMBIANO que el tiempo que normalmente toma la Sala de Selección de Tutelas de la Corte para dar este tipo de respuestas es de alrededor de dos semanas.

“Actué de buena fe”

A Higuita le ha tocado explicar en varias instancias judiciales cómo consiguió la casa y ha repetido que la compró “de buena fe”, a pesar de que detrás hay toda una historia truculenta.

El certificado de tradición y libertad permite establecer que el ídolo y su esposa se la compraron a María Victoria Montoya Alzate por 33 millones de pesos en enero de 1993; ella a su vez había adquirido el inmueble seis meses antes por 32’941.000 pesos, o sea que casi se podría decir que compró huevos para vender huevos.

Pero una de las hipótesis de la Fiscalía es que la casa en realidad había sido de Gerardo Moncada Cuartas, un socio de Pablo Escobar al que el capo asesinó a mediados de 1992, junto a Fernando Galeano, cuando el jefe del cartel mafioso estaba recluido en la cárcel La Catedral. En esos tiempos empezó a hacerse usual que en las rencillas mafiosas los herederos eran –y son- obligados a traspasar sus bienes.

Tras un proceso adelantado por la Fiscalía 34 especializada de Medellín, la propiedad terminó en extinción de dominio en septiembre de 2005, para ser administrada inicialmente por la Dirección Nacional de Estupefacientes y luego por la SAE. Higuita demandó la medida y el expediente terminó en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Medellín, hoy Juzgado 18 Civil del Circuito, que en agosto de 2016 les dio la razón, por lo que dos semanas después fue levantada la medida cautelar sobre el bien.

El contragolpe vino después por la SAE, que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Medellín porque, en su parecer, la decisión sobre el dominio del inmueble debió tomarla un juez penal y no uno civil, pero de nuevo los magistrados le negaron la pretensión en noviembre pasado con el argumento de que cuando reclamaron había vencido el término de seis meses que procede para las tutelas contra providencias judiciales.

La entidad impugnó de inmediato, pero el 23 de marzo de este año la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema le negó de nuevo el amparo y por eso actualmente acude a la última jugada posible ante el tribunal de cierre.

En su argumentación expresa que “el Juez Civil no tenía competencia para definir el derecho real o el carácter de tercero de buena fe exento de culpa del poseedor del inmueble (...), es decir, por no ser el juez natural a quien se le asignó la competencia”.

Higuita, por su parte, asegura que sobre este asunto aún tiene más preguntas que respuestas, a la vez que se queja de la lentitud del proceso judicial que tiene en vilo el patrimonio de sus hijos y que incluso ha puesto en riesgo su vida.

“A mí siempre me han gustado las cosas legales. No sé en qué momento me metieron en este lío, con un dinero que no sé si lo voy a ganar o a perder”, dijo.

Relata que el negocio lo inició porque en plena época de concentraciones para Copa Libertadores y Selección quería vivir en una “casita que tuviera piscina” y le encargó a un “compadre” llamado Campo Elías Meneses que le buscara una. “Me mostró dos y esta fue la que me gustó. Le dije: ¡cómprela!, y él hizo el resto del negocio. Yo lo único que hice fue firmar”.

Añade que puso a disposición del comisionista un apartamento en la zona del Estadio y otro en Cartagena, que valían 300 millones de pesos. Curiosamente, en una declaración, según Higuita, dijo — hoy cuenta que “no sé por qué”— que había pagado de contado, además de que en documentos el negocio aparece cerrado por diez veces menos ese valor.

Sin embargo, una fuente experta le dijo a este medio que en ese tiempo era normal que las escrituras se hicieran por el valor catastral, no por el comercial.

Ante la aparente inconsistencia, este diario le pidió también a la Lonja de Medellín y Antioquia una proyección del valor del bien en cuestión para esa época y la entidad contestó que por aquel tiempo el metro cuadrado en ese sector de El Poblado costaba cerca de 100.000 pesos, es decir que solo el terreno de 1.253 m2 valía más de 120 millones y la casa de por lo menos 400 metros y con piscina, otro tanto, es decir en total unos $240 millones.

Higuita asegura que perdió la paz que respiraba en el lugar a los cuatro o cinco años de vivir allí, cuando le notificaron que la Fiscalía tenía abierta una demanda de quienes se identificaban como propietarios y que en la transacción habrían estado involucrados testaferros del narcotráfico.

Luego los presuntos afectados le propusieron conciliar, pero no lograron un acuerdo y días después alguien le tiró una granada al domicilio.

Acepta que conoció a Pablo Escobar e incluso lo visitó en La Catedral, pero asegura que jamás ha tenido tratos con el narcotráfico y que todo lo que consiguió es legal. “A los Moncada y a los Galeano no lo conocí”, añade.

Aunque hoy la propiedad está venida a menos, cualquier urbanizador podría dar por ella entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, según cálculos de la Lonja.

Fuentes cercanas a la SAE explican que con la petición a la Corte para que revise el fallo que le es desfavorable en el caso se trata de llenar un presunto vacío normativo sobre las competencias de los jueces en estos casos que, en últimas, influye en la manera cómo se administra justicia en el país, es decir, que se trata de sentar jurisprudencia para evitar choques de trenes en el futuro.

Y lo que está en juego iría más allá de ganarle la pelea a un personaje público como Higuita, pues bajo su responsabilidad hay 41.639 bienes en condición similar a la casa del entrenador de arqueros del Atlético Nacional y lo que decida la Corte repercutiría sobre las medidas cautelares que pesan sobre ellos con el fin de evitar que sean ocultados, negociados, robados, destruidos, o que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

Quico Moncada fue asesinado en La Catedral

Gerardo “Quico” Moncada asumió el control del Cartel de Medellín junto con su hermano Fernando el Negro Galeano en 1991, luego de que Pablo Escobar se entregó a las autoridades para internarse en la cárcel La Catedral de Envigado. Sin embargo, las altas cuotas que el capo les impuso para sostenerse durante su cautiverio generaron descontento entre ellos, que se empezaron a negar a pagar la extorsión para que Escobar les permitiera seguir en el negocio.

En estas, el jefe del Cartel le ordenó a su lugarteniente alias Tití que les robara una caleta que tenían en su casa de Itagüí con 23 millones de dólares. El intento de Moncada y Galeano por hacerle el reclamo fue el principio de su fin: ambos desaparecieron, igual que otros hombres que trabajaban para ellos. Jefes del cartel de Cali, que conformaron los llamados Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), hicieron circular la versión de que ante los rumores de una traición, el Patrón citó a “Quico” y al Negro a principios de julio de 1992 en La Catedral y les ordenó a sus hombres matarlos y enterrarlos.

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Otra historia que se cruza con la de este bien

En la historia de la casa que la SAE no le quiere devolver a René Higuita hay otros dos personajes que se cruzan con otro escándalo. Se trata de los hermanos Emilio Antonio y Juan José Restrepo Posada, quienes fueron los propietarios originales del lote donde se levantó la vivienda, junto con otros cinco hermanos. El terreno lo habían adquirido por loteo de una extensión mayor y en septiembre de 1978 la traspasaron a una pareja en una transacción que aparece cuantificada en el certificado de tradición y libertad por 366.700 pesos. Luego vino el colapso del edificio Space, la noche del 12 de octubre de 2013, con 12 muertos y un escándalo que todavía retumba en el país. Resulta que Emilio Antonio y Juan José eran miembros de junta de la Constructora Lérida CDO, que levantó esta edificación de manera anómala y por eso el Tribunal Administrativo de Antioquia los hizo responsables solidarios en un fallo de segunda instancia de septiembre pasado por esa catástrofe. Junto con la Alcaldía, tendrían que pagar las pérdidas con Pablo Villegas, Álvaro Villegas y el excurador Carlos Alberto Ruiz. Serían más de $30.000 millones.

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