El contraste de dos realidades: la disminución de la criminalidad en Medellín frente a la persistencia de escenas en las que aparecen cuerpos embolsados en el norte del Valle de Aburrá, deja en el aire la pregunta de si estas serían las dos caras de un mismo fenómeno en el que los jefes de las bandas que dominan la ciudad y que están dialogando con el Gobierno en la Cárcel de Itagüí buscan echar la tierra debajo de la alfombra para que no se vea la suciedad, o por el contrario, los responsables de las muertes son fuerzas que pretenden sabotear el llamado proceso de la Paz Urbana.
Hace apenas una semana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sacó pecho por la reducción de los asesinatos en un 20% durante los primeros cinco meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2023 al presentarse 30 hechos menos de este tipo.
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“Esta es una muy buena noticia porque nos pone en la tasa proyectada de homicidios por cada 100.000 habitantes como la más baja desde los últimos 40 años, cuando se miden los índices en Medellín. Esto quiere decir que vamos avanzando como sociedad, que cada vez se cuida más la vida, pero también quiere decir que hay retos, porque la única tasa aceptable en homicidios es cero”, dijo el mandatario, quien destacó otros guarismos esperanzadores frente a delitos de alto impacto y basado en los registros del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).
El hurto a personas cayó 22% (2.972 casos menos comparado con el mismo período de 2023), el atraco con arma de fuego se redujo en 33% (921 casos menos), el hurto de motocicletas cayó 11% (313 casos menos), el hurto a residencias disminuyó 16% (124 hechos menos reportados) y el robo de establecimientos comerciales disminuyó 53% (fueron 867 casos menos).
Este viernes, dentro de la audiencia de Paz Urbana citada por el Congreso en el paraninfo de la Universidad de Antioquia, varias voces cercanas a la mesa de diálogo que sesiona en la cárcel de Itagüí desde principios de este año con los capos de los 14 grupos delincuenciales más importantes de la ciudad, defendieron que esos datos son resultado del proceso de Paz Total que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“El mejor de los resultados (de la Paz Urbana) es la disminución de los homicidios, son las no violencias entre los actores, las no confrontaciones”, expresó la congresista Isabel Cristina Zuleta, miltante del Pacto Histórico y una de las delegadas del Gobierno.
Igualmente, el facilitador de paz de Petro en la región, Jorge Mejía, aseguró: “Independiente de lo que crean las autoridades, nosotros creemos que la reducción importante de los homicidios que se ha dado, así como la reducción de hurtos y de extorsiones tiene que ver con la postura de las estructuras, y creo que hacia adelante son posibles más situaciones dado que es la mejor vía para generar confianza en el proceso”.
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En el mismo escenario, Freyner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre, aseguró: “Hemos cumplido a cabalidad con lo que nos comprometimos, de que no hubiera guerra entre bandas y por ende han bajado los homicidios, hay otros fenómenos que ya la alcaldía y los organismos de seguridad saben”.
No obstante, el alcalde Federico Gutiérrez, que ha sido un crítico de las conversaciones que se llevan desde Itagüí, a la hora de presentar el informe optimista de orden público señaló que el origen de los buenos resultados es la acción de las autoridades y más de 14.000 operativos que se han realizado, como acciones para el desmonte de estructuras criminales, apoyo a incautaciones, actividades de sensibilización, ornato y aseo, entre otras. Igualmente, apuntó que las capturas se han incrementado en 12%, la incautación de armas de fuego en 79% y las capturas por homicidio en 27%.
Pero adicionalmente, fuentes cercanas a la administración de Gutiérrez “compran” la hipótesis de que aunque sobre la mesa los capos del crimen presos en Itagüí aparentan una total armonía, en la calle estarían alimentando rencillas por el control de territorios y el dominio de rentas ilegales, y producto de esto serían la cantidad de muertos que aparecen embolsados en el norte del área metropolitana. Como quien dice, estarían evitando que aparezcan fallecidos en sus territorios para no “calentarse”.
Las cifras al respecto en los municipios más cercanos del norte del Aburrá son elocuentes, así como los indicios de que los fallecidos y embolsados podrían ser parte de las estructuras armadas; de hecho, el común denominador es que se trataba de personas con antecedentes delincuenciales y en se repite la circunstancia de que no residían en el mismo municipio.
Este año en Bello han aparecido cinco de estos “cuerpos en contenedor” –como los califica la Policía- y les inflaron las estadísticas a las autoridades locales. Los homicidios en esa urbe presentaron una disminución del 18% según el secretario de Seguridad y alcalde encargado José Rolando Serrano, pues hasta el lunes 10 de junio iban 18, comparados con los 22 del mismo periodo del año pasado. Sin esas cinco almas, el descenso habría sido cercano al 40%.
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Uno de esos episodios que estremecieron a la ciudadanía por la crudeza de las imágenes fue el hallazgo de un cuerpo sin vida, en la noche de un lunes, a principios de abril. Uniformados de la Policía habían recibido la denuncia de un bulto extraño en un paraje solitario de la Avenida Regional, cercano al barrio La Gabriela, y cuando acudieron hallaron la bolsa de color negro en la que yacía un cuerpo sin vida.
No obstante, Serrano aclara que el fenómeno no es nuevo, sino que ha mantenido cierta continuidad desde hace aproximadamente cinco años, pues los delincuentes aprovechan los sitios oscuros y desiertos para arrojar a sus víctimas mortales. Tampoco se casa con la teoría de que los crímenes tengan alguna relación con decisiones de los capos encarcelados en Itagüí. “En cada caso se deben estudiar bien los patrones y cualquier teoría debe ser material de investigación”, recalcó.
Girardota, por su parte, contabilizó durante los doce meses del año pasado 15 homicidios en total, y este año lleva 11, contando los cuatro “cuerpos en contenedor”.
El secretario de gobierno de esa municipalidad, Joaquín Hernández, no se compromete tampoco con conjeturas sobre lo que hay detrás, pero sí se hace un interrogante: “¿Por qué esos homicidios que se comenten en otras partes y las víctimas nos las arrojan a nosotros?”.
También en Copacabana van cinco de estas apariciones en los cinco meses precedentes, más un sexto cadáver que encontraron bajo las mismas características de camuflaje en el límite con Guarne. “La persona era de Guarne, pero no podemos asegurar que el conflicto se haya originado allá”.
Vale la pena recordar que desde hace cerca de cinco años hay un enfrentamiento entre las bandas del Mesa y Pachelly por el control del norte del Valle de Aburrá y según le explicó a este diario una fuente oficial que pidió omitir su nombre, los cabecillas de esas organizaciones habrían extendido su disputa en los últimos tiempos a municipios del norte, como Donmatías y Santa Rosa, así como del oriente como Guarne y Rionegro.
El señalado líder del Mesa sería Gustavo Adolfo Pérez, alias el Montañero, quien participó en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí y quedó en libertad a mediados de marzo pasado, luego de pagar apenas la mitad de una condena de 9 años y aunque en su contra pesa otra investigación por el homicidio de alias Titi, ocurrido en marzo de 2020 y quien fue uno de los cabecillas de Pachelly.
Al ser interrogado este viernes sobre si las muertes de embolsados se originan en algún ajuste de cuentas a instancias de líderes del diálogo en la cárcel, alias Pesebre contestó que no conoce que exista alguna relación.
Analistas del conflicto consultados y que también pidieron reserva de su identidad indicaron que los acuerdos para disminuir la conflictividad no son nuevos en el Valle de Aburrá y que tampoco hay cómo comprobar que esas muertes “disimuladas” sean parte de una estrategia de los “duros” de las bandas por ocultar los efectos de una posible confrontación.
Mejía, el facilitador del proceso, no se comprometió a desmentir que pueda haber rencillas internas que estén originando los embolsados y dijo que “ojalá las autoridades hagan claridad sobre cuál es el fenómeno que hay detrás de esa lamentable situación, pero es totalmente repudiable que se dé el tema de los embolsados y si tiene que ver con las estructuras, no tiene ninguna justificación”.
No obstante, planteó la posibilidad de que estas muertes las estén generando “saboteadores del proceso” que podrían ser organizaciones delincuenciales que no están sentadas en la mesa de Itagüí y que quieren aprovechar que la mayoría de los mandos de estructuras armadas están en actitud de diálogo para ellas aumentar su control territorial, social y económico.
Mejía apuntó que por fuera de este proceso estaría entre el 12 y el 15 por ciento de la delincuencia organizada en el Aburrá, constituido por algunas bandas del norte del área metropolitana, el Ejército Gaitanista (EGC, en un 7% a 8%), guerrillas urbanas ligadas al Eln o multinacionales del crimen como el denominado Tren de Aragua.
Un informe publicado por este diario en febrero pasado dio cuenta de que en los últimos tres años, hasta esa fecha, iban 81 embolsados en el Valle de Aburrá y más allá de simplemente quitarles la vida a sus víctimas, el propósito sería enviarles un mensaje de terror a organizaciones rivales.
