Fiscal dijo que hechos presuntamente irregulares en la contratación con los bomberos de Itagüí no fueron aislados sino que obedecieron a una estrategia. Audiencia continuará este martes.
En una audiencia citada para las 3:30 p.m. pero que comenzó con retraso frente a un juez de control de garantías, el ex director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, fue imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción relacionados con seis contratos que firmó esa entidad con los bomberos de Itagüí por más de 18.600 millones de pesos.
La diligencia también fue programada para que el agente del organismo de investigación les lea los cargos de peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos y falsedad en documento privado a otras dos funcionarias del AMVA, las ex subdirectoras del área Ambiental, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, e igualmente a quien fuera contador de la agrupación de atención de emergencias comprometida, Juan Alberto Cardona Henao.
Dentro del mismo proceso, ya están vinculados el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el exjefe de la misma agrupación, Elkin González, y la profesional del Área, María Yaneth Rúa, quien fungía como supervisora de los contratos. Estos tres habían sido aprehendidos a principios de octubre pero al cabo de las audiencias de imputación y legalización de captura que se dieron luego, González fue dejado en libertad debido a que el juez consideró que no representaba un peligro para la sociedad ni para la investigación.
En la mañana, el alcalde Federico Gutiérrez adelantó que la Fiscalía pedirá una pena superior a los 30 años contra el exdirector del AMVA.
Así fue el desarrollo de la diligencia en el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín:
3:47 p.m. Inicio de la audiencia: La oficial del juzgado de control de garantías saluda a los participantes y verifica la asistencia y la identidad de las partes implicadas en la diligencia, esto es el fiscal, el representante del Ministerio Público, y por supuesto, las personas a las cuales les imputarán cargos y sus defensores.
4:19 p.m. El fiscal inicia el relato de los hechos por los cuales se hace la imputación, ocurridos entre 2020 y 2023 en el AMVA y pide que el juez acredite la conformación de un Grupo Delictivo Organizado (GDO) “con los efectos jurídicos que de ello se derivan”. Le endilgó a Juan David Palacio el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La conducta descrita se habría configurado en varios hechos, según el fiscal: Este habría nombrado, “por instrucciones de tercero”, como subdirectoras ambientales a Ortiz y Montoya, pero además habría omitido los deberes de control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual exigidos en la ley 80 de 1993 y los deberes de vigilancia y control en la firma de los contratos por parte de sus subordinadas.
Fuera de eso, habría tramitado la autorización de vigencias futuras para la firma de los contratos mencionados, que fueron presentados a la Junta Metropolitana en dos reuniones virtuales y luego firmó el Acuerdo Metropolitano 21 de 2021 que autoriza al director a comprometer vigencias futuras de 2022 y 2023 para los mismos propósitos.
Sobre Ana María Roldán, actualmente de 44 años y empleada en el Instituto Alexander bon Humboldt, nombrada el 14 de junio de 2020 y hasta el 18 de abril de 2021 como subdirectora Ambiental del AMVA, el fiscal dijo que, desde el mencionado cargo, se interesó indebidamente en provecho del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí en la celebración de cuatro contratos de prestación de servicios.
Tenía la responsabilidad de participar en la contratación de la Subdirección Ambiental y era ordenadora del gasto, por lo tanto tuvo participación en cuatro contratos en 2020 y 2021, bajo la modalidad de contratación directa y bajo el argumento de que solo podían ser proveídos por los bomberos de Itagüí y que incluían compra de kits y transporte de personas, que no podían ser adquiridos mediante la modalidad descrita y no contaron con un estudio de mercado para evitar pagos excesivos.
Por estas razones, el fiscal considera que Roldán también incurrió en interés indebido en celebración de contratos.
4:56 p.m. imputación de interés indebido a Diana María Montoya Velilla, ingeniera sanitaria de 42 años y residente en Envigado. Según el fiscal, fue subdirectora desde el 19 abril de 2021 hasta el 4 de enero de 2024 y en esa calidad, dijo, incurrió en celebración indebida de contratos en provecho de terceros.
Esta habría intervenido en los seis contratos mencionados en este proceso.
“Tenía la responsabilidad de participar en la contratación de la Subsecretaría de Gestión Ambiental” y era ordenadora del gasto. Era competente para la firma, modificación y liquidación de los contratos firmados entre 2020 y 2021 en favor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, los cuales se hicieron bajo la causal de contratación directa para el objeto de apoyo a la gestión.
Una vez más, el fiscal resaltó que los contratos no contaron con un estudio de mercado que garantizara no incurrir en sobrecostos y fueron direccionados hacia la organización de socorro mencionada con el argumento de que solo esta los podía suministrar.
Así habría utilizado “su posición de poder o cargo para desviar o entregar los contratos a dedo al cuerpo de bomberos voluntarios”, contrariando los deberes de pluralidad establecidos por la Ley 80 y actuó buscando no el interés general sino el beneficio de los particulares.
Además, indicó el fiscal, habría omitido el deber de ejercer la supervisión de esos contratos.
5:14 p.m. El fiscal les imputó el delito de peculado por apropiación a los tres exfuncionarios por un valor de 2.481 millones de pesos correspondientes a recursos del Área Metropolitana que fueron a dar al Cuerpo de Bomberos de Itagüí mediante sobrecostos y bienes contratados pero no entregados en la ejecución de los contratos referidos.
Con relación a Palacio, el fiscal anotó que “facilitó la apropiación de recursos públicos por terceros” a la vez que al terminar su cargo ordenó formatear los equipos de computo de la Dirección, de la Asistencia de Dirección y de la Dirección de Contratación con el fin de eliminar la “trazabilidad del actuar ilegal”.
El operador judicial fue tajante en afirmar que cada uno de ellos tuvo un aporte esencial para la consumación del ilícito y en especial con relación a Palacio detalló que “sin la anuencia del director la política de contratación no hubiera podido sostenerse” y los recursos no podrían haber sido desviados.
5:58 p.m. El fiscal lee la imputación a Juan Alberto Henao Cardona, quien ha sido tesorero y contador de los bomberos de Itagúí, indicó que este habría incurrido en falsificación de 15 documentos que permitieron legalizar cobros que la organización le hizo al Área Metropolitana en la ejecución de los contratos mencionados. El problema es que estos servicios no se habrían prestado o costaron menos de lo indicado.
Específicamente se trataría de varias facturas, órdenes de pago y un recibo a un proveedor de transportes que luego declaró ante las autoridades que las firmas asentadas en esos documentos eran apócrifas.
6:40 p.m. El juez determina un receso de 15 minutos.
6:58 p.m. Regreso del receso: El fiscal plantea la opción de allanarse a cargos obteniendo rebaja de hasta el 50% de la pena.
7:02 p.m. La delegada de la Procuraduría asegura que es importante que se defina primero si se hace la definición de GDO porque esto determinaría el curso posterior de la diligencia. Adelanta que no se dan los presupuestos para esta definición y que la Fiscalía no documentó su propuesta al respecto.
Igualmente, asevera que no se ha sustentado cuál sería el interés personal de los imputados para que se configure la conducta indebida en la celebración de contratos.
Además, con relación al contador de los bomberos, que se confirme si él fue el autor de las alteraciones en los respectivos documentos que fueron presentados en la diligencia previamente.
7:09 p.m. El abogado del Área Metropolitana, entidad que fue aceptada como víctima de la presunta corrupción por parte de los imputados, afirma que la representante de la Procuraduría hace una mala interpretación de la ley que define los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) con el Grupo Armado Organizado (GAO).
Así mismo, aseveró que la calificación del interés indebido estuvo bien sustentado, teniendo en cuenta que solo “estamos en una fase de comunicación” y luego llegará el momento en que sean detalladas las pruebas.
7:15 p.m. Los abogados defensores requieren igualmente que se sustente la definicón de GDO, más cuando entre los cargos no se ha formulado ningún presunto concierto para delinquir. Fuera de eso, hacen eco de las posturas de la representante de la Procuraduría.
7:41 p.m. El juez levanta la sesión y cita para continuar la diligencia este martes, 27 de enero a partir de las 2:30 p.m.
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