El Instituto de Vivienda de Medellín violó el principio de confianza legítima. Eso fue lo que determinó el Consejo de Estado sobre las actuaciones del Isvimed contra las familias damnificadas por la emergencia ocurrida en 2011 en el sector La Playita, por el desbordamiento de la quebrada La Picacha, que cobró la vida de una persona y arrasó decenas de viviendas. Ahora, en segunda instancia, el alto tribunal acaba de ratificar que no existe excusa para haber puesto a padecer 12 años a las familias afectadas y ahora el gobierno de Federico Gutiérrez deberá subsanar sin dilación lo que los mandatarios anteriores dejaron de hacer.
La historia de las 106 familias damnificadas de La Playita es emblemática en la ciudad pues retrata como pocos casos que la negligencia y la indolencia de gobernantes y administraciones ponen en riesgo la vida de las personas, arrasa con el proyecto de vida de cientos de familias y terminan costando siempre más recursos públicos.
El viacrucis para estas familias comenzó el 18 de diciembre de 2011, en medio de un implacable Fenómeno de la Niña, cuando una creciente súbita arrasó con el sector La Playita, en Belén. Fue una emergencia anunciada desde 2009 cuando se realizaron diagnósticos sobre la alta probabilidad de inundaciones y estragos que podría generar La Picacha en los asentamientos en la microcuenca.
Desde ese momento comenzó una larga pelea legal para hacer valer su derecho a una vivienda digna. Con apoyo de las clínicas jurídicas de la ciudad, como la de la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma, las familias lograron, gracias a acción popular y una medida cautelar del Consejo de Estado en 2013, que la justicia le exigiera al municipio reasentarlas de manera definitiva. Pero la administración de Aníbal Gaviria no movió ni un dedo y terminó incurriendo en desacato. Luego, en 2016, la justicia conminó al alcalde Gutiérrez a respetar el fallo y dar por fin solución a las familias. Según explica la abogada Erika Castro Buitrago, quien los ha acompañado en todo este camino, hay un elemento clave en esta historia y es la providencia del Consejo de Estado que exigió que ese reasentamiento tenía que estar mediado por un proceso participativo en el que las familias pudieran acordar con el municipio las condiciones en las cuales iban a ser reasentadas.
Así que en 2016 arrancó este proceso. En ese momento todo fluyó de manera correcta. La administración Gutiérrez les prometió a 58 de estas familias (el resto ya habían aceptado vivienda usada o se habían dispersado con el paso de los años) que tendrían derecho a vivienda en el proyecto habitacional La Playita, que hace parte del Plan Parcial Belén Rincón, que en su momento fue famoso porque, en una de esas situaciones insólitas que ocurren en la ciudad, un grupo de residentes de la Loma de los Bernal puso el grito en el cielo por el hecho de que la alcaldía construyera un proyecto de vivienda popular cerca a sus torres e, incluso, buscaron acciones legales para evitar que se erigiera el proyecto, el cual consideraron que “desvaloraría el barrio”.
El caso es que el proceso participativo avanzó. Sintieron que este proyecto les garantizaba que no sufrieran desarraigo tras tener que salir en 2011 de las viviendas que habían durado años construir. Aunque en retrospectiva, varios dicen que quizás les faltó pedir más garantías, pero en ese momento sintieron que la palabra empeñada del Isvimed y la alcaldía eran suficiente aval.
Pero todo cambió en 2020. En medio de la pandemia, la alcaldía de Daniel Quintero firmó un decreto que cambió radicalmente las reglas de juego y en junio de 2021 el Isvimed les notificó que ya el proyecto La Playita no sería para las familias damnificadas, que pasarían de 58 apartamentos a 94, que ahora sería un proyecto de interés social y no prioritario y que si querían vivir allí tenían que desembolsar más de $54 millones. Fue un atropello y una burla a la justicia.
Acorralados por la decisión, y bajo presiones por parte del Isvimed, tal como lo documentó la Defensoría, la mayoría de las familias renunció al proyecto que ayudaron a construir en ese proceso participativo y firmaron para irse a vivir a Tierra Paraíso, en San Javier, un proyecto cargado de líos que prolongó – y agravó – su padecimiento.
Pero un puñado resistió. Y en marzo de 2022 el Consejo de Estado falló a su favor y determinó que el Isvimed incumplió con el principio de confianza legítima, es decir, como representante del Distrito empeñó su palabra y luego desconoció los acuerdos a los que llegó con las familias valiéndose de argucias. El alto tribunal, que falló en favor de dos núcleos familiares, reiteró que no tienen que pagar un solo peso y se le debían respetar las condiciones iniciales.
Para Alejandra María Rojas Penagos y su familia todo este proceso ha sido una larga pesadilla, un laberinto de problemas que nunca termina. “Ha sido algo muy doloroso y hasta humillante. Y ni siquiera con lo que dice la justicia han parado las presiones. Constantemente nos dijeron que por qué no nos íbamos para Tierra Paraíso, que ahí en La Playita teníamos que pagar administración, que los servicios eran muy costosos, que si nosotros sí teníamos para asumir esos costos. Todo el tiempo como menospreciándonos, como diciéndonos que nosotros por ser damnificados no tuviéramos cabida ahí ni merecer vivir en el lugar más digno posible”, relata.
Pero el suplicio no ha sido solo para ellos sino para todas las familias que compraron en La Playita, pues desde el año pasado los traen con la promesa de una entrega que todavía no se ha hecho realidad. Es más, lo último que supieron este año es que la obra, que según Isvimed va en el 95%, estaba parada.
Por ahora a Alejandra y su familia no les queda más que seguir haciendo fuerza cada mes con el pago del arriendo de la vivienda temporal en la que están desde hace siete años, pues aunque dice que el año pasado el Isvimed fue cumplido con el desembolso para cubrir el arriendo, este año ha dejado acumular hasta dos meses. La situación los tiene endeudados hasta el cuello pues el arriendo cuesta $1.000.000 al mes.
En segunda instancia, el Consejo de Estado acaba de ratificar su decisión sobre el caso La Playita y además le ordenó al alcalde hacer sin más dilaciones lo que él y sus antecesores dejaron de cumplir a cabalidad en estos más de 12 años. La sentencia le exige que en un plazo de dos meses delimite el área a lado y lado de la microcuenca de la quebrada La Picacha en situación de riesgo para la comunidad asentada en sus inmediaciones.
Que a más tardar en septiembre próximo actualice el censo poblacional de las familias afectadas que habitan en el área delimitada a lo largo de la Picacha y que se encuentran en situación de riesgo mitigable y no mitigable. El año pasado Eafit hizo un ejercicio y encontró que, solo en el sector conocido como El Hoyo, hay 188 familias (las consecuencias de incumplir con estrategias para evitar el asentamiento en zonas de riesgo).
Cuatro meses después de terminar el censo, Gutiérrez deberá garantizar una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la reubicación definitiva que tendrá que adelantarse en un plazo máximo de tres años.
De acuerdo con la abogada Erika Castro, el fallo contiene un elemento clave y es la orden de diseñar en un plazo de un año una política pública orientada a detener el asentamiento de familias en zona de riesgo. Ya el equipo jurídico detrás de todo este proceso le entregó una propuesta a la alcaldía para que la incluya en el Plan de Desarrollo. Habrá que ver si el alcalde Gutiérrez le tuerce el brazo a la cadena de incumplimientos de los gobiernos anteriores o sigue en sintonía con esas negligencias que termina pagando la ciudadanía.
