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Ratifican condena contra Leopoldo

13 de agosto de 2016
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La Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ratificó en la tarde de ayer la sentencia contra Leopoldo López, el político preso más emblemático del antichavismo, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por la violencia desatada en una protesta antigubernamental.

“La sentencia condenatoria fue confirmada en iguales términos. Ya es oficial”, informó el abogado defensor del político opositor venezolano, Juan Carlos Gutiérrez, en un mensaje en la red social Twitter.

La condena, que fue dictada por un tribunal de Caracas el 10 de septiembre de 2015, había sido apelada por la defensa del fundador del partido Voluntad Popular (VP) hace tres semanas en una audiencia que se extendió cerca de 15 horas.

La defensa llevaba casi una semana esperando la repuesta del tribunal que debía darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la audiencia de apelación, pero que se retrasó por que la Corte que lleva el caso no celebró sesión durante varios días, ocasionando que el plazo se extendiera.

Esta es la antepenúltima instancia a la que podía acudir el dirigente opositor para intentar reclamar la nulidad del juicio, o una rebaja de la condena que cumple en una prisión militar en los alrededores de Caracas.

Culpado por el 12-F

López fue sentenciado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos originados al final de una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por él, el 12 de febrero de 2014.

Las acciones delictivas que se le atribuyen a López habrían sido cometidas en el discurso que pronunció en esa marcha que culminó con destrozos, varios heridos y tres muertos, pero que además dieron inicio a una ola de protestas que se mantuvieron durante varios meses.

El Tribunal Supremo de Venezuela dijo que era necesario solicitar permiso para realizar manifestaciones, en base a lo establecido por el artículo 68 de la Constitución de “requisitos que establezca la ley”, a pesar de que la carta magna reconoce el derecho a la protesta. El 18 de febrero de 2014, López se entregó a la Guardia Nacional, tras dar un discurso ante miles de personas.

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