Un juzgado español celebró este martes una vista para decidir si avala la eutanasia autorizada a una joven con una lesión medular, pero que su padre logró detener en el último momento, argumentando que sus problemas de salud mental le impiden decidir libremente.
En la audiencia -la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas-, la joven ratificó su petición de obtener ayuda para morir, indicaron fuentes jurídicas.
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Durante la vista, celebrada a puerta cerrada durante más de tres horas en un juzgado de Barcelona, también comparecieron varios especialistas que ratificaron que la joven posee capacidad de decisión y cumple los requisitos de la ley aprobada por el Parlamento español, añadieron estas fuentes.
La solicitante de la eutanasia, ahora de 24 años, quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio en 2022 e inició la solicitud para la eutanasia en abril del año pasado.
Los especialistas de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña estimaron en julio que su petición era acorde a la ley estatal, que estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una “enfermedad grave e incurable” o un padecimiento “crónico e imposibilitante” puede solicitar ayuda para morir, si cumple determinados requisitos.
Pero, poco antes de la fecha prevista para la eutanasia, el 2 de agosto, la justicia aceptó un recurso interpuesto por la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos en representación de su padre, pidiendo que se detuviera el proceso.
La joven denunció coacciones
El progenitor argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que “pueden afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente”, de acuerdo con su escrito.
Igualmente, aseguraba que la joven, que había intentado suicidarse en varias ocasiones, había dado indicios de cambio de opinión y que la lesión que padecía no le hacía sentir un “sufrimiento físico o psíquico insoportable”.
“Creemos que la paciente tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, que concurre con ideaciones suicidas, que tiene un trastorno límite de la personalidad y entendemos que esto vicia su decisión”, reiteró José María Fernández, letrado del padre de la solicitante y miembro de Abogados Cristianos, este martes tras la vista.
La Fiscalía, que todavía no se posicionó sobre el fondo del caso, no cerró la puerta a reconocer que un familiar pueda interceder en una decisión que la ley prevé de carácter “personalísimo”, y pidió que la joven compareciera presencialmente en la vista.
La solicitante -que reside en un centro sanitario, pero acudió al juzgado con sus padres-, ratificó su petición y explicó que estaba sufriendo coacciones para cambiar de opinión, informaron fuentes jurídicas.
Tras la audiencia de este martes, las partes tienen cinco días para mandar sus escritos, y la jueza anunciará su decisión a partir de entonces. El proceso podría, sin embargo, no finalizar ahí, ya que Abogados Cristianos avanzó su voluntad de recurrir en caso de no estar de acuerdo con la resolución.
“Derecho fundamental”
El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar “un sufrimiento intolerable”.
Los requisitos para llevarla a cabo son, sin embargo, estrictos, como que el solicitante sea “capaz y consciente” al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, o que reciba la autorización de una comisión de evaluación.
Desde la aprobación de la ley, varios casos llegaron a los tribunales, pero no se había celebrado ninguna vista oral sobre ninguno.
“Nos preocupa que se normalice la posibilidad de recurrir judicialmente las resoluciones administrativas que autorizan las eutanasias”, lamentó de su lado la asociación Derecho a Morir Dignamente, en un comunicado.
“La Ley de Eutanasia defiende un derecho fundamental y personalísimo en el ámbito de la vida privada, en la que no debería haber injerencias de terceras personas”, recordó la organización, preguntándose “si la ley que determinadas fuerzas políticas no pudieron detener en el Congreso ahora pretenden anularla a través de los tribunales”.
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