La muerte, la cárcel o el exilio suelen ser destinos reservados a los opositores de Vladimir Putin. El final no podría haber sido diferente para Alexéi Navalny, quien falleció el viernes de manera sorpresiva en el frío del Ártico mientras cumplía una pena de prisión por extremismo. El mundo no dudó en responsabilizar al presidente ruso del fatal desenlace de quien fue durante una década uno de sus opositores más prominentes. El Kremlin, de inmediato, desvirtuó los señalamientos.
El opositor de 47 años, que figuraba en la lista de individuos y organizaciones involucradas en activistas terroristas o extremistas en Rusia, fue detenido en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente ruso.
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Su regreso marcó una nueva ola de represión en Rusia y los últimos vestigios de disidencia fueron aplastados cuando el Kremlin envió tropas a Ucrania en febrero de 2022. Su muerte se produjo justo cuando Putin se prepara para prolongar sus dos décadas en el poder con unas nuevas elecciones presidenciales en marzo.
Navalny, quien se convirtió en el exterior en una de las figuras opositoras al Kremlin más distintivas tras ser víctima del envenenamiento que le mantuvo en coma, fue condenado en agosto de 2023 por un tribunal de Moscú a 19 años de prisión por extremismo, una condena que debía cumplir bajo un régimen especial.
Pero el envenenamiento solo fue una de las formas de persecución que denunció. En 2019, en uno de sus varios pasos por la cárcel, los servicios médicos del centro penitenciario le diagnosticaron a Navalny una dermatitis que podría haber sido provocada por algún tipo de tóxico. Dos años antes, el opositor más fervoroso de Putin tuvo que ser operado de uno de sus ojos en una clínica de Barcelona después de que alguien le arrojara un líquido antiséptico de color verde conocido como zelyonka, un tinte que durante un tiempo fue muy popular para atacar a aquellos que se oponían al Kremlin.
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A diferencia de otros opositores que hicieron carrera en el Congreso o bien en gobiernos locales, Navalny se hizo un hueco entre los desafectos al Kremlin a través de internet y las redes sociales, desde donde dio el salto a la política, intentando hacerse con la Alcaldía de Moscú, aunque sin éxito. En 2013 quedó segundo, solo por detrás del candidato del Kremlin, Serguei Sobianin, alcalde de la capital rusa desde 2010. Antes de aquellas elecciones, Navalny ya había sido encarcelado por primera vez, un hecho que se iría repitiendo con el paso de los años.
El abogado cargaba con un carisma que le ayudó bastante a ser considerado el principal líder de la oposición rusa y el único político capaz de reunir grandes multitudes, como símbolo de una Rusia alternativa que respetaría los derechos humanos y viviría en paz con sus vecinos. Su arresto movilizó a una parte de la sociedad rusa, que salió a las calles a exigir su liberación en una de las mayores concentraciones que se recuerdan, en un país poco dado a este tipo de manifestaciones.
Entre rejas no había dejado de manifestarse a través de sus abogados, quienes en diciembre del año pasado lanzaron una inquietante advertencia: habían perdido el contacto con él. A principios de enero, Navalny fue puesto bajo régimen de aislamiento tras ser trasladado de cárcel a una prisión de Yamalia-Nenetsia, en medio de denuncias de su entorno sobre que había estado casi tres semanas en paradero desconocido después de que no compareciera en sucesivas vistas judiciales.
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En una de sus últimas declaraciones, Navalny denunció ante un juez las duras condiciones penitenciarias a las que estaba siendo sometido. “La celda de castigo suele ser un lugar muy frío”, alegó, afirmando que los presos tenían que cubrirse con periódicos para no congelarse.
Todos los destacados críticos contra el Kremlin que no han muerto están en la cárcel o en el exilio, y cientos de miles de rusos han abandonado el país en un éxodo difícil de cuantificar. El ex viceprimer ministro Boris Nemtsov se convirtió en uno de los principales detractores de Putin en la década de 2000. Menos de un año después de oponerse a la anexión de Crimea, Nemtsov fue asesinado en febrero de 2015 con cuatro balas en la espalda en un puente a pocos metros del Kremlin. Tenía 55 años.
Sus partidarios acusan al dirigente checheno Ramzan Kadirov de haber dado la orden, lo que él niega, y por este crimen, fueron condenados cinco chechenos, sin que se identificara oficialmente al autor.
Diez años antes, en octubre de 2006, Anna Politkóvskaia fue asesinada en el vestíbulo de su edificio en Moscú. La periodista de Novaya Gazeta, principal medio de comunicación independiente del país, había documentado y denunciado durante años los crímenes del ejército ruso en Chechenia.
Pero otros críticos fueron encarcelados o corren el riesgo de serlo, como Oleg Orlov, figura de la defensa de los derechos humanos y de la emblemática ONG Memorial, cuyo nuevo juicio se abrió el viernes en Moscú y quien se enfrenta a hasta cinco años de prisión por sus denuncias de la ofensiva militar en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
Vladimir Kara Murza, de 42 años, antiguo opositor, afirma haber sobrevivido a dos envenenamientos. En abril de 2023 fue condenado a 25 años de cárcel en un juicio a puerta cerrada, por difundir “información falsa” sobre el ejército ruso. Sus años en prisión los está cumpliendo en Siberia.
Pero ese no fue el único juicio por esos días. Semanas después de que Murza conociera su condena, Ilia Iachin, de 39 años, fue enviada a la cárcel durante ocho años y medio por haber denunciado “el asesinato de civiles” en la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, donde el ejército ruso fue acusado de atrocidades, lo que Moscú niega. Acusada de haber “creado una organización extremista”, Ksenia Fadeieva, de 31 años, exdiputada aliada de Navalni, también fue condenada a finales de 2023 a nueve años de prisión.
En junio de 2023, Lilia Chanicheva, primera colaboradora de Navalny en ser juzgada por crear una “organización extremista”, fue condenada a siete años y medio de reclusión.
La mayoría de los principales opositores que permanecen en Rusia están encarcelados. Los demás huyeron o se exiliaron, como el excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Mijaíl Jodorkovski, exmagnate del petróleo, pasó diez años en la cárcel por haberse opuesto a Putin a principios de los años 2000. Después de su liberación en 2013, el exoligarca se instaló en Londres, desde donde financia plataformas de oposición.
Muchos partidarios de Jodorkovski, pero también de Navalny, abandonaron Rusia a partir de 2021, año que marcó una fuerte aceleración de la represión, acentuada desde la ofensiva en Ucrania.
Moscú también aumenta la presión sobre los disidentes en el exilio. En febrero se abrió una investigación en Rusia contra el escritor Boris Akunin, exiliado desde 2014 en Londres, por “difusión de informaciones falsas” sobre el ejército y “llamamiento al terrorismo”.
Cientos de activistas de derechos humanos, opositores o periodistas fueron etiquetados de “agentes del extranjero”. Fue el caso en febrero de Oleg Orlov, del exprimer ministro exiliado Mijaíl Kasianov y del redactor jefe de Novaya Gazeta, Dmitri Muratov.
Además de la persecución contra organizaciones defensoras de derechos humanos rusas, como la ONG Memorial, coganadora del Premio Nobel de la Paz 2022, disuelta por la justicia rusa a finales de 2021 por haber violado la ley sobre los “agentes del extranjero”, que impone estrictas obligaciones administrativas.
La justicia rusa ordenó también la disolución de varias asociaciones con opiniones críticas por haber organizado en Rusia acontecimientos fuera de su “zona de actividad” geográfica. Así ocurrió en agosto con el Centro Sájarov y anteriormente con el Grupo Helsinki de Moscú y el Centro Sova.
La victoria de Putin se da por descontada, dado que todas las figuras opositoras están encarceladas, en el exilio o sus candidaturas fueron impugnadas. En uno de sus últimos mensajes, Navalni alentó a votar por “cualquier otro candidato” que no sea Putin.
Con información de Europa Press y AFP*