Los cuestionamientos que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a las políticas migratorias que separaron a 2.342 niños de sus padres, quienes querían ingresar ilegalmente al país, dieron frutos. Ayer firmó un decreto para garantizar “seguridad en la frontera, al mismo tiempo que tenemos compasión y mantenemos a las familias unidas”, dijo a medios el mandatario.
Este reverzaso se dio luego de que las imágenes de menores de edad en centros para migrantes, rodeados de rejas, muchos de ellos llorando, le dieron la vuelta al mundo y aumentaron la presión sobre Trump. Hasta el cierre de esta edición la Casa Blanca no había publicado el decreto.
Estos centros no son una política nueva. Han existido como espacios de paso para las personas que están a la espera de que se resuelva su situación migratoria pero, antes, padres e hijos eran albergados en el mismo lugar. The New York Times señaló que durante el gobierno de Barack Obama hubo casos en los que las familias fueron separadas, “pero fue la excepción, no la regla”. Ese es el punto que desató la polémica en medio de la campaña de “cero tolerancia” con la discriminación de Trump.
Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, esto “pone en duda la imagen que se tenía de Trump como un líder hermético”, debido a que antes se pensaba que no sería flexible en derechos humanos. Sin embargo, advierte que esto no significa un cambio drástico en sus políticas, sino que abre la puerta a que se revisen algunos aspectos.
Crisis en la frontera sur
La Casa Blanca asegura que, desde 2013, el país ha permitido el acceso de medio millón de migrantes ilegales, pero en los últimos meses la cifra se incrementó. Según el secretario de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, hubo un aumento del 325 % de niños extranjeros que intentaban cruzar sin compañía y de 435 % de unidades familiares. Esas estadísticas serían el motivo por el que el gobierno endureció las políticas.
Trump, por su parte, culpa al Congreso, al señalar que había solicitado ajustar la Ley de reautorización de prevención de víctimas de trata que, según la Casa Blanca, ha promovido que los padres manden a sus hijos con terceros, “contrabandistas”, a pasar la frontera.
Además, aseguró que era necesario reformar las reglas del asilo para que se le otorgue a quienes realmente lo necesitan, y revisar un acuerdo que permite que las familias estén juntas en el albergue durante la espera a que se defina si serán deportados. Esta última ahora es posible con la firma del decreto.
Defensores de los derechos humanos, trabajadores sociales e incluso la primera dama Melania Trump y senadores de la bancada republicana manifestaron su descontento. Ahora se espera que estos niños y niñas puedan reunirse en los centros de detención con sus padres, en el marco de una política de “tolerancia cero” con los migrantes.
Se estima que el gobierno custodia a 11.351 menores inmigrantes, muchos de ellos sin ningún acudiente, ya que algunos han intentado cruzar la frontera por su cuenta. Lo claro es, como señala el analista Jaramillo, el hecho de Trump haya dado su brazo a torcer, no implica cambios que habra profundos en su política internacional.
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