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Aunque el fallido golpe de estado fue hace año y medio, régimen de Erdogan ha llegado a condenar a cadena perpetua a opositores.
El jueves pasado fue Metin Topuz, un empleado del Consulado General de Estados Unidos en Estambul, el detenido por presunta relación con el fallido golpe de Estado de 2016 en Turquía. Horas después, el mismo día, la Fiscalía turca ordenó detener a 133 funcionarios, porque usaban ByLock, una aplicación móvil cifrada que presuntamente empleaban los seguidores del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quién Ankara responsabiliza del golpe. El viernes, 40 personas fueron condenadas a cadena perpetua por intentar asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan el 15 de julio del año pasado.
Desde aquella fecha, 50.546 mil personas han sido detenidas en Turquía y 103.824 más han sido destituidas de sus cargos. La mayoría son académicos y docentes de colegios y universidades cercanas al movimiento intelectual de Gülen.
Este tipo de decisiones del Gobierno, dice Ertan Ersoy, profesor de Estudios Turcos Contemporáneos en la Escuela de Economía de Londres, se están aplicando por una mezcla de políticas...