El presidente argentino Javier Milei presentó el jueves 2 de octubre un proyecto de reforma del Código Penal bajo el lema “Tolerancia Cero”, que prevé un endurecimiento generalizado de las penas, la baja de la edad de imputabilidad y la aceleración de los procesos judiciales.
La presentación de la iniciativa, desde el complejo penitenciario de Ezeiza, en el sur de Buenos Aires, ocurre en la recta final antes de las elecciones legislativas de medio término el 26 de octubre.
“El orden es una precondición para tener tolerancia cero, el que las hace las paga”, declaró Milei en un breve discurso con tono de campaña, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Entérese: ¿Y la “motosierra”? Tras revés electoral, Milei subirá gasto en pensiones, salud y educación
Los comicios serán cruciales para el mandatario ultraliberal, que atraviesa una etapa política difícil y busca aumentar su escasa base parlamentaria.
Las condenas que se modifican en Argentina
Según el proyecto, el robo se castigaría con un mínimo de un año de prisión en lugar de un mes, y la pena máxima se incrementaría de dos a tres años, y de seis a ocho años en casos de robo con uso de la fuerza.
El homicidio simple conllevaría una pena de prisión de entre 10 y 30 años, en lugar de los ocho a 25 actuales; también hay que mencionar que la cadena perpetua ya es posible para el homicidio agravado. La pena máxima por posesión de pornografía infantil con fines de distribución aumentaría de dos a 12 años de prisión. Las agresiones durante manifestaciones se castigarían con hasta cinco años en lugar de los dos actuales, y hasta nueve años si el ataque se dirige contra un miembro de las fuerzas de seguridad.
A esto se le suma que la edad de imputabilidad se reduciría de los 16 a los 13 años.
El proyecto también prevé la eliminación de la prescripción para los delitos más graves, como el homicidio, los delitos sexuales, la trata de personas y el tráfico de drogas, es decir, que no se extinga el plazo para investigar o juzgar personas por dichos delitos aunque pasen décadas. Actualmente, la imprescriptibilidad solo aplica para los crímenes de lesa humanidad.
La reforma busca unificar el viejo Código Penal de 1921 con más de mil leyes penales especiales en un solo cuerpo, que pasaría de 316 a 920 artículos. Además, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todo el catálogo de delitos, incorpora más penas contra la corrupción —incluido el soborno entre privados— y habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo, narcotráfico o corrupción.
También crea capítulos específicos para ciberdelitos, fraude digital, secuestro virtual, violencia organizada, pornovenganza, estafas piramidales, delitos ambientales y crueldad animal sistemática. Se incluye la tipificación de la creación de imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial y la obligación de eliminarlas de inmediato.
El proyecto endurece el régimen de armas: convierte la portación ilegal en un delito no excarcelable y amplía sanciones para reincidentes. En el caso del narcotráfico, eleva las penas máximas a 25 años para los organizadores del tráfico internacional e introduce figuras para el desvío de precursores químicos y opioides sintéticos.
Otro de los ejes es la intervención de las víctimas, que deberán ser notificadas de todas las resoluciones que las afecten y escuchadas antes de decisiones clave. Asimismo, se establece un “seguimiento socio-judicial” de los condenados por delitos graves al momento de salir en libertad.
En cuanto a la protesta social, el texto propone hasta tres años de prisión por cortar rutas y hasta dos años por arrojar objetos durante manifestaciones, además de ampliar la legítima defensa para policías y fuerzas de seguridad en cumplimiento de su deber.
Finalmente, se busca acelerar los procesos judiciales mediante la implementación obligatoria del sistema acusatorio en todo el país, en el que los fiscales investigan y acusan y los jueces se limitan a arbitrar. “Que este grupo de reformas se implementen o no depende del Congreso de la Nación”, dijo Milei.
“Depende de que quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del de los delincuentes”, concluyó.
Le puede interesar: Otro golpe a Milei: Congreso negó vetos a financiación pública de salud y educación
Regístrate al newsletter