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Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia “el más grave retroceso en décadas” en derechos humanos en América Latina, señaló este jueves la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
En su reporte anual “América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas” explicó que el agravamiento se da en medio de la pandemia del covid-19, que ha supuesto diferentes desafíos para la región, pero, también ha significado la implementación de medidas arbitrarias.
En el informe se detalla la situación de diferentes países de la región. Sobre Cuba, HRW expresa su preocupación por los “abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos” tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
“La respuesta del régimen cubano ha sido una represión brutal. Hemos documentado casos sistemáticos de detención arbitraria, más de mil personas fueron detenidas durante las protestas de julio. Hemos documentado denuncias de maltrato en contra de los detenidos y además procesos penales sin ningún tipo de garantías de debido proceso”, aseveró Tamara Taraciuk, directora interina de HRW para las Américas.
En el caso de Nicaragua, denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el 7 de noviembre de 2021 “se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas”, después de que se detuvieran previamente a siete candidatos opositores al presidente y aspirante a la reelección, Daniel Ortega.
Esta misma falta de garantías se replicó en Venezuela, donde el 21 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo unos comicios regionales en los que se impusieron los candidatos chavistas en un proceso electoral caracterizado por irregularidades que fueron denunciadas por la Unión Europea.
Allí la misión de la UE concluyó que algunos opositores políticos fueron inhabilitados de arbitrariamente para postularse a cargos públicos, también hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, así como falta de independencia judicial y respeto al Estado de derecho, lo cual afectó la transparencia e imparcialidad de los comicios.
Con respecto a Colombia, el informe detalló que las protestas ocurridas entre abril y julio del año pasado dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial. La organización llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno “aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial”.
El informe señaló que: “Oficiales de policía dispersaron repetida y arbitrariamente las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva, a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género”.
“Colombia es el único país de América Latina donde la Policía está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, y esto muchas veces hace difícil distinguir cuáles son las responsabilidades militares y policiales”, explicó Taraciuk.
HRW añade que, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los guerrilleros de las FARC, “la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y los abusos de grupos armados, incluidos los asesinatos, masacres y el desplazamiento forzado masivo, se han incrementado en áreas remotas del país en 2021”.
El principal señalamiento hacia Jair Bolsonaro, presidente de Brasil está relacionado con su errático manejo de la pandemia, porque “siguió ignorando” las recomendaciones sanitarias y “promoviendo medicamentos ineficaces” contra la covid-19.
Para HRW “es indispensable seguir apoyando en Brasil el trabajo de los jueces que se han animado a ponerle un freno a los excesos de Bolsonaro”.
A su vez, la organización observa que los Gobiernos de El Salvador y México están llevando a cabo arremetidas antidemocráticas constantes contra los demás poderes del Estado y los medios de comunicación.
“Estamos preocupados por las dictaduras puras y duras como Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también por estos intentos de líderes que son elegidos democráticamente y, una vez en el poder, lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho”, señaló Taraciuk.
En El Salvador, Nayib Bukele reemplazó a los jueces de la Corte Suprema. Los nuevos miembros del máximo órgano judicial decidieron que el mandatario podía postularse a una reelección consecutiva, a pesar de que la Constitución lo prohibe.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en noviembre un acuerdo que le da prioridad a obras que el Gobierno ha establecido como puntales en su Administración.