Tras una extensa audiencia en el Senado de Estados Unidos, la estrategia de Washington frente a Venezuela quedó expuesta entre matices, cautelas y tensiones internas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, compareció durante casi tres horas ante el Comité de Relaciones Exteriores y delineó la hoja de ruta que la administración de Donald Trump proyecta para el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de una transición encabezada por Delcy Rodríguez.
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Uno de los mensajes centrales fue el rechazo, al menos por ahora, de una nueva acción militar. “Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparados, ni tenemos intención, ni prevemos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, dijo. Sin embargo, en un documento escrito entregado a los congresistas —que no leyó durante la audiencia— dejó constancia de que Washington se reserva la opción de recurrir a la fuerza.
En paralelo, el secretario de Estado anticipó un movimiento clave en el frente diplomático: la reapertura de una presencia formal de Estados Unidos en Caracas.
Según explicó, un equipo ya se encuentra evaluando las condiciones para avanzar en ese paso, que permitiría a Washington contar con información directa y mantener interlocución no solo con autoridades del poder de facto, sino también con sectores de la sociedad civil y de la oposición. La misión estaría liderada por la diplomática Laura Dogu.
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El manejo de los recursos petroleros concentró buena parte del debate. Rubio reiteró que la Casa Blanca contempla autorizar la venta de crudo venezolano actualmente sancionado, pero con una condición central: los ingresos no llegarán directamente al gobierno.
Los fondos serían depositados en cuentas bajo supervisión del Departamento del Tesoro, con el objetivo de destinarlos a servicios básicos como salud y seguridad.
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