El dictador Ortega atacó a dos universidades católicas

El régimen de Nicaragua no solo ordenó su cierre inmediato, sino que expropió todas sus propiedades. Es otro golpe contra la iglesia.

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, apoyado por su esposa Rosario Murillo, le declaró la guerra a la iglesia católica. Ordenó el cierre de universidades y medios ligados a esa filial religiosa. Y encarceló curas. FOTO afp

La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua no da tregua en la guerra que le declaró a la iglesia católica. Y ahora, en una muestra de abuso de poder, le asestó un duro golpe al intervenir y cerrar dos universidades privadas que tenían vínculos con esa tendencia religiosa.

En efecto, el gobierno de Managua las privó de personería jurídica argumentado “incumplimientos” en varias leyes y, de paso, le trasladó la propiedad de sus sedes al Estado. Las expropió.

Todo quedó probado en un documento que el Ministerio de Gobernación (Interior) publicó en el diario oficial La Gaceta, en el cual figuran las cancelaciones de personería a la Universidad Juan Pablo II –con sede en Managua y en otras cuatro ciudades– y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con satélites en León y otras cinco ciudades.

La cancelación fue decretada “por estar en incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan”, según la resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.

Ambas universidades, se agregó en el documento oficial, “han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio”.

Además, la cartera de Gobernación indicó que las autoridades de la Universidad Juan Pablo II “no reportan estados financieros del período 2021 al 2022”, y que su junta directiva estaba vencida desde el 17 de agosto de 2020.

En términos similares, adujo que desde la UCAN “no reportaron estados financieros del período 2020 al 2022”, y que órgano principal caducó desde el 11 octubre 2022.

Ambas universidades tendrán que entregar al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la “información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones (Registro Académico)”.

Los estudiantes de ambas instituciones serán integrados en otras universidades y los bienes de las casas de estudio cerradas pasarán al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro. La Universidad Juan Pablo II, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, impartía 10 carreras en sus sedes.

En su sitio web, la UCAN señala que es una “institución de Educación Superior de Orientación Cristiana e Inspiración Católica”, con una matrícula de 6.375 estudiantes en 25 carreras en sus seis sedes.

El diario oficial también anunció la “disolución voluntaria” de los organismos católicos de beneficencia, Caritas Nicaragua y Caritas Diocesana de Jinotega, y la autorización del ministerio de Gobernación formalizar esos cierres.

Eso sí, el mensaje oficial aclaró que las asambleas extraordinarias de ambas entidades lo decidieron en enero y diciembre, respectivamente. Y ahora se formalizó.

Pero no fue lo único. El Gobierno del dictador Ortega canceló la personería de la Fundación Mariana de lucha contra el cáncer –también ligada a la iglesia católica– “al no reportar su junta directiva por más de cuatro años y sus estados financieros conforme periodos fiscales por más de 11 años”.

Estos cierres se producen 24 horas después de que las autoridades nicaragüenses cancelaran la personería de 18 asociaciones de empresarios, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a otras cámaras patronales (ver recuadro).

Los cierres de las universidades se suman a otras medidas de Ortega contra la iglesia católica y otros sectores de relevancia en la sociedad nicaragüense, que le han valido el aislamiento internacional y sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

De hecho, la administración de Ortega ha tenido duros enfrentamientos con líderes católicos que han criticado sus políticas, e incluso el obispo Rolando Álvarez fue detenido en agosto del 2022 y condenado a 26 años de cárcel por –entre otros cargos– menoscabo a la integridad nacional. Y hace casi un año, Nicaragua expulsó al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.

Toda esta carga contra la iglesia católica se acrecentó tras las protestas de 2018, pues Ortega acusó a esta filial religiosa de propiciarlas.