El presidente demócrata Joe Biden y su antecesor y férreo opositor, el republicano Donald Trump, comienzan esta semana con una coincidencia judicial: ambos están bajo escrutinio por su gestión con los documentos confidenciales de la Casa Blanca.
El episodio más reciente salpicó este fin de semana a Biden por cuenta de cinco páginas de documentos confidenciales que fueron hallados en la casa familiar del mandatario Wilmington (Delaware). Esto se suma a que, desde hace 9 días, se vienen reportando archivos secretos en poder del demócrata, que datan de cuando fue vicepresidente –entre 2009 y 2017– y se encontraron en un despacho de Washington.
En paralelo, a Trump –quien quiere pelearle la reelección a Biden en 2024– también le encontraron archivos confidenciales en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), los cuales extrajo siendo mandatario y se había negado en devolverle a los Archivos Nacionales.
Y es que el Congreso de Estados Unidos declaró en 1978 que el conjunto de documentos creados o recibidos por el presidente y el vicepresidente en el marco de sus funciones pertenecen al país. A raíz de esta ley, todos los correos, cartas, fotos, videos y documentos de trabajo de la Casa Blanca deben ser transmitidos al final del mandato a los Archivos Nacionales, encargados de registrar para la historia las actividades presidenciales. Y otra ley, sobre espionaje, prohibe a los agentes estadounidenses conservar documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados y no asegurados.
Debido a su alto perfil, el ministro de Justicia, Merrick Garland, entregó los casos a dos fiscales especiales: Jack Smith, encargado desde noviembre del caso Trump (que también incluye investigaciones sobre su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021), y Robert Hur, designado para el expediente Biden.
