Ahora que Cuba está en la mira de Estados Unidos, y para esto hay que tener en cuenta el fracaso que se avecina tras la guerra con Irán, hay que revisar cómo empezó el asedio del gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro hace más de un año. No es paranoia decir que parece un guion calcado.
En el primer semestre de 2025, Estados Unidos aplicó más de 50 sanciones y el fin de las licencias flexibilizadas de la era de Joe Biden, entre las que se contaban alivios a las sanciones contra las petroleras venezolanas. Sin embargo, la movida más importante fue designar como grupos terroristas a los carteles el Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, lo que llevó a que se emitieran recompensas hasta por 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y otras cabezas del chavismo, en un monto que llegó a superar el que alguna vez se le puso a la cabeza de Osama bin Laden.
Después de eso, hubo movimiento de barcos y portaaviones a aguas internacionales del Caribe, lo que derivó en ataques directos a lanchas que supuestamente llevaban narcotraficantes; incluso en algún momento se habló de ataques terrestres para contrarrestar el avance de la cocaína desde Latinoamérica. Mientras la amenaza de armas era latente, medios como The New York Times y The Washington Post citaban fuentes de la Casa Blanca que aseguraban diálogos con el poder en Venezuela. Todo indicaba que a Maduro le estaban dando posibilidades de entregar el poder por las buenas, pero este nunca cedió.
El desenlace cambió, en cierta manera, el mundo: Maduro fue capturado junto a su esposa en un operativo quirúrgico durante la madrugada del 3 de enero de 2026. Ahora hay un gobierno de transición en Venezuela al mando de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, que se mueve según le marcan la batuta desde Estados Unidos, hecho que quedó comprobado con la extradición hace varias semanas de Álex Saab.
La crisis de Cuba se profundizó con la captura de Maduro, pues el régimen que empezó Chávez era uno de los principales aliados de la isla y su principal proveedor en términos energéticos. Fue así como el 29 de enero pasado Trump firmó sanciones a los países que vendieran o llevaran petróleo a Cuba.
Los problemas energéticos en la isla habían empezado en diciembre y con la decisión de Estados Unidos no hicieron más que agravarse: llegaron los apagones masivos y con ellos se levantó la leve capa que tapaba una crisis que no aguantaba más. A la gente se le empezó a dañar la poca comida que les quedaba en la nevera; se supo que los bonos alimentarios de la dictadura no funcionan bien desde hace años y que la pobreza llega a niveles de escándalo.
Saltando varios hechos, llegamos a que el miércoles el Pentágono confirmó que el portaaviones USS Nimitz está “parqueado” cerca de la isla, movimiento que ya se vio con Venezuela.
Sin embargo, en una rueda de prensa, a Trump se le preguntó si buscaba intimidar al régimen, a lo que respondió: “No, nada de eso. Respecto a Cuba, es un país fracasado, todo el mundo lo sabe. No tiene electricidad, no tiene dinero, realmente no tienen nada. No tienen comida. Y vamos a ayudarles y avanzar, y vamos a ayudarle a la gente. Porque, primero, quiero ayudarles. Sabes, tenemos bases humanitarias. Pero tenemos una comunidad cubanoamericana, sobre todo viviendo en Miami, Florida, y es un gran grupo de gente, trabajadores, simplemente grandes estadounidenses. Han querido que esto suceda y quieren volver a su país. Espero que se queden aquí, pero quieren volver. Quieren invertir en su país y vamos a recuperarlo. Otros presidentes han estudiado esto por 50 o 60 años y parece que seré yo quien lo haga, así que me encantaría hacerlo. Queremos abrirlo para los cubanoamericanos, que puedan volver y ayudar”.
Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien es el hombre designado para los asuntos en Latinoamérica, una especie de virrey para el caso Venezuela, dijo que no cree que la diplomacia sirva con Cuba: “La preferencia del presidente es siempre un acuerdo negociado y pacífico. Esa es siempre nuestra preferencia. Y esa sigue siendo nuestra preferencia con Cuba. Pero, para serles franco, la probabilidad de que eso ocurra no es alta (...) Pero si cambian de parecer, aquí estamos; y, mientras tanto, seguiremos haciendo lo que debemos hacer”. AFP reportó que Rubio describió a Cuba como un “Estado fallido” y dijo que Washington estaba “muy enfocado” en cambiar el sistema comunista de la isla.
La frase es importante porque no habla solo de presión económica, ni de una molestia coyuntural con La Habana. Habla de sistema. Habla de régimen. Habla de cambio político. Rubio, cubanoestadounidense, opositor feroz del castrismo y hoy convertido en una de las voces más duras de la política exterior de Trump, fue más allá: dijo que el modelo económico cubano está roto y que no se puede arreglar con el sistema político actual. En otras palabras, el mensaje que Washington está mandando es que ya no basta con que Cuba acepte alimentos, medicinas o una negociación controlada. Lo que se está poniendo sobre la mesa es la continuidad misma del castrismo.
Y ahí aparece otra pieza del libreto: la justicia. Esta semana, Estados Unidos imputó formalmente a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en febrero de 1996, cuando él era ministro de Defensa. En ese ataque murieron cuatro personas. Castro tiene 94 años, pero sigue siendo una figura simbólica y política del régimen. Su imputación, más que una acción judicial aislada, tiene el peso de un mensaje: Washington no solo apunta al gobierno actual de Miguel Díaz-Canel, sino al corazón histórico de la revolución cubana. La acusación contra Raúl Castro incluye cargos ligados al derribo de aeronaves civiles y al asesinato de ciudadanos estadounidenses, según reportes recientes sobre el caso.
La reacción en Cuba fue inmediata. El Gobierno calificó la acusación como una maniobra sin fundamento jurídico y el periódico oficial Granma llamó a protestar frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Díaz-Canel dijo que la imputación busca justificar “el desatino de una agresión militar a Cuba”. La palabra “justificar” es clave, porque fue exactamente el argumento que muchos analistas utilizaron en el caso de Venezuela: primero se construye un expediente criminal, después se eleva el asunto a amenaza de seguridad nacional, luego se rodea el territorio y, finalmente, se deja abierta la puerta a una intervención quirúrgica, humanitaria, antidrogas o antiterrorista, según convenga.
Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, lo resumió ante la agencia de noticias AFP con una frase simple: la idea es decirle a Cuba que Estados Unidos puede hacerle “lo mismo” que le hizo a Nicolás Maduro. Y esa comparación no es menor. Porque en Venezuela también hubo una mezcla de sanciones, acusaciones judiciales, presión militar, recompensas, amenazas públicas y supuestos canales de negociación. Todo eso se presentó durante meses como una estrategia de presión, hasta que dejó de serlo. Cuando el desenlace llegó, ya el terreno político, mediático y jurídico estaba preparado.
Con Cuba, además, el cerco tiene otra dimensión: la humanitaria. Washington ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, pero puso una condición que no es menor: que la ayuda no pase por GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos y que domina sectores centrales de la economía de la isla. Rubio dijo que La Habana aceptó en principio la ayuda, pero que no está claro si aceptó las condiciones de Estados Unidos. Traducido: incluso la ayuda se convierte en una disputa de poder. Si entra por canales independientes, golpea el control del régimen. Si entra por las estructuras militares cubanas, Washington queda financiando indirectamente al aparato que dice querer desmontar.
Ese punto revela hasta qué nivel está atrapada Cuba. La Iglesia Católica y Cáritas ya distribuyeron el 82% de una primera ayuda humanitaria de tres millones de dólares enviada por Estados Unidos para familias afectadas por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del oriente de la isla. Esa ayuda, que incluye alimentos, productos de higiene y artículos para el hogar, beneficiará en total a 8.800 familias. Además, hay otra donación de seis millones de dólares en camino y la oferta mayor de 100 millones en alimentos y medicinas. Es decir, mientras Washington aprieta el cuello energético de la isla, también se presenta como quien puede salvar a la población del hambre.
Esa dualidad no es nueva. Es vieja política imperial con lenguaje humanitario moderno. Se castiga al régimen, se asfixia la economía, se espera que el colapso genere presión social, y al mismo tiempo se ofrece ayuda “directa al pueblo” para separar simbólicamente a los ciudadanos del gobierno. Lo que pasa es que en Cuba ese cálculo tiene riesgos enormes, porque la isla no es solo un país pobre y envejecido bajo una dictadura agotada. También es un símbolo político de más de seis décadas de resistencia antiestadounidense, un territorio con memoria de invasión, bloqueo, espionaje, sabotaje y crisis de misiles. En Cuba, cualquier movimiento de Washington se lee con la historia entera encima.
Por eso también pesan las reacciones internacionales. La Unión Europea, por boca de Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, dijo que la crisis cubana está llegando a un punto de ruptura tras décadas de mala gestión y represión política, pero pidió “no más control ni aislamiento” para el pueblo cubano. China, en cambio, acusó a Estados Unidos de agitar el garrote de las sanciones y el garrote judicial. Rusia fue más directa al cuestionar la imputación contra Raúl Castro y advertir que no se deben usar métodos que rozan la violencia contra jefes de Estado, estén o no en funciones. Cada quien juega su papel: Europa intenta quedar del lado de los derechos sin comprar del todo la escalada militar; China y Rusia defienden a La Habana porque también defienden su propio tablero contra Washington.
Pero la presión no se queda en lo militar, lo diplomático o lo humanitario. También se está moviendo en los tribunales y en el bolsillo. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de fallar a favor de Havana Docks Corp., una empresa portuaria estadounidense cuya concesión en La Habana fue confiscada tras la revolución de 1959. El fallo revive reclamaciones contra líneas de cruceros como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC, que utilizaron esos muelles entre 2016 y 2019, durante el deshielo impulsado por Barack Obama. La decisión se apoya en la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos o empresas estadounidenses demandar a quienes se beneficien de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Ese fallo puede parecer un asunto técnico, de abogados y cruceros, pero no lo es. En la práctica abre una puerta para que otras compañías estadounidenses reclamen bienes expropiados por la revolución cubana. Es decir, mientras un portaaviones se acerca al Caribe, mientras Rubio dice que el sistema no se puede arreglar, mientras Raúl Castro es imputado y mientras Trump habla de abrir Cuba para que los cubanoamericanos vuelvan e inviertan, la justicia estadounidense empieza a desempolvar el inventario de propiedades confiscadas. No es un detalle. Es la preparación jurídica de un eventual rediseño económico de la isla.
Ahí está el punto más delicado del discurso de Trump: “vamos a recuperarlo”. La frase puede sonar improvisada, como muchas frases suyas, pero condensa una visión. No habla solamente de ayudar a los cubanos ni de enviar comida ni de restaurar la democracia. Habla de recuperar un país para los cubanoamericanos, para la inversión, para quienes llevan décadas esperando el fin del régimen. Y eso, leído desde La Habana, Pekín o Moscú, no suena a ayuda humanitaria: suena a cambio de régimen con mercado incluido.
El problema es que Cuba, por dentro, ya está rota. El régimen no necesita que nadie lo invente. La crisis energética, la falta de alimentos, la migración, el envejecimiento de la población, el deterioro de los servicios, la vigilancia política y la pérdida de legitimidad han convertido a la isla en un país sostenido por inercia, miedo y nostalgia. El castrismo todavía conserva aparato, inteligencia, control barrial, Fuerzas Armadas y discurso, pero cada apagón erosiona un poco más el relato de la dignidad sitiada. La gente no come símbolos. La gente no refrigera la comida con épica revolucionaria. La gente no carga un celular con consignas.
Y, sin embargo, una intervención de Estados Unidos podría darle al régimen el enemigo perfecto en el momento perfecto. Eso también hay que decirlo. En Cuba hay cansancio, rabia y hambre, pero una cosa es protestar contra el poder propio y otra ver un portaaviones estadounidense en la costa. Una trabajadora cubana citada por AFP lo dijo con una claridad brutal: una guerra sería inhumana porque habría muertos, muchos muertos. Ese miedo no es propaganda solamente. Es memoria histórica. Es la intuición elemental de quien sabe que, cuando los imperios y los regímenes se enfrentan, los cadáveres casi siempre los ponen los mismos.
Por eso el paralelo con Venezuela sirve, pero no alcanza. Cuba es otro animal. Venezuela tenía petróleo, una frontera terrestre porosa, un régimen más joven y unas Fuerzas Armadas atravesadas por negocios ilícitos. Cuba tiene una revolución convertida en religión de Estado, una diáspora poderosa en Florida, un aparato de inteligencia curtido por décadas y una ubicación geográfica que para Estados Unidos es casi doméstica. Está a 145 kilómetros de Florida. Demasiado cerca para ignorarla, demasiado cargada de historia para tocarla sin consecuencias.
La pregunta, entonces, no es si Trump quiere presionar a Cuba. Eso ya está claro. La pregunta es hasta dónde piensa llegar. Porque el libreto ya empezó: sanciones energéticas, ayuda humanitaria condicionada, portaaviones en el Caribe, acusación judicial contra una figura histórica, fallo de la Corte Suprema sobre propiedades confiscadas, discurso de Estado fallido, promesa de ayudar al pueblo y duda pública sobre la utilidad de la diplomacia. Cada pieza por separado puede explicarse. Todas juntas arman otra cosa.
Y lo más inquietante es que Trump lo dice con esa mezcla suya de amenaza y espectáculo, como si hablara de una operación inmobiliaria pendiente desde hace 60 años. “Parece que seré yo quien lo haga”, dijo. Lo que para él puede ser una frase de campaña o una escena para Miami, en el caso de Cuba puede ser el anuncio de una etapa irreversible. Porque si algo enseñó el caso Maduro es que, cuando Washington empieza a repetir que no quiere escalar, suele ser porque ya está moviendo las piezas para que la escalada parezca inevitable.
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