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Crisis en Perú: Fuerzas Armadas y la Policía “no acatarán” decisiones contrarias a la Constitución

Las puertas del cuartel Rafael Hoyos Rubio ha sido crucial para las asonadas golpistas porque en él se encuentran los tanques del país.

  • La Fuerza Pública peruana indicó en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución”. FOTO: EFE
    La Fuerza Pública peruana indicó en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución”. FOTO: EFE
07 de diciembre de 2022
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El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional de Perú alertaron este miércoles que no acatarán ningún acto contrario al orden constitucional, horas después de que el mandatario Pedro Castillo dictara la disolución del Congreso y el nombramiento de un Gobierno de emergencia, calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.

“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú“, señaló el CCFFAA en un comunicado.

Cuartel del Ejército en Lima permanece cerrado

Las puertas del cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito limeño del Rímac, donde se encuentra la División Blindada del Ejército peruano, fueron cerradas este miércoles poco después de que Castillo anunciara la disolución del Parlamento.

Imágenes mostradas por el Canal N de televisión mostraron que las grandes rejas eran cerradas por efectivos militares, sin que se reporte otro movimiento afuera o dentro del cuartel, que en la historia del país ha sido crucial para las asonadas golpistas porque en él se encuentran los tanques y blindados del país.

Medios locales señalaron, además, que se presentaba una aparente normalidad y sin ningún movimiento irregular de tropas en las otras bases y cuarteles del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea que hay en la capital peruana y en el resto del país.

Tanto legisladores de oposición, como miembros de organismos como el Tribunal Constitucional (TC), le habían pedido este miércoles a las Fuerzas Armadas “que defiendan el orden constitucional” y se opongan a la decisión tomada por Castillo.

La posición de los representantes de la Judicatura coincidió con la mayoritaria de los congresistas de todas las bancadas, que denunciaron que el presidente Castillo dio un golpe de Estado.

El gobernante dictó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses”.

También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de hoy desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves) y que “se declara en reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”, agregó.

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