El feminicidio que ha conmocionado a Sevilla ocurrió hacia las 3:10 de la madrugada del domingo 28 de septiembre, cuando vecinos de la calle Tigris, en el sector de Sevilla Este, alertaron a la Policía sobre los gritos de una mujer pidiendo ayuda. Al llegar, los agentes encontraron sin vida a Yaqueline S., de 28 años, con una herida mortal en el cuello y graves lesiones en el rostro y la cabeza.
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El presunto responsable, identificado como Julián David G. V., ciudadano colombiano de 21 años, fue hallado en el lugar con heridas que él mismo se habría ocasionado tras el ataque. Fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen Macarena, donde permanece bajo custodia policial en estado grave, a la espera de recibir el alta médica para iniciar su proceso judicial.
Según los testimonios recogidos por Diario de Sevilla, existen dos hipótesis sobre la secuencia de los hechos. La primera apunta a que tras regresar de una fiesta de cumpleaños, la pareja discutió y la mujer fue brutalmente golpeada antes de intentar huir. Julián David la habría perseguido con un cuchillo hasta un portal cercano, donde finalmente la atacó. La segunda versión sostiene que el agresor habría esperado a la víctima en el edificio para agredirla de forma premeditada.
Contexto y antecedentes
Las autoridades confirmaron que Julián David G. V. tenía abierto un procedimiento de expulsión en España tras un episodio de violencia ocurrido en 2024 en Cádiz, donde intentó asfixiar a Yaqueline. Aunque la Policía lo detuvo en ese momento, la mujer no presentó denuncia formal y el joven quedó en libertad provisional.
Según confirmó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, no existían órdenes de alejamiento ni medidas judiciales vigentes de protección hacia la víctima.
El proceso de expulsión seguía en trámite al momento del feminicidio. En estos casos, la persona extranjera puede presentar alegaciones antes de que la Administración dicte la resolución definitiva. De haberse ejecutado, la medida habría implicado la salida forzosa del país y la prohibición de retorno por un periodo de hasta cinco años.
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