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En 5 meses, el 7 de noviembre de 2021, se realizarán las elecciones generales –presidenciales y legislativas– en Nicaragua. Pero, desde ya, hay tensión. Y no se trata del clima propio de las elecciones, sino de los hechos que hacen que se cuestione la legitimidad de los comicios.
El más reciente ocurrió a finales de esta semana, cuando la justicia nicaragüense ordenó el arresto de la periodista Cristiana Chamorro, quien se perfila como la principal opositora ante una eventual candidatura de Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.
Chamorro fue detenida, luego de que la jueza del Noveno Distrito Penal hallara fundamentos en la acusación de supuesto lavado de dinero, tras irregularidades en el manejo de los recursos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, madre de la candidata y presidenta del país centroamericano entre 1990 y 1997.
La decisión judicial, además, la inhabilita para ser candidata. Las autoridades locales argumentaron que Chamorro “no está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”. Desde su detención, de acuerdo a su equipo de prensa, permanece incomunicada y aislada en su casa.
Las reacciones no se hicieron esperar. Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., aseguró que “es la muestra de una falta total de confianza” y pidió su liberación.
La ONU, a través de su representante Stéphane Dujarric, condenó el hecho al asegurar que “estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones”, por lo que aseguró que “estaremos al tanto de las acciones legales tomadas contra Chamorro”.
Por su parte, Peter Stano, portavoz de la Unión Europea aseguró que “las acciones judiciales contra Chamorro son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y a sus candidatos”.
La tensión no es nueva en la nación dirigida por Ortega. Desde 2018, cuando hubo marchas en contra del Gobierno, un sector mantiene el rechazo a la permanencia en el poder del líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Por eso, para Miguel Gomis Balastreti, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, la detención de Chamorro “es un paso que no sorprende tanto, pero al mismo tiempo es bastante atrevido. Es una obstaculización para las elecciones libres”.
“Lo que habría que decir es que la situación actual es de pérdida de legitimidad, pero también de opciones. Ortega está, cada vez más, en un callejón sin salida, avanzando hacia un gobierno más represor”, señala.
Sin embargo, también dice Gomis que la oposición ha tenido problemas para “unirse ante un mismo liderazgo”. Prueba de ello es que, a pesar de que Chamorro cuenta con el 21 % de la aprobación, su candidatura –que ahora está en el limbo– no es fruto de alianzas políticas.
Aún no está claro si el presidente Daniel Ortega cumplirá con lo que dijo en 2018: que no pensaba dejar el poder. Sin embargo, desde ahora se augura una compleja campaña presidencial en Nicaragua.