A la ya compleja situación de orden público que el presidente Sebastián Piñera está sorteando por la disputa entre el Estado y la etnia Mapuche, ahora el mandatario deberá lidiar con un pedido de moción de censura de la oposición, lo que ensombrece aún más la recta final de su segundo mandato, que finalizará en marzo de 2022.
Miembros de todos los partidos de la oposición apoyaron el pedido de destitución a la Cámara de Diputados y acusaron al presidente de haber infringido la Constitución en relación con el principio de “probidad” y por “comprometer gravemente el honor de la Nación”.
Esto por la revelación de presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera a un empresario que sería amigo íntimo de la familia.
La transacción, por cerca de 152 millones de dólares, se habría sellado en Islas Vírgenes Británicas –un paraíso fiscal– nueve meses después de que Piñera asumió la presidencia para su primer mandato (2010-2014). La información fue publicada en los Papeles de Pandora.
Esta acusación, que el Presidente desestimó porque, a su juicio, “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace una semana por la misma operación y por la que ya había sido investigado y y sobreseído en 2017.
El caso de la Minera Dominga agita aún más la escena política del país suramericano, que está pendiente de la Convención Constituyente que redacta su nueva Carta Magna, mientras los votantes deciden a quién elegirán en las próximas elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 21 de noviembre.
De ahí que el gobierno acuse a la oposición de utilizar la coyuntura electoral para buscar réditos políticos. “Es lo más sucio de la campaña electoral”, afirmó Jaime Bellolio, ministro vocero del gobierno chileno.
Antes del anuncio de la moción, Piñera, que cuenta con una desaprobación del 68 % según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, ya era objeto de críticas luego de que decretara la militarización y el Estado de Excepción en cuatro provincias del sur del país (Biobío, Arauco Malleco y Cautín), donde se han presentado olas de violencia por el conflicto territorial entre los Mapuche y el Estado, en el que la etnia reclama tierras que habitaron durante siglos y ahora pertenecen, en su mayoría, a privados.
