Que la destitución de Dilma Rousseff o su retorno al poder ocurran en medio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, frente a la mirada censuradora del mundo, es el escenario más temido del gobierno brasileño y, por ahora, el más posible.
Si bien en mayo pasado, cuando el Senado aprobó iniciar el juicio político contra la presidenta, se dijo que la decisión (con un plazo de seis meses, según la Constitución) podía acortarse y concluir antes del 5 de agosto, día en que comienza el certamen deportivo, un último ajuste del calendario fija el 16 de agosto como plazo para terminar el proceso.
Los 21 miembros de la comisión especial que escuchan a testigos y a expertos desde la semana pasada solo entregarán un reporte pleno el 28 de julio.
Después, el 2 de agosto, el Senado votará los resultados del informe, y en los 14 días siguientes, cuando los Olímpicos vivan su momento culmen, escuchará los argumentos finales de la defensa de Rousseff y de la contraparte para decidir por una mayoría simple de 41 votos si se recomienda que la causa sea archivada o que destituyan a la mandataria.
Si así fuera, el presidente de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, quien comparte la responsabilidad del juicio con el Senado, tendrá que convocar al pleno de la Cámara Alta para una última sesión el 16 de agosto, en la que dos tercios de los senadores (54 votos) tendrán la última palabra.
Por ahora, las dos partes del proceso se concentran en demostrar que la presidenta suspendida es culpable o inocente de las acusaciones que pesan sobre ella: maquillar las cuentas fiscales de Brasil en 2014 y promulgar seis decretos para abrir créditos por 725 millones de dólares sin el aval del Congreso, lo que es considerado un “delito de responsabilidad”.
Según Jorge Eduardo Cardozo, exministro de Justicia de Brasil y hoy cabeza del grupo de nueve abogados que defienden a Rousseff, la misión es probar que las denuncias son “solo faltas administrativas, insuficientes para despojarla de su mandato”.
Cardozo argumenta que “Dilma no malversó fondos públicos y, por lo tanto, no cometió un delito de responsabilidad”. Los préstamos bancarios, además, “no pueden considerarse negligencia hasta que el Tribunal de Cuentas de Brasil no entregue su opinión”, dice, y alega que demostrarán la existencia de una estrategia política para motivar un juicio político, “sin fundamentos, sino como una forma de castigo injustificada”.
