La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en el país no da tregua. Entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) documentó 435 agresiones en el contexto del calendario electoral.
Según un informe de la MOE, aunque esta cifra representa una disminución del 25,3 % frente a 2022, no se traduce en una mejora sustancial de las condiciones de seguridad.
Por el contrario, el organismo advierte una transformación en las dinámicas de la violencia, cada vez más orientadas al control territorial y al uso de agresiones más focalizadas y estratégicas.
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La MOE señala que la violencia sigue afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos, que concentraron el 62,5 % de los casos, con un aumento del 12,9 % frente al periodo anterior.
En segundo lugar están los liderazgos sociales, con 104 agresiones (23,9 %), lo que representa una reducción significativa del 62,6 % en comparación con el calendario electoral de 2022. De otra parte, los liderazgos comunales registraron 59 casos (13,6 %), con una leve disminución del 6,3 %.
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La violencia se extendió a 193 municipios en 28 departamentos y Bogotá, lo que evidencia su alcance nacional. Sin embargo, los datos de la MOE muestran que cinco territorios concentraron el 47,4 % de las agresiones: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá, configurándose como los principales focos de riesgo.
En cuanto a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), las 16 zonas que eligen curules de paz al Congreso, allí se registraron el 30,6 % de la violencia nacional, con 133 casos. La situación es especialmente crítica por su nivel de letalidad: el 50,5 % de los asesinatos de líderes en el país ocurrió en municipios CITREP.
La circunscripción más afectada fue Nariño, Cauca y Valle, con 36 agresiones.
En el caso de la violencia contra las mujeres en política (VCMP), se documentaron 80 agresiones contra lideresas, lo que representa una disminución del 46,3 % frente a 2022. Del total de víctimas, el 65 % corresponde a lideresas políticas.
Un elemento nuevo identificado en este periodo, en el marco de la Ley 2453 de 2025, es la aparición de la violencia vicaria: una forma de agresión que instrumentaliza a familiares o personas cercanas para afectar a la mujer líder. Este tipo de violencia fue registrado en departamentos como Caldas, Norte de Santander, Meta y Antioquia.
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La MOE dio a conocer que entre 2022 y 2026, los hechos de violencia atribuidos a estructuras armadas aumentaron un 126,8 %, al pasar de 977 a 2.216 casos.
La mayoría de estos hechos correspondió a acciones armadas, con 1.903 registros, mientras que los amedrentamientos sumaron 313 casos, evidenciando una combinación de violencia directa y estrategias de intimidación para el control territorial.
El impacto ha sido particularmente fuerte en zonas rurales, donde la violencia creció un 213,2 %, con alta concentración en Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
En este contexto, reseña la MOE, algunos territorios presentan incrementos extremos como en el Huila, por ejemplo, que registró un aumento del 3.700 %, pasando de 2 a 76 hechos, en gran medida por la incursión de nuevas estructuras armadas.
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