El presidente Gustavo Petro se niega a entregar el control de Coosalud EPS, después de que el Tribunal de Bolívar suspendiera la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Es decir, ese Tribunal ordenó que se restableciera la normalidad que tenía la aseguradora antes de las medidas que tomaron en su contra. Sin embargo, en otro episodio de confrontación con la Justicia, el presidente Petro no sólo se negó, sino que dijo que el magistrado que tomó la decisión “debe ser demandado ante la justicia”:
“El magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye los criminales”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), por donde suele pronunciarse.
Este 17 de abril, el antiguo representante de la entidad Jaime González llegó a la sede en Cartagena para volver a asumir sus funciones, pero no le fue permitido.
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Según comentó su abogado Julián Quintana a Noticias Caracol “nos sentamos con el interventor, inicialmente dijo que la iba a entregar, porque la orden es inmediata, y no la condicionan. No puede haber una interpretación diferente”.
Pero la Superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro dio, precisamente, otra interpretación:
“Esto es un proceso para hacer la entrega de la EPS. El auto no te está diciendo a quién le vamos a entregar, y nosotros como Superintendencia, que tiene a su cargo una intervención de una cooperativa que es la dueña del 94 % de las acciones de la EPS tenemos que estar vigilantes de lo que pasa con el activo principal de la cooperativa, que es la EPS”.
Y añadió: “una vez la asamblea de accionistas, bajo un documento expreso, nos diga quién va a ser la junta directiva y el representante legal de la EPS, arrancará el proceso de entrega”.
El abogado dijo: “lo que quieren es tumbar ahora al representante legal, hoy reconocido por el tribunal, a través de una junta de accionistas, para que esa junta lo destituya y nombren al representante amigo del Gobierno”.
Además, en su cuenta de X, la superintendente Navarro dijo que “es una infamia que Jaime González pretenda volver a administrar recursos de la salud con los hallazgos que hemos revelado”.
A renglón seguido, aseguró que “Coosalud EPS recibió más de 1 millón de usuarios producto de las 14 liquidaciones de EPS que hizo el señor Fabio Aristizábal, ex supersalud del gobierno Duque”. Aunque, según cifras de Supersalud, fueron 11 las EPS liquidadas en ese período.
El fallo de tutela que incumplió Petro
Petro ha llamado al exgerente Jaime González “corrupto”. De hecho, un juez administrativo de Bogotá sancionó al presidente con una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir un fallo de tutela y no retractarse de haberlo acusado, sin pruebas.
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Lejos de hacerlo, el pasado 15 de abril el presidente reafirmó su postura: “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”.
¿Por qué se tomó la decisión de suspender la intervención?
La decisión de suspender la intervención respondió a una acción popular que fue presentada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S (Multiservicios OL) y los ciudadanos Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González.
Estos aseguraron que “la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud”.
En términos técnicos, el tribunal decretó la suspensión provisional de la resolución con la que la Supersalud dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Coosalud EPS S.A.
El documento señaló, además, que después de la intervención de la EPS Coosalud se reportó un mayor número de quejas y acciones de tutela en contra de la entidad, y sus indicadores financieros registraron un deterioro significativo.
Uno de los indicadores que muestra el documento se refiere, concretamente, al incremento del 21% en el número de acciones de tutela por temas relacionados con la prestación del servicio de salud. Se pasó de 16.771 en la vigencia de 2024 a 20.216 al cierre de la vigencia de 2025.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué ordenó el Tribunal sobre Coosalud EPS?
- Ordenó suspender la intervención de la Superintendencia y restablecer el funcionamiento previo de la EPS mientras se resuelve el proceso de fondo.
- ¿Por qué el Gobierno no ha entregado Coosalud?
- El Gobierno interpreta que el fallo no define quién debe asumir el control, por lo que condiciona la entrega a decisiones de la asamblea de accionistas.
- ¿Qué impacto tiene esto en los usuarios?
- El conflicto puede afectar la estabilidad del servicio, reflejado en el aumento de tutelas y quejas por atención en salud.
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