Comerciantes celebraron la decisión, pues consideran que las disposiciones administrativas generaban nuevas cargas y obligaciones para los empleadores sin el debido respaldo legal.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Natalia López Fuentes dejó sin efectos 11 circulares expedidas durante el gobierno anterior, al considerar que algunas de ellas establecieron obligaciones, procedimientos o criterios que excedían el alcance que puede tener este tipo de documentos.
La decisión quedó contenida en la Resolución 2708 de 2026, en la que la cartera revisó las circulares bajo criterios como competencia, reserva de ley, debido proceso y jerarquía normativa.
El Ministerio señaló que una circular puede orientar o impartir instrucciones, pero no crear nuevas obligaciones con efectos jurídicos.
Entre los documentos revisados está la Circular 0032 de 2026, relacionada con libertad sindical y permisos sindicales. Según la resolución, allí se incluyeron conductas y consecuencias que no podían establecerse de manera autónoma mediante una circular.
Por su parte, también quedó sin efectos la Circular 0040 de 2026, sobre jornada laboral y horas extras en el sector de vigilancia privada. El Ministerio cuestionó la interpretación que se hizo de las excepciones previstas en la legislación laboral.
Otro de los casos corresponde a la Circular 0049, relacionada con la terminación de contratos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada. La resolución señala que el documento establecía requisitos, etapas y criterios para un procedimiento que no podía ser creado únicamente a través de una instrucción interna.
La revisión también alcanzó lineamientos sobre trabajo en plataformas digitales, negociación colectiva, trabajo doméstico, reforma laboral y jornada laboral.
En el caso del trabajo doméstico, el Ministerio cuestionó una disposición relacionada con el ingreso de inspectores a domicilios, al considerar que una circular no puede crear excepciones a la inviolabilidad del domicilio.
Con la Resolución 2708, el Ministerio busca que las circulares cumplan su función de orientar y coordinar la actuación administrativa sin convertirse en normas que creen obligaciones o facultades que requieren respaldo constitucional o legal. La medida deja sin efectos hacia adelante los documentos incluidos en la revisión.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, destacó la decisión del Ministerio del Trabajo de expedir la Resolución 2708 de 2026, mediante la cual se derogan y dejan sin efectos 11 circulares administrativas expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026.
Para el gremio, esta decisión representa un avance fundamental en el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el respeto por el principio de legalidad y establecer reglas claras para empleadores y trabajadores.
La determinación del Ministerio recoge varias de las preocupaciones que el gremio de los comerciantes había expuesto oportunamente frente a disposiciones que, mediante circulares e instructivos administrativos, establecían obligaciones, cargas y procedimientos para los empleadores sin contar, en algunos casos, con el debido sustento legal o con la jerarquía normativa requerida.
“Valoramos positivamente esta rápida decisión de la nueva ministra de Trabajo, Natalia López. Las medidas que impactan a los empleadores deben tener sustento legal y respetar estrictamente las competencias de cada autoridad. La seguridad jurídica es fundamental para generar confianza, proteger el empleo y promover la formalidad”, señaló el vocero de los comerciantes.
El dirigente gremial también consideró acertado, que el Ministerio haya dispuesto la revisión de las necesidades regulatorias y la elaboración de nuevos instrumentos bajo criterios de legalidad y competencia. La depuración normativa debe contribuir a simplificar y dar mayor claridad al marco regulatorio laboral, evitando cargas y trámites que no estén expresamente sustentados en la ley.
“Esperamos que esta decisión marque un punto de partida para fortalecer el diálogo con el sector productivo y garantizar que las futuras disposiciones que impacten a los empleadores sean expedidas con plena observancia de la ley y participación de quienes deben aplicarlas”, concluyó Cabal.
Tras el anuncio gubernamental, el comando nacional unitario integrado por la CUT, CGT y las dos confederaciones de pensionados CPC y CDP, rechazó la derogatoria de las 11 circulares garantistas del Ministerio del Trabajo.
“Las organizaciones que integran la Plataforma Laboral rechazamos la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual el Ministerio del Trabajo deroga once circulares que establecían lineamientos para la protección y garantía de derechos laborales. La decisión resulta especialmente preocupante porque las circulares derogadas desarrollaban orientaciones sobre materias esenciales de la legislación laboral y de la función de inspección, vigilancia y control”, se lee en el comunicado.
Para las organizaciones sindicales, la depuración administrativa no puede convertirse en desregulación laboral ni en un retroceso en materia de derechos. “Si el Ministerio considera que estos instrumentos deben ser modificados o sustituidos, debe previamente diseñar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos para los cuales fueron diseñados estos lineamientos”, se agregó.
Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT escribió en su cuenta de X ”El tigre inicia desde el @MintrabajoCol con la Dra @nlopezfuentes el desmonte de los derechos laborales y sindicales”.
Por su parte, el exministro del trabajo del gobierno Petro, Antonio Sanguino, criticó en la misma red social apuntando: “¡Empiezan a convertir @MintrabajoCol en un Ministerio Antiderechos!”.
A su turno, la senadora Jennifer Pedraza, indicó que demandaré la resolución 2708 del Ministerio del Trabajo que deroga 11 circulares que daban protección y garantías a derechos laborales y oficios del cuidado. “No puede ser que en la primera semana tengamos tantos retrocesos que nos han costado décadas conseguir y que este gobierno deja sin regulación alguna, vulnerando el principio de progresividad y no regresividad en la materialización de los derechos sociales”.
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