La relación entre el gobierno entrante y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del Acuerdo de Paz de 2016, comenzó a tomar forma antes de la posesión presidencial. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, envió una carta al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, en la que le propone sostener una reunión institucional para presentar los avances del tribunal, exponer los principales retos que enfrenta y abrir un canal de diálogo con la próxima administración.
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La invitación llega en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la justicia transicional. Aunque De la Espriella no ha planteado expresamente eliminar la JEP, durante la campaña y después de su elección ha cuestionado su funcionamiento.
Por ejemplo, la ha calificado como un ”tribunal de venganza” y ha defendido que los exintegrantes de las Farc deben cumplir penas de cárcel, una postura que supone un cambio frente al modelo de sanciones propias previsto por la jurisdicción.
Más recientemente, al anunciar que desmontará la Consejería para la Paz, el presidente electo aseguró: “Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
¿Qué dice la carta y qué pide Ramelli?
En ese escenario, el presidente de la JEP comenzó su carta felicitando a De la Espriella por su elección y deseándole éxitos al frente del Estado. Luego, invocó el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos, consagrado en el artículo 113 de la Constitución, para proponer un encuentro institucional; el mismo principio al que De la Espriella ha hecho referencia en sus discursos y bajo el cual fue a visitar las altas cortes apenas cuatro días después de su elección como presidente.
El propósito de la reunión, según la misiva, es presentar los principales resultados alcanzados por la jurisdicción desde su creación. Entre ellos menciona sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, concesión de amnistías, atención a víctimas y asesoría jurídica a comparecientes.
También destaca logros como el esclarecimiento de patrones macrocriminales, la reconstrucción de la verdad en casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y responsables, y la seguridad jurídica otorgada a quienes comparecen ante el sistema. El documento recuerda que esos avances fueron reconocidos el pasado 15 de julio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La JEP también busca aprovechar el encuentro para discutir los principales desafíos que enfrenta el tribunal. En particular, señala la necesidad de garantizar la financiación para que se puedan llevar a cabo las sanciones impuestas recientemente contra el último Secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros y contra 12 exintegrantes de la Fuerza Pública por 135 ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) cometidas en el departamento del Cesar.
Y es que si bien el ministro de Justicia designado Iván Cancino no ha hablado de eliminar la JEP (pues implicaría un trámite largo en el Congreso para una institución a la que le quedan pocos años), sí se ha referido a que exigirá resultados contundentes y, sobre todo, a que revisará cada peso que se gasta en ella.
Según la carta, el diálogo también permitiría fortalecer la coordinación institucional para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, proteger los derechos de las víctimas y preservar la independencia judicial de la jurisdicción.
El presidente del tribunal pidió que el equipo del mandatario electo informe la fecha, hora y lugar en que podría realizarse el encuentro.
El futuro de la JEP
Las declaraciones de De la Espriella han abierto el debate sobre el futuro de la justicia transicional. Sin embargo, a diferencia de entidades del Ejecutivo como la Consejería para la Paz, la JEP no puede ser eliminada mediante un decreto presidencial.
La jurisdicción fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017, que le otorgó rango constitucional y fijó su funcionamiento al menos por tres periodos presidenciales. Esto significa que cualquier intento por modificar sustancialmente su estructura o eliminarla requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
Precisamente por ello, la carta enviada por la JEP representa el primer intento formal del tribunal por establecer una relación institucional con el gobierno entrante, en un momento en que el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz y de la justicia transicional vuelve a ocupar un lugar central en el debate político.
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Preguntas y respuestas
- ¿Por qué el presidente de la JEP solicitó una reunión con Abelardo de la Espriella?
- El objetivo es establecer un canal de comunicación para presentar los resultados de la jurisdicción, exponer los retos actuales y dialogar sobre la administración entrante.
- ¿Cuál es la postura del presidente electo Abelardo de la Espriella frente a la JEP?
- Aunque no ha propuesto su eliminación formal, De la Espriella ha cuestionado su funcionamiento, la ha calificado como un “tribunal de venganza” y ha criticado el modelo de sanciones. Su ministro de Justicia designado ha hablado de revisar sus resultados y el dinero que se gasta en ella.
- ¿Puede eliminarse la JEP mediante decreto?
- No; la JEP posee un blindaje constitucional otorgado por el Acto Legislativo 01 de 2017, por lo que cualquier modificación estructural requeriría una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
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